Parque Patricios: indemnizan a un vecino porque un árbol rompió su auto

La caída del árbol añoso habría roto  el techo, la puerta trasera izquierda, el guardabarro trasero izquierdo, el tapizado del techo, el portaequipaje, la tapa del baúl, las molduras del parante trasero, la cerradura de la puerta trasera izquierda, el parabrisas delantero y los cristales del parante trasero y la puerta trasera izquierda.

(CABA) La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad resolvió por mayoría indemnizar con 27.050 pesos a los propietarios de un automóvil por los daños y perjuicios generados tras la caída de un árbol añoso sobre el vehículo, en Parque Patricios.

La causa fue iniciada en 2007, cuando un árbol cayó sobre un Renault Scenic en Urquiza, entre Rondeau y la avenida Caseros. Rompió el techo, la puerta trasera izquierda, el guardabarro trasero izquierdo, el tapizado del techo, el portaequipaje, la tapa del baúl, las molduras del parante trasero, la cerradura de la puerta trasera izquierda, el parabrisas delantero y los cristales del parante trasero y la puerta trasera izquierda.

En la resolución, firmada por los jueces Hugo Zuleta, Esteban Centanaro y Gabriela Seijas, en disidencia parcial, dispusieron negar el recurso de apelación presentado por los dueños del coche, quienes cuestionaban que el monto indemnizatorio establecido en primera instancia era “muy bajo“. También resolvieron rechazar los argumentos del gobierno porteño, que alegó “no ser imputable de responsabilidad” por considerar al hecho “casual y fortuito“, mientras que concedieron parcialmente los agravios planteados por la administración comunal en relación también con el monto de la indemnización, en este caso considerado excesivo.

“No existen dudas acerca de que el gobierno local era el responsable del cuidado y mantenimiento de los árboles en la ciudad. En efecto, así lo disponía el artículo 14 de la ley 1556 de regulación del arbolado público, vigente a la fecha del siniestro“, reza el fallo judicial.

Fuente: La Nación