Buenos Aires, 13/04/2021, edición Nº 3072
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Lorena Martins apuntó de nuevo contra funcionarios porteños

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La hija del proxeneta Raúl Martins, a quien denunció en Mexico y Argentina por trata de personas y vínculos de corrupción con funcionarios porteños, se presentó ayer ante legisladores de la Ciudad y cuestionó la inacción del gobierno de Mauricio Macri.

Recordemos que el jefe de Gobierno y su esposa, Juliana Awada, fueron fotografiados en Cancún junto al socio de Raül Martins, Gabriel Conde; y que Lorena denunció haber aportado dinero en negro de su padre a la campaña del PRO en 2011.

«Lamentablemente soy la hija del mayor proxeneta que existió en la historia de la Ciudad de Buenos Aires», sentenció Lorena al iniciar su relato durante la reunión de las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y la de Seguimiento de la Ley de Igualdad de Trato de la Legislatura.

Martins contó a los legisladores presentes –que pertenecían al arco político de la oposición, mientras que no concurrió nadie del PRO– que su objetivo es «que se escuche a las chicas que son víctimas, que son vendidas por mil pesos a Mendoza o México».

En ese sentido, además de denunciar a su padre, la hija del exagente de la SIDE arremetió contra las autoridades porteñas, puntualmente sobre la AGC, ya que sostiene que los inspectores «son cómplices porque es evidente que ellos saben lo que pasa en los boliches, lo conocen y lo avalan al punto de que hoy están todos abiertos».

«Tengo que pensar que si el Gobierno de la Ciudad no hace nada es porque no vale nada para ellos la vida de cada de una de 350 chicas que están en esa situación en la Ciudad», agregó la denunciante.

Además, divulgó la copia de un correo electrónico entre un empleado de su padre, llamado Pablo Paternostro, con uno de los inspectores, a quien identificó como José Alonso, en el cual se detallan las tarifas correspondientes para realizar diversos trámites vinculados con la habilitación de unos cinco locales.

El mail muestra, por ejemplo, que para el local situado en Rivadavia 2434 se exigía un total de 37 mil pesos para el trámite que se dividía en 6 mil pesos para «presentar café bar», 25 mil para «sacar café bar» y otros 6 mil para «presentar pool y sacar»; así como para otro prostíbulo de Vicente López 2434 se leía la leyenda «trámite de Planeamiento 6 mil. Está en una zona donde hoy no se puede. Ojo cinco meses».

Por otra parte, Martins destacó, ante los legisladores, que Oscar Ríos, ex titular de la AGC, que se fue de su cargo tras el derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, fue quien «recibió dinero de la organización (liderada por su padre) para la campaña» de Macri cuando se postuló a su reeleción. No obstante, aclaró que «a él le dan el dinero, ahora si llegó a la campaña lo tiene que averiguar la Justicia».

En la reunión estuvieron presentes los legisladores Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, María José Lubertino, Claudia Neira, Fernando Sánchez, Juan Pablo Arenaza, Virginia González Gass, Alejandro Bodart, Rocío Sánchez Andía y Julio Raffo. Al respecto, Naddeo sostuvo que la convocatoria se debió a «abrir esta Legislatura a la denuncia que puede ser la punta de un iceberg».

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