Buenos Aires, 22/11/2017, edición Nº 1834

Quejas por cuotas poco claras en los colegios

Los padres reclaman mayor claridad y transparencia en los aranceles en institutos que reciben subsidios estatales

(CABA) Esteban Ferro sabía exactamente cuánto pagaba por la educación de sus hijos en un colegio privado, en Saavedra, que recibe 80% de aporte estatal. Pero nunca le había prestado atención al detalle de las facturas hasta que comenzó a recibirlas por vía electrónica. En ese instante, algo no le cerró.

Por un lado, estaba la factura a nombre del colegio con los aranceles de la enseñanza programática, la extraprogramática y otros ítems por un valor de $ 2564, y por otro, una segunda factura de una fundación, que bajo el concepto de “otros” presentaba un importe de $ 2064. El problema estaba en un contrato que Ferro había firmado con el colegio. En el texto, él se comprometía a destinar un aporte obligatorio a una fundación, pese a que el Estado fija un tope máximo al valor de las cuotas. Por eso, Ferro, como les sucede cada vez más a muchos padres, no pudo estimar el costo ni el impacto de lo que iba a pagar.

La titular de la Dirección General de Enseñanza de Gestión Privada (Dgegp), Beatriz Jáuregui, reconoció la existencia de la figura de la “fundación” y explicó que, en estos casos, se trata de relaciones contractuales entre privados.

Del total de los colegios privados de la ciudad, más del 50% reciben aporte estatal (entre 40 y 100% de subvención). Por ley, y para mantener una relación equitativa entre el porcentaje de aporte y la cuota, la Dgegp determina los aranceles máximos para la enseñanza programática.

Sin embargo, algunos colegios también establecen otro tipo de acuerdo con los padres -contratos de enseñanza entre privados-, en los que se dispone que “el colegio prestará servicio anual de enseñanza únicamente a los hijos en edad escolar de miembros de «dicha» fundación, a la cual deberán hacer un aporte periódico que será obligatorio tener al día”. En el caso de Ferro, el importe por fundación llegaba en el concepto de “otros”, y era un poco más bajo que la cuota académica.

“Fui a la escuela a pedir una explicación y la respuesta fue que se debía a cuestiones netamente administrativas. Que la factura donde aparecía el rubro «otros» correspondía a los aportes a la fundación tal como estaba detallado en el contrato anual de enseñanza de la escuela. Efectivamente, ese contrato había sido firmado por mí, y por todos los padres, bajo un supuesto de buena fe, entendiendo que eran cuestiones administrativas y asumiendo que el monto era acorde con lo establecido por la ley.”

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El colegio al que iban sus hijos no era el único que contaba con una fundación constituida -las fundaciones tienen un tratamiento impositivo muy particular, sobre todo en lo referido al régimen de exenciones-; a través de esa figura, se cobran, por factura separada, otros ítems, como actividades extracurriculares, gabinetes o cuestiones de innovación, con el supuesto fin de alcanzar una enseñanza de calidad superior.

Sin embargo, para Ferro, y como denunció en una carta enviada a la Dgegp, según el decreto 2542/91 (artículo 12), los montos a cobrar por los establecimientos privados comprendidos en la normativa son determinados por el Estado, y no se pueden percibir aranceles superiores a los montos autorizados. “Con lo cual, ese aporte a la fundación era una cuota encubierta, compulsiva y extorsiva, y por tanto interpreté que estaba fuera de la ley, a menos que existieran instancias que lo autorizaran y yo desconociera.” El colegio al que denunció Ferro tiene una subvención del 80% para el pago de los salarios docentes. Pero debido a su propuesta educativa cuenta con la posibilidad (según el decreto 2142/91) de cobrar otros aranceles por enseñanza extraprogramática y costos adicionales. “Yo puedo estar de acuerdo en pagar un plus para un proyecto de enseñanza innovador o afrontar las mejoras que sean necesarias en función de una propuesta superadora, pero pagar más de 2000 pesos bajo el concepto de «otros» es, cuanto menos, carente de transparencia.”

En tanto, Jáuregui señaló: “Nosotros tenemos competencia en auditar la propuesta pedagógica, el pago de los aranceles que corresponden a la enseñanza programática y la extraprogramática. Cuando hay fundaciones de por medio suele firmarse un contrato, y los padres deberían chequearlo. Pero desde la Dgegp instamos a quienes reciben más de una factura a que revisen esa situación y, en caso de presentar alguna duda, se acerquen a la dirección para reverlo”.

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