Buenos Aires, 19/11/2017, edición Nº 1831

Removieron a la jueza porteña que suspendió el aborto no punible

La magistrada Miriam Rustán de Estrada dejó la casa por decisión de la Cámara Civil. Además denunciaron penalmente al director del hospital Ramos Mejía, donde se iba a realizar la intervención. (Ciudad de Buenos Aires) La jueza civil Miriam Rustán de Estrada, quien suspendió el primer aborto no punible que se iba a realizar en la Capital Federal, dejó la causa por decisión de la Cámara, que resolvió una “cuestión...

La magistrada Miriam Rustán de Estrada dejó la casa por decisión de la Cámara Civil. Además denunciaron penalmente al director del hospital Ramos Mejía, donde se iba a realizar la intervención.

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(Ciudad de Buenos Aires) La jueza civil Miriam Rustán de Estrada, quien suspendió el primer aborto no punible que se iba a realizar en la Capital Federal, dejó la causa por decisión de la Cámara, que resolvió una “cuestión de competencia” y se la asignó al magistrado Miguel Ricardo Güiraldes.

Güiraldes trabaja en el recurso de apelación contra la medida cautelar suspensiva dictada por su colega, que será elevada a la Cámara Civil para su inmediato tratamiento.

Además, la Corte recibió el planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para definir otra cuestión de competencia: si es ese fuero o el civil el que debe intervenir en el expediente y, en consecuencia, autorizar o mantener suspendido el aborto.

A su vez, el legislador porteño Alejandro Bodart denunció este jueves ante la Cámara del Crimen al director del hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por revelar datos que impidieron la realización del aborto.

Bodart, que también hizo una presentación judicial contra la Fundación Pro Familia, denunció a Mercau por “incumplir la ley de salud sobre confidencialidad médico-paciente y el artículo 157 del
Código Penal, que prevé penas para el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos”.

En la presentación, el legislador estuvo acompañado por el abogado de la joven, Pablo Vicente, quien además deslizó la posibilidad de que la interrupción del embarazo sea practicada en un hospital público de la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Radio Del Plata, ante una pregunta sobre si la mujer “podría eludir las restricciones del fallo de Rustán de Estrada atendiéndose en la provincia de Buenos Aires”, el abogado respondió: “entiendo que sí, se está evaluando esa posibilidad, pero en tal caso se hará con todas las reservas del caso.

Con varios frentes judiciales abiertos, el expediente navega en un mar de incertidumbres y denuncias cruzadas, en las que quedaron involucrados no sólo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sino también los abogados de la Asociación Pro Familia, que obtuvo la suspensión del aborto, y la propia jueza Rustán, por partida doble: penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.

El abanico de posibilidades de resolución de la causa se esparce entre una decisión de la Corte Suprema, una resolución “contrario sensu” (que revierta la suspensión del aborto) por parte del juez Guiraldes, un fallo de la Cámara Civil dejando sin efecto la medida cautelar o la interrupción de la gestación en un hospital fuera del ámbito de la Capital Federal. (Diario Uno)

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