Aseguradoras de autos: se gastan entre 100 y 120 millones de pesos por año por hábitos fraudulentos

La estafa y otro tipo de defraudaciones es un delito castigado por el Código Penal de la Nación, y básicamente refiere a la conducta de quien, por cualquier tipo de engaño (falsificación de títulos o documentos, aparentar la existencia de hechos que no ocurrieron o de bienes de los que no se es propietario, etc.) procura obtener un beneficio de otra persona, que no lo obtendría de no haberse aplicado el engaño.

Este tipo de delitos sucede en casi todo los ámbitos de la vida y el comercio, sin embargo es muy frecuente identificarlo en ciertos sectores. El mercado de los seguros, por ejemplo, debe luchar día a día contra los fraudes de los asegurados, principalmente en el rubro de los seguros de autos y motos.

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Lo preocupante es que, con la llegada de la pandemia, esta situación se viene agravando. Por empezar, las medidas de aislamiento y restricciones impuestas a lo largo de 2020 y este año han hecho que la mayoría de las empresas, entre ellas las compañías aseguradoras, tuvieran que acentuar su atención y prestación de servicios mediante canales digitales. Este cambio de hábitos que impulsó el consumo digital y la atención al cliente por la misma vía, también es aprovechado por algunos para obtener beneficios de manera fraudulenta. Las principales empresas de seguros que comercializan pólizas para autos y motos informaron que, en el último año, los siniestros mal indemnizados llegaron al 47 por ciento, número alarmante si se tiene en cuenta que el promedio a nivel mundial es de 40 puntos porcentuales.

Cómo influye el fraude en las aseguradoras

En Argentina, los valores de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras por causa de fraude ascienden a los 100 y 120 mil millones de pesos por año. Si bien muchos pensarán que esto es un problema de las compañías, es importante saber que un alto nivel de fraude genera importante impacto económico y financiero no en la actividad sino en toda la sociedad. Esto se debe a que las denuncias falsas, el aumento de los juicios e incluso las pérdidas generadas por estos fraudes, son trasladadas al precio de las pólizas que cada uno paga. Quiere decir que, en el cálculo del precio de cada seguro, las compañías contemplan los índices de fraude, esto hoy en día representa entre 2 a 3 por ciento de la prima que se cobra.

Como explicó Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros, lo que se busca es hacer hincapié en modificar los resultados de aquellos riesgos que sean deficitarios. Sostuvo que “…vamos a querellar a aquellos asegurados en los que detectemos acciones fraudulentas porque en definitiva es un delito”. Se aclaró que ello no quiere decir que las empresas estén intentando no pagar sino lo contrario: se pretende defender a todos los actores de buena fe que intervienen en la tramitación de los siniestros reales, tanto a la compañía como al productor y al cliente final.

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Los casos más comunes de usuarios que cometen fraude a las compañías son el auto robo de vehículos, de cubiertas, o incluso generar un siniestro entre dos personas conocidas para cobrar indemnizaciones por accidente de tránsito. La detección de este tipo de engaños aumentó un 15% en la pandemia.

¿Qué se puede hacer para evitar los fraudes?

Si bien cada compañía puede desarrollar su propia política de combate contra estafas y otro tipo de ilícitos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo encargado de supervisar y regular el mercado de seguros, mediante Resolución N° 38.477 establece una serie de “Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el Fraude.” En ese sentido, las principales acciones para evitar ilícitos son:

● Propiciar la difusión de alertas, indicadores y/o señales que impliquen un control más atento.
● Nunca firmar en blanco formularios de reclamos o denuncias de siniestros.
● Jamás aceptar dinero, suscribir documentos o entregar poderes cuyos términos, alcances y efectos no se comprendan.
● No declarar o reconocer hechos que no hayan sucedido ni aceptar la asistencia letrada ofrecida por terceras personas desconocidas.
● Evitar modificar el estado de las cosas dañadas por el siniestro, excepto en los casos de la necesidad de adopción de medidas que posibiliten evitar o disminuir el agravamiento del daño.
● No exagerar fraudulentamente los daños, emplear pruebas falsas o proporcionar información complementaria falsa.

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Está claro que, además de esta información proporcionada a los usuarios y demás acciones por parte de las empresas, se están desarrollando otros mecanismo de control más directo. En esta línea, ya son varias las aseguradoras que se encuentran desarrollando nuevas tipologías de pólizas que, entre otros beneficios, facilitan un control más directo del vehículo. La mayoría de esos nuevos productos se enrolan en lo que se llaman seguros “pay per use” o “on demand”.

La filosofía de este tipo de productos es que, en cuanto menos se usa el auto, menos se paga por la póliza. Las condiciones implican que habrá una disminución de los riesgos ya que se pagará por el tiempo de uso como ya sucede en países como Estados Unidos, Brasil o España. El contexto es perfecto para lanzar esta modalidad, especialmente en un momento en que se encuentra fuertemente difundido el home office así como las clases virtuales y demás actividades online, todo lo que lleva a que los autos pasen más tiempo parados y resguardados en sus cocheras, donde poco vale la pena gastar dinero en el seguro.

Cada compañía implementa el servicio de diferentes maneras. Libra, por ejemplo, instala un dispositivo en el auto asegurado que es el encargado de monitorearlo (kilometraje, recorrido, tiempo de uso, etc.). Es la información proporcionada por dicho aparato la que define cuánto se paga por el seguro.

Se trata de una metodología que en sí misma implica una disminución del riesgo de fraude y que permite ofrecer una tarifa competitiva. Si se compara con el precio de un seguro de auto recomendable, el promedio de ahorro es del 32 por ciento.