Buenos Aires, 19/08/2017, edición Nº 2078

Uno de cada tres boliches porteños es clausurado por denuncia de los padres

La ONG creada por familiares de víctimas de Cromañón y Beara se encarga de recibir las denuncias sobre los boliches que luego inspecciona el Gobierno porteño. (CABA) Saben lo que puede pasar cuando un boliche no tiene matafuegos, deja entrar a más personas que las que permite su capacidad o carece de salidas de emergencia. Y lo saben porque lo vivieron en carne propia: perdieron a sus hijos en las...

La ONG creada por familiares de víctimas de Cromañón y Beara se encarga de recibir las denuncias sobre los boliches que luego inspecciona el Gobierno porteño.

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(CABA) Saben lo que puede pasar cuando un boliche no tiene matafuegos, deja entrar a más personas que las que permite su capacidad o carece de salidas de emergencia. Y lo saben porque lo vivieron en carne propia: perdieron a sus hijos en las tragedias de Cromañón o de Beara, o son sobrevivientes. Ahora intentan evitar que los hijos de otras personas sufran el mismo destino, recibiendo denuncias de irregularidades en locales nocturnos a través del 0800-999-2769, la línea de Familias por la Vida.

El 1° de julio se cumplió un año desde que esta ONG firmó un acuerdo con el Gobierno porteño. Desde entonces, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) recibe por escrito las denuncias que llegan a través del 0800 y envía inspecciones. Diez días después, le comunica a Familias por la Vida el resultado de cada procedimiento. En un año se recibieron 725 denuncias por esta vía, el 28% de las cuales terminaron en clausura. De los 202 boliches clausurados, el 10% eran bailables y el resto, bares y pubs. Y más del 43% estaba en Palermo.

El 30% de los locales sancionados violó la clausura.

En más de la mitad de los casos, los motivos de clausura fueron exceso de la capacidad permitida, salidas de emergencia obstruidas, falta de matafuegos o desvirtuación de la actividad para la que está habilitado el local. Como es el caso de los bares que organizan bailes, algo que está prohibido. “A un año del sistema, vemos con doloroso asombro que la mayoría de las denuncias son por elementos relacionados con Cromañón –dice Nilda Gómez, titular de Familias por la Vida y mamá de Mariano Benítez, que a los 20 años murió en el incendio del boliche de Once“.

El vínculo del Estado con la ONG Familias por la Vida en una temática tan sensible como son los jóvenes en la noche, reúne el criterio legal del Gobierno con el sentido común y la sensibilidad de padres que han perdido a sus hijos. Y esto es un aporte enorme para la Agencia”, afirma Juan José Gómez Centurión, el titular de la AGC.

Las denuncias al 0800 son realizadas por padres y por asistentes a los locales nocturnos. “Suelen llamar para preguntar si un boliche está habilitado. Sobre todo hacia fin de año, cuando los chicos preparan sus fiestas de egresados u organizan bailes para recaudar fondos para viajes de fin de curso”, cuenta Gómez. En verano las denuncias más habituales son por exceso de la capacidad permitida o porque cortan el agua de los baños para que la gente consuma más.

Es increíble cómo está participando la gente. Lo triste es que este año aparecieron nuevas denuncias, con rubros que no teníamos en cuenta, como los ‘afters’. Son boliches que abren de 6 a 12 y venden alcohol. A veces, al mismo local lo explotan distintas sociedades en diferentes horarios”, afirma Juan Lizarraga. Juan es el papá de Ariana, una de las dos chicas de 20 años que murieron cuando se derrumbó el entrepiso de Beara, el 10 de septiembre de 2010. El lugar estaba habilitado como “casa de fiestas privadas”, pero funcionaba como boliche encubierto.

Desgraciadamente, Beara sirvió para que la gente tome conciencia –señala Lizarraga–. Ahora observa si hay sótanos o entrepisos y en qué condiciones. El problema es que la desidia y la ambición de los empresarios son cada vez más agresivas. A veces llaman a nuestro 0800 para denunciarse entre ellos y sacarse competencia de encima”.

Los padres dicen que suelen ver cómo policías de la Federal que deben acompañar los procedimientos de clausura, se saludan con confianza con los dueños de los boliches.

Los problemas en los locales se siguen repitiendo y los empresarios y la policía los ignoran. ¿Acaso les tiene que pasar a ellos para que hagan algo? Yo colaboro con el 0800 porque no puedo permitir que la gente no se dé cuenta del riesgo que está corriendo”.

Siento impotencia: la sociedad no aprendió después de Cromañón y las irregularidades se van potenciando –asegura María Amelia Alvarez, mamá de una víctima–. Yo siento que mi hijo me dejó un mandato, que es ‘hacé algo por los chicos’. Hacemos esto no con un sentido político, sino por un sentido moral que nace de las entrañas. Cuando atendemos una denuncia, le ponemos cariño, porque la persona que llama también tiene un problema. Y la gente depositó una confianza en nosotros”.

Sergio Javier Ruiz, el hijo de María Amelia, era pasante universitario del Gobierno porteño. Atendía al público en la entrada del edificio de Barracas donde trabajaban los inspectores que debían controlar Cromañón. Tenía 21 años cuando murió en el recital de Callejeros. Su hermano Roberto, hoy de 39, sobrevivió. “Mi hijo Sergio está en la Chacarita, pero yo estoy encerrada en Cromañón. Atender el 0800 me ayuda mucho”, dice Amelia.

Nunca voy a superar la ausencia de Mariano –confiesa Nilda Gómez–. Pero la única manera de que no vuelva a pasar un Cromañón y que la pérdida de nuestros hijos no sea en vano es involucrándonos. Buscamos las irregularidades de la nocturnidad para poner luz sobre el tema y exigirles a las autoridades que trabajen para eliminar el riesgo.
No pudimos hacer esto antes para salvar a nuestros hijos, pero ahora lo hacemos para honrar su corta vida. Y los que llaman saben que los atienden padres que vivieron una situación terrible, y que en honor a sus hijos están comprometidos con que no se vuelva a repetir una tragedia así
”.

Fuente: Clarin

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