Buenos Aires, 15/12/2017, edición Nº 1857

“Ninguna persona debería perder la pensión por discapacidad si está en condiciones de recibirla”

Escribe Yamil Santoro

Escribe Yamil Santoro

(CABA) La pensión por invalidez es un recurso de última instancia de nuestro sistema de seguridad social, no un subsidio genérico a la discapacidad. La misma se reglamentó en 1997 y, como no ha existido una modificación desde entonces, aún se aplica dicha reglamentación para definir los criterios de otorgamiento y subsistencia de las mismas.

El sistema de pensiones no contributivas por invalidez es un instituto que fue creado para que las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social que no pudiesen trabajar tuviesen un sustento económico. Sin embargo, y a pesar de que nuestro país no sufrió ninguna catástrofe o guerra, en los últimos años las pensiones otorgadas aumentaron inexplicablemente de 300.000 a casi 1.500.000.

Es tarea de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales revisar la nómina de personas que reciben este tipo de pensión con la finalidad de que estas se otorguen realmente a quienes más lo necesitan. Las pensiones por invalidez siguen legalmente vigentes, y todos los años se revisan los casos porque la situación de las personas cambia y puede ser que haya personas que no hayan estado recibiendo el beneficio en condiciones de hacerlo.

Sólo en 2015, último año del gobierno de Cristina Kirchner, se dieron de baja 168.500 pensiones por irregularidades en su otorgamiento, por incumplimiento de los requisitos o por incompatibilidades con otros beneficios, casi el doble de las dadas de baja durante el año 2016.

Siendo que en cada caso se analizan requisitos legales y objetivos, ninguna persona debería perder la pensión si está en condiciones de recibirla. Si alguno considera que se ha cometido un error, hay un compromiso del Gobierno de dar una solución rápida al inconveniente y se han dispuesto los canales necesarios para que hacerlo.

Nuestro compromiso como sociedad debe estar siempre orientado a generar más oportunidades reales de empleo para las personas con discapacidad, hay que trabajar para superar las barreras y prejuicios existentes respecto a la empleabilidad de este colectivo y abandonar posturas asistencialistas que sólo acrecientan la exclusión. La tendencia global busca una inclusión laboral y social efectiva por medio del trabajo. Para lograrlo debemos trabajar para generar más y mejores oportunidades, como lo está haciendo el Gobierno Nacional que ha compatibilizado las pensiones por discapacidad con diversos programas de inclusión laboral promovidos por el Ministerio de Trabajo.

El bien común nunca se alcanza actuando por fuera de la ley y mucho menos negándole a un grupo de personas su capacidad para aportar a la comunidad. Hay que superar los prejuicios y trabajar entre todos para lograr una verdadera inclusión que aproveche los talentos de todos los ciudadanos.

(*) Abogado. Secretario de Formación del partido Unión por la Libertad.
NR


Fuente consultada: Télam

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