Convertirán el estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo en un polo con teatros y restaurantes

(CABA) La historia de la concesión del estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo viene de larga data y pareciera empezar a tomar un nuevo rumbo. Después de años de litigio entre el Gobierno de la Ciudad y el Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), la empresa operadora, en los próximos días se abrirá la licitación para que un privado transforme el lugar y lo explote por entre 15 y 20 años.

En diciembre pasado, la Legislatura porteña aprobó la ley N° 6086 que autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión el uso y la explotación del llamado “Ámbito Gigena” por un plazo de 15 años, con la posibilidad de prorrogarlo por cinco años más.

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Entre las opciones de uso permitidas, el espacio de 30.000 metros cuadrados que hoy tiene la capacidad de albergar 1000 vehículos podrá alojar comercios minoristas, locales de alimentación y gastronomía, local deportivo o gimnasio, ámbito de lectura, servicios públicos, cine, teatro, galería de arte, museo, oficina comercial o consultora; incluso, puede mantenerse como playa de estacionamiento, aunque no se admitirá la afectación de la totalidad de la parcela para ese último rubro, según consigna la letra chica de esa norma.

En el anexo de la ley se especifican algunas de las exigencias para el nuevo proyecto: en primer lugar, en el 35% de la terraza del establecimiento -que hoy tiene 9,30 metros de altura máxima- se podrán agregar hasta cuatro metros adicionales.

En tanto, se mantendrán los retiros sobre las avenidas Del Libertador y Dorrego y la calle Coronel Marcelino Freyre, los cuales deberán estar parquizados; mientras que la terraza del edificio deberá materializarse como techo verde, es decir, que permita el crecimiento de vegetación y permita un sistema de drenaje para escurrir el agua de lluvia.

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Otro de los puntos que se advierten en la ley N° 6086 es que al menos 1000 metros cuadrados de la superficie deben edificarse para equipamiento público y será el gobierno porteño quien decida la ubicación, el destino y el proyecto de ese sector.

Además, el destino de los fondos del canon que se pague por la concesión deberá ayudar a la configuración y el mantenimiento de bienes de la Ciudad. Según pudo saber La Nación por medio de fuentes oficiales, “se dará prioridad a los proyectos de integración social y urbana”, es decir, que se tendrá en cuenta que el proyecto ganador presente una oferta “dinámica, sin rejas” y, además, quien otorgue el monto de inversión más atractivo. Esto quiere decir que la actual operadora no está exenta de participar de la licitación y continuar con la utilización del predio. En relación con los plazos, se espera que el proyecto se adjudique en octubre.

La operación de la llamada Playa Gigena, que se encuentra en el cruce entre las avenidas Dorrego y Libertador, se remonta a la década del ’90, antes de la autonomía de la ciudad, cuando el gobierno nacional entregó el hipódromo en concesión. En 1999, el entonces jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, dejó que caducara el contrato con la adjudicataria del estacionamiento.

El lugar funciona en terrenos públicos y es explotado por Hapsa SA desde 2002, cuando reabrió la playa de estacionamiento. La empresa está presidida por Federico Achával y se encarga de todos los eventos que ocurren en el hipódromo.

En 2007, antes de terminar su mandato como jefe de gobierno, Jorge Telerman le concedió un permiso de ocupación gratuito por cinco años. Pero en 2008, Mauricio Macri firmó un decreto en el que ordenó el desalojo del predio, por considerarlo afectado de “nulidad absoluta e insanable”. Hapsa SA presentó un recurso ante la Ciudad para que se reconsiderara esa anulación, pero el pedido fue desestimado.

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Desde ese momento, se desató una contienda judicial que incluyó cuatro causas vinculadas al tema. El trasfondo de la disputa por el usufructo del predio se remite, en principio, a una cuestión jurisdiccional: el gobierno porteño entiende que el estacionamiento no formaba parte de la concesión original, ya que el terreno pertenece al dominio de la Ciudad, mientras que en la empresa consideran que el negocio que concretaron en los ’90 era de índole nacional y el pliego incluía el uso del espacio, por lo que la Ciudad no tendría competencia en la discusión.

“La Ciudad reclama un predio que le pertenece a la luz de los fallos de la Justicia, pero que en su primera concesión había sido otorgado por parte del Estado Nacional”, explicaron fuentes cercanas a la compañía, que ahora se encuentran a la espera de la notificación pertinente para desalojar el lugar.

Tres expedientes se resolvieron primero y determinaron la jurisdicción porteña sobre el inmueble. Luego, se destrabó el pedido de desalojo efectuado por el gobierno de la Ciudad.

Según el último fallo disponible, de principios de mayo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad respondió a un recurso de apelación a raíz de una demanda que Hapsa promovió contra el gobierno porteño y se pronunció a favor de este último. “La Ciudad ganó los juicios, por lo que se ordenó el desalojo y el dominio público en el espacio del gobierno”, explicó una fuente de la Procuración General de la Ciudad. Desde ese entonces, la desocupación está “en trámite” y se espera al llamado a licitación que promete cambiar la cara del predio. NR

Fuente consultada: La Nación