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Denuncian el cierre de un programa de salud mental infantil
La comunidad de profesionales de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, junto a padres y chicos con problemas psiquiátricos, mostraron su preocupación por el posible cierre del Programa Atención Comunitaria de Niños y Niñas con Trastornos Mentales Severos (PAC), uno de los más prestigiosos del país, y advirtieron una profundización de la política de salud mental del Ejecutivo porteño que busca financiar internaciones prolongadas en clínicas psiquiátricas en lugar de desplegar estrategias de reinserción social y rehabilitación.
El PAC funciona desde 2007 en el Centro de Salud Mental N° 1 dependiente del gobierno de la Ciudad, ubicado en Manuel Pedraza 1558, aunque los mismos profesionales vienen trabajando hace más de 20 años. Ha tratado a más de 500 chicos, y en la actualidad trabajan con unos 250, de los cuales 80 aún están institucionalizados en hogares.
Según la propia resolución ministerial que lo crea, en concordancia con los postulados de las nuevas leyes de Salud Mental nacional y de la ciudad, su objetivo es apuntar a una atención integral de la salud, con la función de armar redes de contención socio-familiar para niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psicosocial.
“Tiene la mirada puesta en el contexto, y no en los individuos, sino privatizamos los problemas y los que terminan etiquetados y medicalizados son los chicos”, expresaron profesionales del PAC.
El trabajo con cada chico se centra en no apuntar a su encierro, sino todo lo contrario: analizar cómo sus problemas están atravesados por su entorno social y familiar, y aspirar con un trabajo interdisciplinario e intersectorial en red a que el joven pueda reinsertarse puertas abiertas.
El objetivo es evitar su medicalización y buscar que el tratamiento sea cerca de su territorio, contextualizándolo, junto a la realización de talleres y jornadas de recreación, como hicieron en el zoológico para el día del niño.
Sin embargo, el 30 de enero, el director del Centro de Salud Mental Nº 1, Ricardo Soriano, llamó a una de las responsables del programa para elevarles la comunicación que había recibido horas antes de parte de la directora de Salud Mental de la Ciudad, María Grosso: el PAC debía cerrar, y los pacientes “que sean necesarios” debían ser trasladados a instituciones psiquiátricas.
Los afectados hicieron mención a un caso particular que despertó la crítica de Grosso: “Creemos que el conflicto aparece porque, a partir de un pedido de la Asesoría General Tutelar de Ciudad, estamos trabajando con la Dirección de Niñez para desinstitucionalizar a los 13 chicos del hogar Imai. Niñez nos contactó para ver si podíamos relocalizar a sus familias o si no trasladarlos a un lugar mejor.”
“La hipótesis que tenemos –continúan– es que la dirección de Salud Mental quiere contratar y ‘conveniar’ este hogar, a otro precio, y la única forma por la cual no puede hacerlo es por los informes que nosotros presentamos.”
Gabriela Dueñas, integrante del ForumAdd (Equipo Interdisciplinario de lucha contra la medicalización de la Infancia) que forma parte de la red de trabajo, expresó a Tiempo Argentino que “existe la firme pretensión de desarticular el PAC, desvincular a sus responsables, y derivar a los chicos, incluyéndolos en el Programa Puertas adentro del Tobar García, que también tiene limitaciones de camas, por lo que los derivarían a hogares privados”.
Dueñas señaló que “de este modo, uno de los pocos programas que funcionan extramuros sería acotado en lo que es, tal vez, su mayor mérito”.
La comunidad destacó que en la Ciudad existen unos 30 hogares que albergan a más de 900 chicos. Para Dueñas, esto supone por un lado “la privatización de la salud mental”, y agregó: “Al desenraizarlos de su lugar de origen, encerrándolos y descontextualizándolos, estamos justamente vulnerando el derecho que tiene que ver con el abordaje integral de la salud”.
Si esto se concretara, “de la mano del cierre vienen las prácticas de medicalización, apelando al abuso de drogas psicotrópicas para aquietar a los chicos, muchos de los cuales están en situación de calle. Apelan a lo que en criollo podría llamarse el ‘empastillaje como una forma de control. Y además, acá también juegan los intereses de los laboratorios y los hogares privados de internación. Está todo ligado”.
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