Proponen un proyecto para combatir la explotación laboral

(CABA) Si no querés, no vengas más”, es la muletilla preferida de Mónica Mariel Bolo, dueña de una fábrica textil que lleva su nombre, ubicada en Zañartú 607. Le encantaba decírsela a los 85 trabajadores que tuvo en situaciones de enorme precariedad y que desde diciembre están en vigilia en la puerta denunciando que Bolo no les pagó los últimos meses de trabajo, cerró sin previo aviso y sin indemnizar y vació el taller en un fin de semana.
La fábrica había empezado desde febrero a hacer vestimentas para, entre otras, las firmas Cheeky, Wilson, Yagmour, Montagne Prestige y Stone. Para reclutar oficiales maquinistas había acudido a una radio, La Favorita, con un aviso pago que explicitaba que necesitaba empleados con experiencia y que el trabajo era “en blanco”.
Entre los que ingresaron en esa primera camada está Shirley, que, desde el cierre del taller, es delegada: “Me probaron y me confirmaron en el instante que empezaba a trabajar al día siguiente. Mónica era la que estaba siempre allí, encima nuestro, viendo cómo estábamos trabajando; y también era la que nos metía presión, más que los encargados, porque decía que era ella la que pagaba y que los encargados eran como nosotros, empleados. Era también la que pedía siempre más producción y exigía que nos quedáramos más horas. Como necesitábamos ganar un poco más, siempre accedíamos. Yo estoy desde el principio y me había dicho que mi horario era de 7 a 17, pero a los que ingresaron después, directamente les decía que el horario era de 12 horas, de 7 a 19”.
Lourdes es de las trabajadoras que ingresó después: “Yo empecé en julio, la fábrica empezó en febrero. Llegué por un aviso de una radio. Me dijeron que iba a trabajar por hora, y que para empezar me pagarían $20 la hora. Desde un principio, me habían dicho que serían 12 horas, de 7 a 19. El primer mes cumplieron con el pago. Cobré $ 5.500, en efectivo y con un recibo trucho que decía que trabajaba media jornada. Ni siquiera nos dejaban leer lo que firmábamos; nos apuraban y decían que si no firmábamos nos podíamos ir.

El lugar no estaba en condiciones. Era una casa de dos plantas que en la planta baja tenía una mesa de corte y, a la derecha, dos sectores del taller. Hacia el fondo, todo un sector con máquinas y apenas espacio para caminar.

Casi de manual, el problema comenzó cuando en septiembre la empresa comenzó a retrasar los pagos de salarios. Les daban de a puchitos. Los trabajadores reclamaron cuando se les debió un mes y pidieron también sus aguinaldos. La empresa respondió despidiendo a nueve trabajadores. En ese momento, los empleados de la parte superior del edificio se plantaron pidiendo su reincorporación. “Ahí Mariel llama a su abogada, y nosotros al sindicato”, recuerda la delegada.

Gustavo Vera es diputado por UNEN en la Legislatura porteña e integrante de La Alameda, una organización con representación gremial que, desde sus inicios, denuncia la trata de personas, los abusos a trabajadores y el trabajo esclavo. En diálogo con Miradas al Sur, Vera sostuvo: “El caso de la textil Bolo es un caso típico de estrago laboral con trabajo forzoso, que se maneja con un recibo laboral que acredita cuatro horas cuando en realidad trabajan 12 y les pagan mucho menos de lo que indica el convenio colectivo de trabajo, no les pagan horas extras y les desconocen sus derechos. Es un caso de trabajo forzoso con fraude laboral para poder engañar a los inspectores, cuando vienen”.
Según descubrió La Alameda, en la CABA hay 104 marcas denunciadas en el Juzgado Federal por violación a la ley de trabajo a domicilio y a la ley de migraciones y, en varios casos, por trata de personas con fines de explotación laboral.
Vera recordó la megacausa donde se hallaron culpables a responsables de talleres clandestinos pero reconoce que hay más talleres “en otros juzgados”. También recordó que el 30 de diciembre de 2013 hubo una primera sentencia con varios imputados talleristas de firmas como Montagne, Lacar, Rusty y Kosiuko donde dieron penas de entre 9 y 30 años de prisión y se realizó un decomiso de máquinas que serán dadas a la comunidad para dar servicio a la sociedad que van a determinar en los próximos meses. “Hay alrededor de 3.000 talleres clandestinos en la ciudad. Talleres que trabajan para las grandes marcas o para La Salada, y algunos, para los dos”.
Según indica un informe de La Alameda, lo que invierte la marca en la confección de una prenda es el 20% del valor final que tiene esa marca en el local; un porcentaje compuesto por el 5% en el costo de confección de la prenda y un 15% en lo que es insumos (básicamente el corte y materia prima), y donde los valores restantes quedan en intermediarios, franquicias, impuestos y un alto margen de ganancia que en la mayoría de los casos supera el 30%; rentabilidad mucho más alta que en cualquier otra rama de la economía donde lo habitual es un 8%.
La marca Cheeky pertenece a la familia Awada, y Juliana, la esposa del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, está incluida y según marca la ley, es corresponsable de esa explotación y por esos trabajadores. En la marca Awada, de la que es única titular, se encontraron casos de trabajo esclavo que desde La Alameda denunciaron en juzgados federales.

“Hubo inspectores que descubrieron talleres clandestinos de Awada y no indicaron públicamente cuáles eran. Nosotros tenemos filmados por dentro los talleres de Awada, varios de los de Cheeky y, frente a los cuales, en general, el Gobierno de la Ciudad tuvo una política de encubrimiento”.
Para Vera, debería generarse un sistema de auditoría que fuera obligatorio y que reflejara un poco el modelo que el INTI impulsó en 2007 que se llamaba “Compromiso Social Compartido”. Se trataba de un programa que invitaba a todas las marcas a dejarse auditar en toda su cadena de valor, para que certificaran que están libres de trabajo esclavo. “Estamos proponiendo que sea de carácter obligatorio, que esté bajo la tutela del Ministerio de Producción y controlado y fiscalizado por la Legislatura. Y que quienes no se auditen tengan una escala de sanciones que vayan desde multas o restricciones al crédito hasta la imposibilidad de operar en el ámbito porteño hasta que no regularice su situación”, reclama el diputado y advierte que no sólo debería tratarse de una multa sino que además debe hacerse público desde la Secretaría de Empleo o a través del Ministerio de Producción el listado de marcas que no estén cumpliendo los requisitos y que no estén confeccionando según las normas de higiene y seguridad básicas y elementales.

Fuente: Mirada Sur