Buenos Aires, 25/11/2017, edición Nº 1837

Micaela Zapata: “Nuevos vetos macristas”

La politóloga que integra el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) dijo que la gestión porteña “dedica grandes esfuerzos a profundizar estos déficits y batir sus propios records”. (CABA) La administración macrista en la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza por aplicar una profunda lógica pública, ni por su respeto a las instituciones o a los intereses públicos. Aún así, no puede negarse que dedica grandes...

La politóloga que integra el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP) dijo que la gestión porteña “dedica grandes esfuerzos a profundizar estos déficits y batir sus propios records”.

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(CABA) La administración macrista en la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza por aplicar una profunda lógica pública, ni por su respeto a las instituciones o a los intereses públicos. Aún así, no puede negarse que dedica grandes esfuerzos a profundizar estos déficits y batir sus propios records. Antes de finalizar el mes de Enero de 2014, Macri, a la cabeza del Poder Ejecutivo de la Ciudad, vetó un nuevo grupo de leyes sancionadas por el Poder Legislativo local. Según un relevamiento realizado por Infojus Noticias, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 25 de junio de 2013, Macri vetó 118 leyes sancionadas por el órgano legislativo, logrando un promedio superior a 20 vetos por año.

Las observaciones por las que el Poder Ejecutivo veta asiduamente muchos de los proyectos ponen de relieve la intencionalidad política de poner punto final a las temáticas promovidas por el órgano legislativo. Según indica la Constitución de la Ciudad, ante el veto total de un proyecto, éste vuelve a la Legislatura, que luego necesita el apoyo de dos tercios de sus miembros para convertirlo en ley; de lo contrario, queda imposibilitado para volver a tratarse en ese ciclo legislativo. Lo dificultoso es, dado éste caso, obtener los dos tercios de los miembros ante la negativa inicial del Ejecutivo.

Alternativamente, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite -por medio del artículo 88- el veto parcial de los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, siempre que ésta brinde su consentimiento. El veto parcial del Ejecutivo es remitido a la Legislatura para que ésta lo apruebe o, si eso no ocurre, reenvíe al Ejecutivo -con el voto de mayoría de dos tercios de sus miembros- el proyecto tal como originalmente fue sancionado.
El mecanismo parcial permite que la iniciativa tenga la oportunidad de ser reformulada para corregir las salvedades que puedan surgir. Sin embargo, sólo el 21,4% de los vetos entre las fechas señaladas fueron parciales. ¿Esto quiere decir 78,6% de los proyectos sancionados por la Legislatura que obtuvieron observaciones por parte del Ejecutivo fueron completos errores? Vale aclarar que muchas de las iniciativas vetadas fueron promovidas por miembros de la propia fuerza del PRO.

El problema con la serie de vetos que acumula la gestión de Macri, no es exclusivamente cuantitativo, sino que es también cualitativo. Si se realiza un repaso sobre las leyes vetadas durante su gestión se puede observar que muchos de ellos tienen una misma matriz: promover la inclusión de las mayorías y revertir privilegios hasta ahora contemplados para unos pocos.

Para mencionar algunos de los proyectos vetados de mayor relevancia de los últimos períodos legislativos cuentan los relacionados a la salud, tales como la regulación de la actividad farmacéutica en 2011, y en 2014 el proyecto de regulación para la venta al público de anteojos únicamente en las casas de ópticas o locales afines, previamente habilitados. En 2012 vetó también la regulación para el procedimiento de atención en el caso de abortos no punibles, lo que fuera anulado luego por la Justicia porteña, en línea con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En lo relativo a protección social de los sectores más vulnerables de la población, vetó proyectos que prestarían protección y garantías de derecho para personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Del mismo modo, se frenaron programas de inclusión laboral para jóvenes y se denegó el otorgamiento de determinados edificios para uso de organizaciones de la sociedad civil.

El veto de la prórroga de la ley de Emergencia Habitacional –en tiempos del gravísimo conflicto del Parque Indoamericano en Villa Soldati- suspendía los desalojos en los edificios pertenecientes al Estado porteño que se encontraban ocupados por personas sin vivienda. Hoy continúa la serie de violentos desalojos, sin una política integral y concreta de resolución de la crisis habitacional en el distrito. Tiempo atrás, negó con endebles argumentos la expropiación de un edificio para vivienda social en la avenida Boedo 1971.

Para completar el cuadro, se vetaron proyectos de divulgación pública del funcionamiento del sistema de comunas que impulsaran la participación de los habitantes de la ciudad. Adicionalmente, el año pasado el Jefe de Gobierno porteño vetó una ley votada por la totalidad de los legisladores del recinto que brindaba protección a las empresas recuperadas por sus trabajadores luego de la crisis de 2001.

Queda claro que, desde el discurso, Macri afirma defender la institucionalidad, la independencia de los poderes públicos y el interés de los vecinos de la ciudad. Sin embardo, desde la gestión de veto, reduce las políticas de protección social, acciona en detrimento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y limita el ejercicio de los derechos políticos al impedir la total implementación del sistema de comunas, cuyo espíritu fue desde sus orígenes la descentralización del poder hacia los habitantes.

Micaela Zapata es politóloga e integra el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).

Fuente: Infobae

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