Sancionan varias leyes en la última sesión de año

En la sesión de hoy, presidida por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, se votó la continuidad de las autoridades a cargo de las vicepresidencias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, se ratificó al legislador Matías López como vicepresidente primero, seguido por Matías Lammens y Graciela Ocaña, quienes continuarán como vicepresidentes segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, la diputada Cele Fierro presentó su renuncia al cargo, y en su lugar asumió Andrea D’Atri.

Si bien la sesión continúa, hasta las 22 horas ya se había avanzado con un amplio temario de leyes.

Extensión del Boleto Educativo

En una votación con 59 votos emitidos y 53 afirmativos, se aprobó la modificación de la Ley 5.656, que amplía el alcance del Boleto Educativo. Entre las principales modificaciones se destaca el alcance, ya que extiende el beneficio a estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo a los de formación profesional, educación superior y educación especial, en instituciones públicas o privadas con subsidio estatal del 100% siempre que sean de hogares considerados pobres, de clase media vulnerable, o clase media frágil. También incluye a acompañantes, padres, madres o tutores de menores de 12 años que podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (boleto subsidiado al 55%). El boleto podrá usarse durante los días hábiles del calendario académico, con un máximo de 96 viajes mensuales y hasta 4 viajes diarios. Las empresas de transporte deberán garantizar el seguro de los usuarios del boleto educativo.

Registro de Alimentantes Morosos

Con 48 votos afirmativos y 7 negativos, fue aprobada la modificación a la Ley N° 269 de Deudores Alimentarios, ahora denominada «Registro Público de Alimentantes Morosos».

Este registro, creado hace 25 años como un modelo pionero, incorpora cambios significativos para fortalecer su impacto y mejorar la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores que dependen de esta obligación alimentaria.

Con las modificaciones, se establece que los alimentantes morosos no podrán ingresar a espectáculos deportivos ni eventos culturales masivos que requieran controles estatales; que el registro tendrá funciones de difusión y concientización sobre los derechos alimentarios; que se reducirá el plazo para registrar deudas: ahora será suficiente adeudar dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario; y que las instituciones deben informar al Registro sobre cambios laborales o contractuales de los alimentantes morosos, garantizando un seguimiento efectivo. Esta reforma no solo actualiza un sistema, sino que también refuerza el compromiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, promoviendo un mensaje claro: los derechos de los hijos e hijas están por encima de cualquier otro interés personal o económico.

Asistencia para sobrevivientes y familiares de víctimas de La Masacre de Cromañón

La Legislatura de la Ciudad aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas de Cromañón reconociendo que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta ahora conocidos como “tragedia” sean considerados «La Masacre de República de Cromañón». Además fija la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.

La ley establece la asistencia económica mensual vitalicia y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, e indica que “la asistencia económica se actualizará conforme al incremento salarial acordado mediante Acta de Negociación Colectiva del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de Planta Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”

La ley fue aprobada por 57 votos a favor, de distintos bloques parlamentarios, y un voto en contra.

TEA y bienestar socioemocional en escuelas porteñas
Cerca de las 21 horas se aprobó, por unanimidad, la adhesión a la Ley nacional Nº 27.043 que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.

Previamente, también se aprobó el marco normativo para el abordaje y la promoción del bienestar socioemocional escolar en las instituciones educativas de la Ciudad, alcanzando todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la formación docente. El resultado de la votación fue 46 votos afirmativos, 2 negativos y 4 abstenciones

Se debatió Ficha Limpia, pero no se aprobó
La propuesta de la ley conocida como «Ficha Limpia» no logró ser aprobada por 1 voto, Requería 40 votos afirmativos de los 60 integrantes de Cuerpo. Obtuvo 39 afirmativos, 21 votos negativos y ninguna abstención. Por la afirmativa votaron los bloques Vamos por Más, UCR Evolución, Confianza Pública, Socialismo, Libertad Avanza y Frente Liberal Republicano. Por la negativa lo hicieron Unión por la Patria y Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El diputado Hernán Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien cerró la lista de oradores y defendiendo la aprobación del proyecto y destacó el movimiento ciudadano con 450 mil firmas que es de donde surgió este proyecto y afirmó: “Los hechos de corrupción son un atentado contra la democracia. Estamos estableciendo criterios jurídicos y morales para ser candidatos. Cuidar la democracia es poner límites. En muchas provincias ya está funcionando”.

El proyecto impedía que personas condenadas por ciertos delitos pudieran postularse para cargos electivos en la Ciudad (Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a, diputados/as y miembros de Junta Comunal). Entre ellos se cuentan delitos contra la integridad sexual (violación, abuso, etc.) y contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc.), al igual que el fraude en perjuicio de la administración pública. La prohibición se hubiese aplicado desde una sentencia condenatoria en segunda instancia hasta que esta fuera revocada o se cumpliera la pena. Este proyecto, inspirado en experiencias internacionales en países como Brasil, México, España, Uruguay y Chile, ya cuenta con antecedentes de implementación en varias provincias argentinas.