Buenos Aires, 23/09/2017, edición Nº 1774

Oyarbide, a gamba y con lo puesto

Según su declaración patrimonial, el magistrado de los anillos lujosos, las vacaciones en Punta Cana y la cena diaria en Puerto Madero no tiene tarjeta de crédito ni auto. Su presentación tiene más blancos que datos. Un departamento con cochera, una parcela en un cementerio de Pilar, ahorros por 6 mil pesos, 5 mil pesos en efectivo y 55 mil dólares son los únicos bienes que el juez federal Norberto...

Según su declaración patrimonial, el magistrado de los anillos lujosos, las vacaciones en Punta Cana y la cena diaria en Puerto Madero no tiene tarjeta de crédito ni auto. Su presentación tiene más blancos que datos.

Un departamento con cochera, una parcela en un cementerio de Pilar, ahorros por 6 mil pesos, 5 mil pesos en efectivo y 55 mil dólares son los únicos bienes que el juez federal Norberto Oyarbide presentó en su declaración jurada ante el Consejo de la Magistratura.

El juez federal, que investiga los expedientes más sensibles para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no tiene automóviles registrados, no contrajo ninguna deuda ni hipoteca en los últimos años y no posee tarjetas de crédito.

La última declaración patrimonial, fechada en mayo de 2009, tiene más espacios vacíos que casilleros completos. El contenido de la declaraciónjurada contrasta con el suntuoso estilo de vida que caracteriza al magistrado. En los últimos meses, Oyarbide se vio envuelto en una nueva polémica por la adquisición de un anillo, valuado –según trascendidos periodísticos– en 250 mil dólares. Luego, la revista Noticias publicó que el magistrado estaba hospedado en un lujoso hotel de Punta Cana cuya suite costaba 1.370 dólares por día.

Por si fuera poco, Lorena Martins, la hija de un ex miembro de la SIDE, denunció vínculos entre el juez y su padre, Raúl Martins. Desde México, Martins admitió haber invitado al magistrado a brindar clases de Instrucción Cívica en un colegio secundario y reconoció haberle comprado una parcela en un cementerio privado. Pero no precisó si se trata de la propiedad que hoy Oyarbide asegura haber adquirido con fondos propios.

El titular del Juzgado Federal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal declaró percibir un sueldo neto de 13.601 pesos en su última declaración patrimonial. Además de un departamento de 70 metros cuadrados valuado en 67.605 pesos y una parcela en el Jardín de Paz de Pilar cuyo valor no precisó. El magistrado declaró poseer 6.799 pesos en una caja de ahorro, 5 mil pesos en efectivo y 55 mil dólares.

“Existen indicios de inconsistencia entre los ingresos que declara el juez Oyarbide y lo que muestra públicamente”, explicó Ezequiel Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones no gubernamentales que bregan por la transparencia en el Poder Judicial.

La ACIJ accedió a las declaraciones juradas presentadas por Oyarbide durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 e hizo un análisis del patrimonio del juez federal. “Las declaraciones muestran una situación patrimonial incompatible con la adquisición de una joya de un valor tan alto”, dice la ONG en un documento.

El 27 de abril de 2010, el juez federal envió una carta al Consejo de la Magistratura en la que manifestó que “la situación patrimonial en el año 2009 no ha sufrido cambios significativos que ameriten la confección del juego de formularios presentados en esa oportunidad”. De todos modos, Oyarbide envió al organismo una copia de su presentación de pago de impuesto a los bienes personales en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Para Nino, la declaración jurada es “imprecisa” porque “es imposible suponer que la cantidad de dinero en efectivo, en la caja de ahorro, por ejemplo, se mantuviera exactamente igual”.

Según reveló esta semana Perfil.com, el salario del juez se incrementó en los últimos años y en febrero de este año cobró 31.878 pesos de remuneración neta. El sueldo básico bruto de un juez federal oscila hoy entre 22 mil y 23 mil pesos. “Y a eso hay que sumarle la antigüedad que es del 2% por año”, explicó otro magistrado con despacho en Comodoro Py.

La Ley de Etica de la Función Pública dispone que los miembros del Poder Judicial están obligados a presentar sus declaraciones juradas, y la Ley 25.188 estipula que los funcionarios públicos “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones”.

 

 

Rodrigo Alegre

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