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Protocolo nacional de interrupción del embarazo: Buenos Aires no adhiere
Lo decidió la gobernadora Vidal, al anular una resolución del Ministerio de Salud
(PBA) a provincia de Buenos Aires no adherirá finalmente al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. La gobernadora María Eugenia Vidal se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, el martes pasado, para que ese distrito se sume al protocolo. La gobernadora ordenó a la ministra Ortiz, además, dictar una resolución que deje sin efecto la anterior. La polémica por el aborto dividió al gabinete de Vidal. El debate se trasladó a los intendentes y a los círculos académicos.
Ortiz, una reconocida médica, tomó la decisión de adherir al protocolo nacional de la interrupción legal del embarazo con un criterio sanitarista y con la intención de reducir las muertes maternas.
La resolución de Salud no habría sido consultada con Vidal antes de su publicación, según trascendió ayer en esta ciudad.
Ya el año pasado, en un reportaje radial, Vidal había dicho: “Salvo en casos de riesgo de vida para la mamá y los casos previstos en el Código Civil, yo no estoy de acuerdo”. Una vez al frente del gobierno provincial, Vidal se inclinó por una posición contraria a la de su ministra.
El documento ahora anulado, que trascendió el martes último, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo y sólo regía en las causales de peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Esta resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud.
También preveía brindar atención integral para la interrupción legal del embarazo en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o cuando hubiera un compromiso de salud y fuera conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta. Además, establecía como esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de la interrupción legal del embarazo; realizar la orientación en las opciones, y, si la mujer decidiera interrumpir la gestación, “no demorar la práctica”.
También recomendaba para las mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, “una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna”. NT
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