Avanza el proyecto de ley para colocar un etiquetado frontal de advertencia en bebidas y alimentos

En el debate del proyecto de ley que busca establecer un etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas, ciertos sectores han manifestado sus dudas respecto al presunto impacto negativo de la implementación de este sistema sobre la economía argentina. Sin embargo, la experiencia de países que lo han implementado, así como la evidencia libre de conflicto de interés, demuestran que el etiquetado no impacta negativamente sobre los empleos, salarios ni en la producción en términos agregados.

Estos argumentos y sus respuestas basadas en evidencia fueron recopilados en un documento elaborado por la Fundación Interamericana del Corazón(FIC) Argentina, con el objetivo de generar un panorama claro y fundado en investigaciones y experiencias reales en torno al debate del proyecto de ley. Uno de los puntos más repetidos es que el etiquetado generaría una presunta pérdida de empleos y baja de salarios en el sector de alimentos. Sin embargo, en Chile, donde la medida se aprobó en 2016, la evolución del empleo no se vio afectada ni en la industria alimenticia en particular ni en la industria manufacturera en general, cuando se la compara con un grupo no sujeto a la norma. Esto demuestra que, incluso si la medida hubiera generado pérdidas de empleo en sectores manufactureros específicos, el cambio fue compensado por otros sectores, sugiriendo que las empresas alimenticias tienen el potencial de sustituir y relocalizar empleos ante la reducción de las ventas en un cierto rubro para cubrir el aumento en las de otro.

Otro de los mitos difundidos por las voces que se oponen al proyecto sostiene que el etiquetado frontal perjudicará la exportación de alimentos argentinos, específicamente en el marco del MERCOSUR. Sin embargo, la ley se limita a regular el etiquetado de los productos comercializados en Argentina, tal como lo establece el artículo 3 del proyecto de ley. Los productos que se exportan deben seguir las regulaciones exigidas en cada país de destino y por lo tanto no se ven afectados por la normativa local.

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El proyecto “Promoción de la Alimentación Saludable” está basado en los mejores estándares de salud pública, ya que incluye el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y el sistema gráfico de advertencias con octógonos negros, entre otros aspectos relevantes. Esta medida es una de las intervenciones más efectivas para garantizar el derecho a la alimentación y el derecho de los y las consumidores a estar informados/as. Obtuvo media sanción del Senado en octubre del año pasado y el 13 de julio, en un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen favorable. Ahora sólo resta que se ponga fecha para su tratamiento en el recinto.

NT