Planean prohibirle a la Ciudad enterrar su basura en la Provincia

Se trata de una discusión de larga data, que toma por estas horas un relieve especial, por las disputas que enfrentan al Pro con el kirchnerismo, de las que los ciudadanos quedan siempre de rehenes.

En medio de la pelea por el traspaso de los subterráneos, la provincia de Buenos Aires, por expresa indicación del Gobierno nacional, tiene preparada una resolución para que a partir del 1º de mayo la Ciudad deje de enterrar su basura en las plantas de tratamiento del Ceamse, ubicadas en el conurbano bonaerense. Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo porteño ya evalúan recurrir a la Justicia.

La discusión por la basura viene de larga data. Sin embargo, en los últimos meses, desde el gobierno bonaerense le reclamaron con más ímpetu al Ejecutivo porteño que cumpla con la Ley de Basura Cero, la cual establece la reducción progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios hasta llegar a su eliminación total. El mandatario provincial, Daniel Scioli, reiteró ese pedido en su discurso de apertura de la asamblea legislativa.

No obstante, en los próximos días el reclamo de Scioli se transformará en una acción directa hacia el Gobierno porteño y vendrá de modo directo desde Nación. Apenas Macri anunció por conferencia de prensa que rechazaba hacerse cargo del servicio de subtes, desde la Casa Rosada decidieron trasladar esa discusión a la Justicia y al Congreso, al mismo tiempo que resolvieron apuntar contra uno de los temas que más preocupa al líder de PRO: la basura. Según altas fuentes del Ejecutivo nacional y del macrismo, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, ya redactó una resolución en la que prohíbe a la Ciudad continuar arrojando su basura en los terrenos ubicados en el Camino del Buen Ayre, que pertenecen al Ceamse.

“Será una resolución que tendrá un alto contenido político. Si Macri devuelve los subtes, nosotros le devolvemos la basura”, confesó un intendente del conurbano consultado por este diario. Para más confirmaciones, un integrante del directorio del Ceamse –empresa mixta con representantes de la Ciudad, la provincia y los municipios– le confirmó a sus pares porteños la existencia de la resolución, que sería presentada en los próximos días por un representante de la provincia en el organismo, basada en la falta de cumplimiento del contrato –que vencía en marzo del año próximo– en relación con a la no reducción de los volúmenes de desperdicios.

De las 17.000 toneladas diarias de residuos que llegan a esos basurales, 6.000 provienen de la Ciudad. El resto llega de distintos puntos del conurbano bonaerense. Desde el Gobierno porteño aseguraron a BAE que la Ciudad no tiene ninguna posibilidad de tirar la basura dentro del territorio porteño. “Sería un verdadero desastre”, advirtió una fuente de la administración macrista. Y remató: “Es una artimaña más de la Nación para desfinanciar a la Ciudad”.

En ese sentido, un importante funcionario de Bolívar 1 señaló que en caso de que finalmente el gobierno de Scioli decida llevar adelante ese planteo, el Gobierno porteño presentará una medida cautelar para que la Justicia sea la que resuelva el tema.

Sin embargo, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, manifestó a este diario que no tiene conocimiento de la existencia de la resolución y sostuvo que es “imposible” que le prohíban a la Ciudad arrojar la basura en los predios del Ceamse, ya que la administración macrista tiene el 50% de las acciones de esa sociedad, mientras que la mitad restante está en manos de la provincia y los municipios. Por lo pronto, la Ciudad hará valer ese 50% para bloquear la resolución en marcha.

La avanzada, también en el Congreso

El Gobierno nacional tiene en etapa de pulido el anteproyecto de ley que llevará al Congreso para imponer un marco de regulación en todos los distritos federales sobre la disposición final de los residuos sólidos generados en cada una de las provincias. La letra gruesa deja claro la prohibición de trasladar de un distrito a otro la basura. En práctica, el mayor perjudicado será el gobierno porteño de Mauricio Macri, sin lugares a cielo abierto que pueda contener la disposición final de la basura domiciliaria que generan los capitalinos.

La redacción de la normativa fue confirmada por fuentes del Gabinete nacional y llegaría en escasos días al Congreso. Aunque algunos legisladores bonaerenses ya estaban advertidos de la iniciativa, debido a que su debate generará tensiones con el macrismo e inclusive en el bloque oficialista, si es que el moyanismo rechaza la iniciativa.

Desde la bancada PRO, a donde llegó la noticia, ya redoblan sus esfuerzos para sumar adhesiones de rechazo al proyecto. Una tarea difícil para la oposición, ya que contará con la impronta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, puntal kirchnerista y bonaerense.

Un complejo juego de ajedrez en el que Scioli y Moyano tratan de hacer equilibrio

“Yo quiero solicitar a la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de la aplicación de la Ley de Basura Cero, de la reducción de los volúmenes de residuos que vuelcan diariamente en la provincia, implementando en su territorio las nuevas tecnologías de tratamiento que lo posibiliten”, éstas fueron las palabras exactas que utilizó en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense el gobernador Daniel Scioli para elevar una queja histórica de la provincia a la Ciudad. A la luz de los hechos, lograban un doble objetivo: despegarse políticamente de la foto que lo mostraba en un partido de fútbol junto a Mauricio Macri, y anticipaba una jugada que circularía por los carriles de devolución.

La avanzada del Gobierno nacional para acorralar a Macri, ahora en términos de residuos sólidos urbanos, no lo tendrá a Scioli ya como un espectador o comentarista del ida y vuelta por el tema subtes, sino que deberá tomar partido. Situación incómoda que deberá afrontar porque la prohibición a los porteños de arrojar basura en territorio provincial le achicará el efectivo en las cajas de su administración.

“El Gobierno toma una decisión con alto contenido político: lo acorrala a Macri, lo enfrenta con Scioli, y al gobernador le quita aire financiero”, analizó para BAE un intendente del conurbano. Pero el mandatario provincial no es el único afectado.

En esta refriega ligan también los trabajadores del Ceamse, empresa mixta con representación de los estados de la Ciudad, la provincia y de los municipios del área metropolitana. La firma se encarga de la disposición final de la basura generada en esta región en los rellenos sanitarios bonaerenses. Desde el gremio AGOEC –Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales– sacan cuentas: “Si la Ciudad aporta el 50% del financiamiento y ahora queda afuera, nosotros no vamos a aceptar una reducción en nuestros ingresos”.

En este juego de ajedrez, un ex aliado del Gobierno también sufrirá las consecuencias. Sucede que el gremio AGOEC es controlado por Camioneros, que conducen Hugo Moyano y su hijo Pablo, que de todos modos caminan con pasos sigilosos para evitar quedar de la vereda del macrista: “Nosotros denunciamos la falta de la puesta en marcha de un convenio que firmaron tanto la Ciudad como la provincia en 2008. Ambos son responsables de la falta de inversión”, disparan las fuentes moyanistas.

Diario Bae