Buenos Aires, 18/11/2017, edición Nº 1830

Por pedido de Lanata y La Nación suspenden a la empresa que controla la tarjeta SUBE

Tras sendas denuncias periodísticas, en las que se volvieron a poner en descubierto sospechosas maniobras del Gobierno nacional en el área de Trasnporte público, Florencio Randazzo anunció la suspensión del contrato. Dicen cerca del flamante ministro de Transporte que, “donde (Randazzo) toca, hay pus”. (Ciudad de Buenos Aires) El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que suspenda a partir de hoy...

Tras sendas denuncias periodísticas, en las que se volvieron a poner en descubierto sospechosas maniobras del Gobierno nacional en el área de Trasnporte público, Florencio Randazzo anunció la suspensión del contrato. Dicen cerca del flamante ministro de Transporte que, “donde (Randazzo) toca, hay pus”.

(Ciudad de Buenos Aires) El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que suspenda a partir de hoy la ejecución del contrato y de los pagos a la empresa que controlaba la tarjeta SUBE.

Al mismo tiempo, Randazzo dio intervención a la Sindicatura General de la Nación, informó el Ministerio en un comunicado.

El caso de la empresa que administra la SUBE, y el sospechoso contrato de explotación que le concedió el gobierno, venía siendo denunciada por el diario La Nación desde hace semanas El caso de sospecha de desmadejo empresario más reciente, es el de una supuesta empleada que había sido contratada en 2011 para supervisar durante diez meses el boleto electrónico. Como “stakeholders management” -la persona a cargo de las comunicaciones internas y externas del proyecto- su sueldo mensual era de 24.300 dólares; su contrato sumó 247.860 dólares.

El último domingo, en el programa que conduce por El Trece Jorge Lanata, “mostraron” por TV parte de la infamia sobre la que está constituida la empresa inglesa a la que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le concedió un contrato millonario, cuya oferta había sido milloonariamente superior a la de otras licitantes.

Cabe recordar los inútiles contratiempos que la adquisición de esta tarjeta le ocasionó a la ciudadanía -la gente hizo colas interminables durante los días de más altas temperaturas durante el último verano- a raíz de la paranoia promovida por el Gobierno nacional, acerca de un inminente aumento de tarifas en el transporte público para quien no contara con el plástico, que luego, tras la tragedia de Once, el Gobierno decidió dejar sin efecto.

El miércoles, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido la indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por el modo en que fue adjudicada la licitación de la SUBE. Stornelli abrió su investigación en base a notas del diario La Nación y la documentación del proceso. Para el fiscal los que intervinieron en la licitación, tanto los funcionarios públicos, como los integrantes de la empresa cometieron los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y el desvío de fondos de un organismo internacional para fines diferentes a los destinados. El llamado a licitación fue organizado por la Secretaría de Transporte en tiempos de Schiavi y financiado con fondos del Banco Mundial.

La licitación fue ganada por la UTE conformada por Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA; Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad Anónima de Servicios Profesionales, y González Fischer & Asociados SA.

Para Stornelli, suena sospechoso que la firma GI con sede en el Reino Unido- y que habría participado del control del subte en Londres- tenga domicilios inexistentes . También que su director Stephen Chandler se hubiera comprometido a trabajar tiempo completo en el proyecto de control de la SUBE pero pasó muy pocos días en el país luego de que en 2011 se firmara el contrato.

Para el fiscal la licitación fue direccionada “a partir del ilegítimo interés presuntamente puesto en dicha contratación por los funcionarios públicos que la tramitaron y decidieron la misma, obligando abusivamente al Estado Nacional respecto de la misma y ante un organismo de Crédito Internacional, al disponer la contratación a un Consorcio de empresas de dudosa existencia y capacidad operativa para la tarea encomendada”.

También cuestionó el sistema de evaluación porque la firma que ganó ofreció un precio más caro en unos $ 10 millones que la que terminó segunda. Los empleados de la GI que provenían del exterior tenían previstos altos sueldos y enorme cantidad de viáticos además de pasajes para ir y volver a Europa. El fiscal sospecha que los argentinos que integraron algunas de las sociedades de la UTE, tienen relación con los funcionarios públicos que participaron proceso de licitación. Por eso pidió también la indagatoria de varias personas más, además de Schiavi.

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