El Gobierno pretende modificar la ley de alquileres que beneficia a los inquilinos

(CABA) A raíz de la preocupación en el mercado inmobiliario por la media sanción en el Senado de la ley de alquileres, el Gobierno estaría preparando su propio proyecto. Si bien aún no está definida la fecha de la presentación y falta cerrar algunas definiciones técnicas, la idea es cruzar al que ya está en el Congreso.

El proyecto de la actual gestión viene a responder a la inquietud planteada por los empresarios en una de las mesas de diálogo que se realizó el jueves pasado con referentes de la construcción, la UOCRA y funcionarios del Ministerio del Interior. En uno de esos encuentros, que viene desarrollando el Gobierno con varios sectores con el fin de “mejorar la competitividad”, los empresarios cuestionaron la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta por limitar los ajustes en los alquileres. Según el sector, este freno desalentaría la inversión en la construcción.

La intención de la administración macrista luego de atender al reclamo fue adelantada por Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal por el Gobierno nacional. El funcionario dijo en FM Milenium que van a “enviar un proyecto de ley de alquileres al Congreso que promueva las inversiones, no como la que tuvo media sanción».

La propuesta aprobada por el Senado hace poco más de una semana a partir de un extiende de dos a tres años la duración de los contratos. Además, estipula actualizaciones anuales del alquiler asociadas a un índice formado por la combinación de la inflación y el aumento de los salarios. Entre los cambios, también le permite al inquilino rescindir el contrato en cualquier momento con una multa del valor de un mes y medio de alquiler, si lo hace en el primer año, y de un mes, en el segundo o el tercer año. Si dos meses antes del fin del contrato el propietario informa su decisión de no renovarlo, la rescisión por parte del inquilino no sería multada.

Según la lectura de los agentes inmobiliarios, las modificaciones que apuntan a beneficiar a los inquilinos en realidad los perjudicarían ya que los propietarios reaccionarían bajando la oferta de inmuebles- inseguros por el panorama incierto- y aumentando su precio inicial- por temor a que los ajustes no resulten ventajosos para ellos.

S.C.