Buenos Aires, 21/07/2017

Quiénes son los abogados que pasaron a las filas del Gobierno

Con la llegada de Cambiemos al poder, socios de estudios corporativos y directores del área de empresas dieron el paso hacia cargos en la administración pública.

(CABA) Durante los últimos años del modelo kirchnerista, la abogacía corporativa padeció la fuga de profesionales jóvenes a las líneas del sector público, que ofrecía una paga considerablemente mejor y un horario de trabajo que, en no pocos casos, representaba la mitad de las horas de práctica en una firma en el sector privado.

Con la llegada de Cambiemos al poder, ese modelo, valga la redundancia, cambió. Pero lejos de revertirse la tendencia migratoria o de verse frentes marchitas de jóvenes profesionales golpeando nuevamente la puerta de los estudios, lo que se viene dando en los últimos meses es una chorrera de socios y directores de legales que decidieron cruzar la famosa línea divisoria del mostrador, en busca de mayores responsabilidades, menores salarios y ambientes de trabajo no siempre del todo amigables.

Los motivos, dicen en sus entornos, están dados por el compromiso con lo público, con los valores que derraman desde Balcarce 50 y con la posibilidad de trascender siendo parte de un colectivo al que le auguran un futuro venturoso. En el peor de los casos, afirman, “de este Gobierno se puede volver tranquilamente al sector privado”.

Desde el 10 de diciembre para acá, Legales contabilizó no menos de 15 profesionales, jugadores de las grandes ligas, que dieron el gran paso. Todavía, sin embargo, faltan completar cuadros en el organigrama estatal (nacional, en Provincia de Buenos Aires y también en Ciudad), con lo cual, al publicarse esta nota puede que muchos nuevos movimientos ya se hayan registrado.

El más reciente y de los más comentados fue el de José Ignacio García Hamilton, quien dejó atrás 8 años y 11 meses como director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour, para irse a la Secretaría de Comercio de la Nación. Allí es el flamante responsable de Legales & Relaciones Institucionales. García Hamilton había ingresado en el súper francés en 2004 como gerente del área. Antes había estado cinco años en Marval, O’Farrell & Mairal.

Otro que pasó de mega empresa a la función pública es Matías García Oliver, quien de estar a cargo de los asuntos públicos de DirecTV Argentina pasó a ejercer como Subsecretario de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

De Nicholson & Cano, el que se fue es el socio Felipe Hughes, uno de los referentes en el área financiera, quien entró como representante de Cambiemos en el Directorio del Banco Provincia (Bapro).

PAMI, IGJ, CNV y UIF
Marcelino Cornejo cursó sus estudios de abogacía con orientación en derecho público administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Después cursó la maestría en Derecho Administrativo Económico en la UCA e hizo una especialización en Derecho Constitucional en la UCASAL.

Su campo de experiencia gravita en el derecho público en general, especialmente en el derecho administrativo, en el derecho tributario, en el derecho cambiario, mercados regulados y derecho constitucional. Además posee sólidos conocimientos y experiencia en la reorganización de pasivos de empresas habiendo llevado adelante numerosos concursos y quiebras”, se lee todavía en el perfil que, como socio, tiene en el sitio web del estudio Biscardi & Asociados.

Allí, igual, se aclara que está en uso de licencia. ¿El motivo? Fue designado como Secretario General Técnico Jurídico en el PAMI.

Al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), encargada de la registración y control de las sociedades, fue designado Sergio Brodsky, profesional de reconocida trayectoria académica nacional e internacional, subdirector académico de la facultad de derecho de la UBA y profesor de derecho comercial.

El nuevo número 2 del edificio de Paseo Colón 275 es Osvaldo Norte Sabino, ex socio de Marval, O’Farrell & Mairal, especialista en mercado de capitales, sociedades fusiones y adquisiciones, con amplio consenso sobre sus cualidades en todo el arco del mercado jurídico.

Rocío Balestra estuvo 14 años y medio trabajando en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. En junio pasado, pasó a desempeñarse como legal counsel en Transportadora Gas del Sur. Desde diciembre, Balestra es una de las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Valores.

“Con el declamado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado “prioridad estratégica”, el Gobierno reformó por decreto la Unidad de Información Financiera y creó un programa dedicado a dictar políticas públicas en la materia. Puso al frente al abogado Juan Félix Marteau, un experto asesor del FMI, de las Naciones Unidas y de las principales empresas y bancos de la Argentina en este asunto”, se lee en el sitio web del estudio Marteau.

También se escribe en su home que la firma “celebra la designación de la Diputada Nacional Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad de la Nación, a quien el estudio ha asesorado durante su desempeño como Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
El sitio web del despacho, para los desprevenidos, es www.marteau.pro. El pro, vale la aclaración, es por profesional, un dominio de internet de nivel superior.

Justamente, en la Unidad de Información Financiera fue nombrada como vicepresidente María Eugenia Talerico, miembro fundadora de la agrupación Será Justicia e integrante de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA).

El presidente de la UIF, en tanto, es Mariano Federici, quien al momento de su designación trabajaba como abogado senior en el departamento legal del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su CV hay también escalas en los estudios Garrido y Allende & Brea.

Sin salir de la UIF, María Celeste Plee se sumó como directora de supervisión del organismo en enero de este año. Antes era la directora ejecutiva de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera.

Aerolíneas y banca
Manuel Álvarez Tronge, impulsor de la fundación Enseñá por Argentina, “ha dejado las tareas que realizaba en la firma para incorporarse a Aerolíneas Argentinas como nuevo General Counsel, desde aquí le felicitamos y le deseamos los mayores éxitos”, se lee en el sitio de la firma española Bartolomé & Briones, en donde el ex abogado de Telefónica ejercía su representación para LatAm. Álvarez Tronge ocupó transitoriamente el cargo de director de la línea de bandera, a la espera del aterrizaje de Isela Costantini.

En otro plano, si bien su cargo anterior fue el de vicepresidente del Banco Ciudad, el nuevo titular del Banco Provincia, Juan Curutchet, tiene una sólida formación como abogado. Su perfil completo puede verse entre los de los integrantes del estudio Curutchet-Odriozola.

En el plano académico, aparece: Cambridge University; Philips Academy, Andover, Mass; Harvard University; Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, y Universidad de New York. El perfil de práctica profesional es igual de potente.

Héctor Huici, otrora socio de M & M Bomchil, volcado a la función pública en los últimos años (primero como legislador del Pro) y ya de lleno en la política tras el triunfo de Mauricio Macri, ocupa actualmente el cargo de Secretario de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Nación.

Soy Héctor María Huici. Nací en Buenos Aires, soy hincha de San Lorenzo, estoy casado y soy papá de tres hijos de los que estoy muy orgulloso. De chico me gustaba jugar al fútbol luego del colegio, ir al club con mis amigos el fin de semana, leer el diario y la aviación. Siempre tuve vocación por la cosa pública, desde estudiante cuando fui fundador de una agrupación estudiantil y dirigente universitario. Creo que la política es la herramienta de transformación más poderosa con que contamos para hacer un país mejor. Me sentí desde un primer momento identificado con el PRO porque Mauricio Macri tiene las ideas, el coraje y la capacidad de gestión para lograr el cambio que la Argentina necesita”, se lee en su perfil político. En el del estudio jurídico, en cambio, se habla de sus habilidades en materia de derecho de las telecomunicaciones y servicios públicos, entre otras.

Eugenio Andrea Bruno también sigue figurando en el sitio del estudio Garrido como socio senior. Bruno se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA en 1993 y tiene un LL.M. de la Universidad de Pennsylvania (1997). Se desempeñó tres años en la firma de abogados de Estados Unidos Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y Nueva York. Allí trabajó en las áreas de business and finance & asset management, participando en asuntos en varios países de América Latina. Antes había sido socio de Nicholson & Cano.

Bruno es hoy uno de los asesores más cercanos del ministro Alfonso Prat Gay.En particular lo asesoro en el tema de la deuda externa, sobre cómo podría abordarse el problema con los fondos buitres, analizando distintos escenarios legales, haciendo cálculos sobre el monto de los reclamos y analizando los juicios en el tribunal del juez Griesa”, contó en una nota al diario La Razón de Chivilcoy, de donde es oriundo.

El vínculo con Prat Gay en este tema es desde el año 2012. “Lo asesoré en una presentación que él hizo en el juzgado de Griesa. Nos conocemos hace muchos años porque estudiamos en la misma universidad en los Estados Unidos”, se lee allí.

En el directorio del Banco Central aparece Horacio Tomás Liendo (n), especialista en derecho bancario y administrativo. Liendo es Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo un Máster en Leyes (LL.M.) en la Universidad de Georgetown, de donde se graduó con distinción, y realizó el Programa de Desarrollo Directivo en la Business School de la Universidad Austral (IAE). Su carrera profesional arrancó en Marval, O’Farrell & Mairal.

Para cerrar, solo por ahora y porque el espacio es finito, Esteban Conte Grand, socio del estudio Conte-Grand, Doncel Jones & Aicega, es el nuevo jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, comandado por el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano. NR

Fuente: cronista

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