Buenos Aires, 22/10/2017, edición Nº 1803

Publicidad ilegal: un cartel en la Villa 31 puede facturar $ 100 mil por mes

Aprovechando la cercanía con la autopista Illia y su intenso tránsito, en los últimos años fueron instalados varios sin autorización. Ya bajaron 8 e intimaron a 21.

Por Pablo Novillo

(CABA) La falta de control en los terrenos ocupados por la Villa 31 de Retiro ya no sólo permitieron un crecimiento sorprendente de los edificios, con hasta cinco pisos de altura y gran cantidad de piezas en alquiler; también la aparición de otro negocio: la publicidad ilegal. Aprovechando la cercanía con la autopista Illia y su intenso tránsito, en los últimos años fueron instalados varios carteles sin autorización, que llegan a facturar hasta $ 100.000 mensuales. Algunos fueron puestos incluso en las medianeras de las edificaciones. Ahora la Ciudad intenta ponerlos en caja: ya bajaron ocho aparatos e intimaron a otros 21.

El problema tiene varias aristas y una polémica que suma varios años, derivada de la siempre difícil convivencia entre los gobiernos del macrismo y el kirchnerismo. En 2009, la Legislatura porteña sancionó la ley de Publicidad Exterior, que además de ordenar la eliminación de marquesinas exigía reducir la cantidad de carteles en la vía pública, especialmente en las cercanías de las vías rápidas de tránsito y las autopistas, donde puede haber un cartel cada 200 metros como mucho, y con autorización municipal. La abundancia de publicidad en las autopistas implica un riesgo para la seguridad vial, porque los conductores pueden distraerse.

Pero poco tiempo después, y con el argumento de juntar fondos para la infraestructura ferroviaria, el Estado nacional lanzó a través de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) una licitación para instalar 300 pantallas publicitarias en los terrenos ferroviarios junto a las vías, como en Retiro o Palermo. La justificación es que esos predios dependen del Estado nacional y no están alcanzados por las leyes de la Ciudad, y que en todo caso las empresas ganadoras deberían conseguir los permisos del Gobierno porteño que hicieran falta.

La Ciudad siempre se opuso y el tema se judicializó. Pese a que algunas empresas publicitarias consiguieron medidas judiciales favorables, el Gobierno porteño siguió presionándolas para que respetaran la ley N° 2.936. “La norma nos autoriza a intimarlos para que respeten la distancia de 200 metros. Además, si lo desoyen, a las tres faltas graves podemos retirarles la matrícula para que pongan carteles en toda la Ciudad, no sólo en esos predios”, explicaron en el Gobierno porteño.

Con esta discusión, fueron logrando regularizar la situación de las pantallas. Fueron retiradas ocho en la avenida General Paz entre Panamericana y Lugones, nueve en esta última avenida rápida y tres sobre Cantilo, mientras que en la Avenida 9 de Julio sacaron ocho y otras siete tuvieron que readecuar su tamaño porque excedían lo permitido por ley. Pero la situación en la Illia y la Villa 31 es más compleja. Si bien retiraron ocho, hay otros 21 carteles en discusión. “A algunos ya los intimamos y en otros casos nos cuesta identificar quiénes son los dueños. Tampoco la Nación nos lo hace fácil, nos traban el ingreso a los predios. Pero vamos a ordenar todo, y después seguiremos con la autopista 25 de Mayo”, confiaron en la Ciudad.

El interés por que se regularice este problema no es sólo del Estado. “Estén en terrenos federales o no, el Gobierno porteño tiene todas las herramientas para combatir la publicidad ilegal. Tienen la potestad de hablar con los anunciantes para que no usen esos carteles. De lo contrario se sigue dando una situación de competencia desleal con quienes sí respetamos las normas”, se quejó Gustavo Brizuela, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior.

Mientras tanto, el negocio sigue. Como por la Illia pasan más de 50.000 vehículos por día en cada sentido de circulación, la visibilidad de esos carteles los vuelve muy atractivos para la publicidad, al punto tal que se cree que los mejor ubicados pueden facturar hasta $ 100.000 mensuales. Hubo algunos casos más groseros, como el del cartel que directamente fue montado en la medianera de uno de los edificios ilegales de la villa, pero que fue detectado a tiempo y no se lo dejó operar; igual que otra pantalla trucha que había sido colocada en una columna de la empresa AUSA, que administra de las autopistas porteñas.

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Fuente: Clarín

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