La Legislatura porteña arma una ley para combatir las redes de trata

(CABA) Un proyecto de ley busca prohibir el trabajo de las coperas y que cierren los locales que las emplean. La iniciativa, impulsada por los diputados Carmen Polledo (PRO) y Gustavo Vera (Bien Común), plantea modificar el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras y dar de baja las habilitaciones de los locales que las emplean. El argumento es que es una manera encubierta de fomentar la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. El proyecto ya pasó por varias comisiones, incluyendo la de Desarrollo Económico, y está previsto debatirlo en el recinto la semana próxima.

El Código de Habilitaciones de la Ciudad se basa en una ordenanza de 1976, la 33.266. Desde entonces, se determinó que los locales de baile clase A son donde existen “empleadas contratadas para alternar o bailar con los concurrentes”. Estas trabajadoras, dice la ley, deben inscribirse en un registro y contar con un carnet y libreta sanitaria. El Código también precisa que puede haber una alternadora por cada dos metros cuadrados del sector destinado al público.

El proyecto en estudio busca derogar la figura de la alternadora. Además, incluye una cláusula transitoria que ordena que, pasados 90 días de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, caducarán definitivamente las habilitaciones otorgadas según la ordenanza 33.266, de todos los locales donde se promueva, facilite, desarrolle o se obtenga provecho “de cualquier forma de explotación de la prostitución ajena u de otras formas de explotación sexual o se verifique alguno de los supuestos de trata de personas”.

“Esto se enmarca en una voluntad política del Gobierno porteño de combatir el flagelo de la trata de personas -asegura Polledo, quien además es la vicepresidente primera de la Legislatura-. Y nosotros estamos generando herramientas institucionales para hacerlo”.

Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) rechazan la iniciativa. “Eliminar la figura de alternadoras para combatir la trata de personas es absurdo -sostiene su titular, Georgina Orellano-. Usan una política prohibicionista para combatir un delito y, donde ya hay leyes similares, el resultado fue que nos empujaron a una mayor clandestinidad”.

S.C.