Neonazis procesados en Mar del Plata

(PBA) La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de ocho jóvenes, de ideología neonazi, imputados por una docena de episodios violentos que incluyen amenazas de muerte, golpizas en las que las víctimas sufrieron lesiones y pintadas o ataques discriminatorios contra inmuebles de diferentes comunidades. Los hechos fueron cometidos por los imputados, como integrantes de una organización neonazi conformada para cometer esos delitos.

Los jueces, a pesar de reconocer la gravedad de las denuncias, sólo consideraron posible aplicar los agravantes previstos en el artículo segundo de la ley 23.592 antidiscriminatoria, en el caso de una mujer amenazada por motivos religiosos. Los camaristas dijeron que “lamentablemente existe un vacío legislativo” porque “es tan disvalioso cometer cualquier delito por odio racial, étnico o religioso”, previstos en la ley, como los basados en una alegada “superioridad ideológica, política, gremial, de sexo o su identidad, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

En la resolución, de 50 páginas, los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro remarcaron la importancia de llevar la causa a debate oral “en el menor tiempo posible” para ampliar las cuestiones probatorias sustentadas en el expediente. Los imputados cuyo procesamiento se confirmó son Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y una persona menor de edad, quienes fueron denunciados por actuar, en grupo o individualmente, en episodios de violencia cuyas víctimas fueron “elegidas al azar, bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada” a esa ideología, sobre cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23592. Lo único que resta es que la Cámara resuelva si continúan detenidos, como hasta ahora, cinco de los ocho procesados.

En las indagatorias, los imputados dijeron que “entendían además que esas doctrinas deben ser seguidas por el resto de la sociedad, sin que ello se mantuviera solamente en un alegato teórico, rechazable no solo desde lo moral sino contrario a principios constitucionales de libertad e igualdad (…), sino que esa intolerancia discursiva se proyectó a los hechos, desencadenando ataques físicos y verbales sobre aquellos que esa ‘pandilla’ consideraba que debían ser amedrentados o castigados por el solo hecho de no encajar en su deplorable visión de lo que era ‘normal’ y ‘deseable’ para una sociedad”.

Los procesados expresaban su identificación con la simbología utilizada por el movimiento nazi y la exhibían en las redes sociales y en algunos casos en tatuajes “con la carga de violencia y lógico temor que infunde quien se presenta como seguidor de ese pensamiento fatídico”, sumado a los ataques físicos cometidos, generando “en los destinatarios de las amenazas la razonable zozobra al transitar por la vía pública o frecuentar determinados lugares” como plazas o barrios “por donde esas personas violentas solían desplazarse”.

S.C.