Expresidiario investigado por narcolavado inicia demanda millonaria contra Nordelta

(PBA) Un colombiano preso durante tres años por una causa de narcolavado inició una demanda civil por supuesto fraude en inversiones inmobiliarias por alrededor de 5 millones de dólares contra una veintena de personas físicas y jurídicas entre las que resalta Eduardo Costantini, dueño de Consultatio, la desarrolladora de Nordelta. Como si fueran pocos los condimentos de la denuncia, el acusador se presentó en el expediente con el patrocinio legal de dos abogados en teoría rivales: Daniel Llermanos, de exjuez y de larga trayectoria como penalista asesor de Hugo Moyano, y Gabriel Len, letrado de la empresa de recolección de residuos Covelia. Consultado por Ámbito, Costantini se desligó de la operación al señalar que Nordelta sólo vende terrenos a desarrolladores y no participa de las instancias posteriores.

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El denunciante es Jesús Antonio Yepes Gaviria, quien cobró notoriedad al ser detenido en octubre de 2013 junto a su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, en la casa que compartían en el barrio Los Castores, de Nordelta, como parte de una investigación sobre una banda de narcos colombianos. El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina, a cargo del procedimiento, no halló elementos para involucrar al detenido en tráfico de drogas pero lo procesó por lavado de dinero hasta que, dos años después, en 2015, dictó su sobreseimiento. Un año más tarde Yepes Gaviria quedó en libertad y, según sus abogados, desde entonces procura recuperar también sus inversiones en el complejo de barrios cerrados de la localidad de Tigre. La semana pasada se presentó ante la Justicia civil como denunciante por supuesto “incumplimiento de contrato, escrituración, daños y perjuicios y daño moral” con el argumento de que a partir de 2013, y como beneficiario del blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno de Cristina de Kirchner, participó como inversor del emprendimiento Complejo Bahía Grande para adquirir una decena de locales y departamentos en ese desarrollo. Y que al cabo de las obras sólo obtuvo a cambio una mínima parte de los inmuebles comprometidos.

Costantini dijo haberse anoticiado ayer de la denuncia y adelantó que “Nordelta no tiene nada que ver” con las acusaciones. Según el empresario, la empresa que preside vendió hasta ahora “cerca de un millón de metros cuadrados a desarrolladores y sólo unos pocos han tenido problemas financieros”. “En este caso vendimos un terreno y esta persona habrá entrado en una preventa a cargo de la desarrolladora de una obra que no se terminó. Pero nosotros no tenemos nada que ver, es un caso muy particular que será dirimido por la Justicia”, precisó el ejecutivo.

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“Consultatio SA y el empresario Eduardo Costantini son apenas dos de las veinte personas jurídicas y físicas convocadas a mediación judicial. Entre los otros imputados están Walter Mosca (conocido arquitecto de Nordelta y también investigado en su momento por presunto narcolavado), Marcelo Macagno, Cristian Rojo (socios del primero), Complejo Bahía Grande, Consorcio Edificio Estudios, y Property Managers, entre muchos otros”, le explicó Llermanos a Ámbito. Para los letrados de Yepes Gaviria los negocios de los últimos años en torno de Nordelta por parte de los denunciados convirtieron a ese complejo de barrios en un “monumento a la evasión”. Llermanos, incluso, alegó que su defendido habría sido “víctima de lawfare para defraudarlo” mediante un “injusto proceso por narcotráfico del que fue absuelto luego de tres años de prisión”.

Según el denunciante, de los 5,5 millones de dólares que ingresó al blanqueo de capitales utilizó la mayor parte en inversiones inmobiliarias desde pozo que figuraban en la cartelería de Nordelta a disposición de los vecinos mediante los canales de comercialización reconocidos y habituales para los propietarios de esos complejos. El negocio había arrancado en 2009 con un acuerdo marco que devino en la adquisición por parte de Complejo Bahía Grande de un terreno de 12 mil metros cuadrados a Nordelta para la construcción de edificios de departamentos y otros emprendimientos inmobiliarios. “Todo ese gigantesco predio fue vendido por la absurda suma de 50 mil dólares que supuestamente pagaron entre seis personas”, apuntó Llermanos.

En el escrito judicial los denunciantes señalaron que aquella operación que se concretó a través de un boleto de compraventa –sin escritura- derivó entre 2014 y 2015 en la quiebra de Complejo Bahía Grande Sociedad Anónima, el impulsor del proyecto. Y destacaron que hace un mes, tras varios años de litigios, el terreno apareció escriturado a favor de un fideicomiso Custodia y Escrituración del Edificio Estudio de Bahía Grande a nombre de varios de los denunciados y sin la participación ni la consulta, al parecer, de Yepes Gaviria. El denunciante sospecha que varios de los inversores originales se habrían constituido en una nueva sociedad tras la quiebra de la desarrolladora, supuestamente con el aval de Nordelta, para apropiarse de las unidades construidas en el emprendimiento sin pasar por el juez que tramitó la causa comercial. Los abogados de Yepes Gaviria los denominan “okupas vip” e incluso sostienen que “poseen títulos posiblemente fraudulentos por falsedad ideológica” como parte de una presunta “maniobra para evadir y lavar dinero”, agregó Llermanos.