El Gobierno porteño controlará los casinos de Cristóbal López

(PBA) La Corte Suprema ratificó que el Gobierno porteño tiene poder de policía sobre los barcos-casino de Puerto Madero. Esta decisión podría abrir la puerta para que la Ciudad consiga que también le reconozcan el derecho a cobrarle impuestos al juego en la Capital Federal, lo que implicaría un golpe para el empresario kirchnerista Cristóbal López, uno de los dueños de los casinos, y le daría a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta un sólido argumento para no renovar el polémico convenio por el juego, que vence el 8 de diciembre. Por el contrario, del lado de los concesionarios del juego afirman que el fallo resuelve sólo cuestiones técnicas y que no tiene efecto práctico.

El fallo que se conoció ayer fue firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Lo que hicieron fue revocar una medida cautelar que había dispuesto la Sala III de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que le ordenaba al Gobierno porteño no interferir en las actividades de los buques casino “Princess” y “Estrella de la Fortuna”, de Puerto Madero.

La Corte entendió que el convenio por el juego que fue firmado en 2003 entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la Ciudad no impide que el Gobierno porteño pueda ejercer su poder de policía. En la Ciudad afirman que esto los habilitaría, por ejemplo, a que los inspectores porteños entren en los barcos para constatar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, y hasta las propias habilitaciones de los casinos.

Pero a la larga tendría un efecto mayor. La Ciudad viene reclamando desde hace años que se le permita cobrarle impuestos locales (11% de Ingresos Brutos) a la actividad, lo que hasta ahora está frenado judicialmente. “Este fallo de la Corte nos habilita a argumentar a favor de los derechos del Gobierno porteño en los juicios que ya tenemos abiertos. A mediano plazo podríamos conseguir que se reconozca la posibilidad de cobrar impuestos”, explicó una importante fuente del Gobierno porteño, que agregó:
“Esto es un golpe en la cabeza para Cristóbal López y para el gobierno kirchnerista”.

Del otro lado entienden lo contrario. Fuentes cercanas a los operadores del juego explicaron: “El fallo no habla del fondo de la cuestión, y lo único que dice es que las medidas cautelares en este tema no corren porque hay un convenio vigente. Nuestra posición sigue siendo la misma. En la práctica no cambia nada”.

La historia es larga. En 2003 el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra acordó con el presidente Néstor Kirchner el convenio por el cual la Ciudad resignaba el derecho de cobrar impuestos a cambio de que los concesionarios del juego pagaran una suma. El problema, afirman en la Ciudad, es que nunca tuvieron acceso a la información sobre la facturación de la actividad, por lo cual no sabían si percibían lo que correspondía. Del lado de Lotería Nacional, Cristóbal López y sus socios siempre aseguraron que la información estuvo disponible.

El convenio duraba cuatro años renovables por otros cuatro. A fines de 2013, en un acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo, la Legislatura porteña aprobó una “adenda”, por la cual los operadores pagarían $ 250 millones más por mes a cambio de que la Ciudad no insistiera con cobrar los impuestos. Ese acuerdo fue tan polémico que despertó numerosas críticas de opositores, y la Justicia lo frenó. El tema se mezcló incluso en la campaña electoral porteña, cuando Gabriela Michetti reclamó “coraje para enfrentar al juego”.

Tanta fue la polémica que en mayo el propio Macri decidió que no iba a renovar el convenio que vence en dos semanas. Su victoria en la presidencial, más su obvia sintonía con el futuro Gobierno porteño de Rodríguez Larreta, seguramente provocarán un acuerdo político que modificaría la actual situación del juego en la Ciudad.