Buenos Aires, 19/04/2024, edición Nº 4174
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Se define la situación procesal del dueño del taller textil acusado de trata

La Justicia definirá en los próximos días la situación procesal del empresario dueño de un taller textil del barrio porteño de Flores que se encuentra imputado por el delito de trata con fines laborales

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(CABA) La Justicia definirá en los próximos días la situación procesal del empresario dueño de un taller textil del barrio porteño de Flores en el que en abril del año pasado murieron dos chicos y que se encuentra imputado por el delito de trata con fines laborales. Así sucederá luego de la declaración indagatoria que prestó el martes último el acusado, Lee Sung Yop, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, adonde tramita esa causa en el juzgado encabezado por Rodolfo Caniboba Corral. Así lo consignaron fuentes con acceso al expediente, quienes precisaron que ahora, tras la indagatoria del empresario de nacionalidad coreana, la Justicia tiene un plazo de diez días hábiles para definir si lo procesa, lo sobresee o le dicta la falta de mérito. Lee Sung Yop, único imputado en el expediente, es dueño de un taller textil ubicado en la calle Páez 2796, adonde el 27 de abril del año pasado murieron dos niños –uno de 10 y otro de cinco años- en un incendio.

En este marco, Gabriela Carpineti, abogada de los padres de Rodrigo Menchaca y Adair Rolando Mur Menchaca, consideró “endeble” y “carente de argumentos” la declaración del empresario y consignó que, en el escrito que presentó ante el magistrado lo que hizo fue “desincriminarse y culpar a parte de las víctimas”. “La familia Mur-Menchaca cobraba prendas que producía exclusivamente para este empresario que era, además, quien alquilaba el local. Todos los trabajadores estaban en negro y, por lo tanto, no percibían salario sino remuneraciones que, en muchas oportunidades, eran retenidas por Lee Sung Yop diciéndoles que se usarían como parte de pago para las máquinas, lo que también fue mentira”, recordó la letrada. Además, indicó que existía una situación de “violencia verbal permanente” y “una exigencia constante de incremento de la productividad, además de que los amenazaba con que no debían abrir la puerta por las dudas de que viniera AFIP, y también les decía que no salieran mucho porque podrían ser deportados”. NT

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