Buenos Aires, 23/10/2017, edición Nº 1804

Madres del Dolor: se juntaron para buscar justicia tras perder a sus hijos

Siete madres que perdieron en forma violenta a sus hijos se unieron para luchar contra la impunidad y para hacer el bien por los demás. Desde hace casi 11 años que pelean contra la inseguridad vial, los delitos sexuales y las muertes violentas. (CABA) Les ocurrió ya infinidad de veces: el teléfono suena y, cuando atienden, quien habla al otro lado de la línea no quiere denunciar un hecho ni...

Siete madres que perdieron en forma violenta a sus hijos se unieron para luchar contra la impunidad y para hacer el bien por los demás. Desde hace casi 11 años que pelean contra la inseguridad vial, los delitos sexuales y las muertes violentas.

asociacion madres del dolor

(CABA) Les ocurrió ya infinidad de veces: el teléfono suena y, cuando atienden, quien habla al otro lado de la línea no quiere denunciar un hecho ni llama para pedir ayuda; simplemente quiere que lo escuchen. Intenta desahogarse. Necesita llorar, soltar la angustia.

Y ahí, para escuchar, siempre están estas mismas mujeres: un grupo de siete madres que perdieron en forma violenta a sus hijos y que luchan, muchas veces en silencio y sin protagonismo, para hacer el bien por los demás. Para lograr justicia.
Silvia Irigaray, Viviam Perrone, Marta Canillas, Isabel Yaconis, Elvira Torres, Elsa Gómez y Nora Iglesias son las siete integrantes de la Asociación Madres del Dolor, una ONG que desde hace casi 11 años le pone el cuerpo a la lucha contra la inseguridad vial, los delitos sexuales y las muertes violentas.

Al intentar recordar cómo se formó Madres del Dolor, la memoria las lleva a Núñez, once años atrás, cuando sin conocerse se cruzaron en las marchas que organizaba Yaconis para pedir justicia para su hija Lucila, una estudiante de 16 años que el 21 de abril de 2003 fue agredida sexualmente y asesinada junto a las vías del ferrocarril Mitre, en Núñez. Un crimen que hoy sigue impune.

Entre las personas que se acercaban a esas marchas había familiares de víctimas de hechos violentos que les pedían que hicieran algo por ellos, también. Así comenzaron a juntarse. Ése fue el inicio…

“Somos un grupo de madres que nos conocimos por situaciones difíciles de la vida”, explica a modo de presentación y con una sonrisa Canillas, de 64 años. El 12 de julio de 2002, su hijo Juan Manuel, de 23 años, fue asesinado por una banda de secuestradores. Lo mataron de un tiro en la espalda a pesar de que la familia había pagado el rescate.

Fue el presidente Néstor Kirchner quien les recomendó que armaran una ONG para tener personería jurídica. Eso fue a fines de 2003. Estaban en la Casa Rosada, adonde habían sido convocadas para una reunión después de que se supiera que estaban preparando un petitorio o una carta por la crisis de la seguridad.

La asociación, al principio, no tenía un lugar fijo de reunión. Se juntaban en sus casas o en los trabajos de sus esposos. Después alquilaron una oficina cerca del Congreso. Durante un tiempo, como no tenían sillas, se sentaban en la alfombra. La fueron equipando de a poco.

El año pasado se mudaron a Vicente López, a una casa que la municipalidad local les entregó en comodato por cuatro años. Había sido una promesa del anterior intendente, Enrique “Japonés” García, que terminó cumpliendo el actual, Jorge Macri, quien les dejó el inmueble como si fuera a estrenar: pintado y con instalaciones nuevas.

Cuando LA NACION llegó a la sede de la asociación, en Fray Justo Sarmiento al 300, Perrone y Canillas estaban en plena tarea. Contaban las firmas que llevan juntadas en la campaña que ahora les quita el sueño: evitar que pierda estado parlamentario el proyecto para que el abandono de persona y el consumo de estupefacientes sean agravantes en los casos de inseguridad vial. El día de la entrevista con LA NACION ya tenían más de 76.000 adhesiones.

“La asociación me dio un motivo para vivir. Me hizo sentir viva después de la muerte de mi hijo. Puedo seguir sin odio y sin sed de venganza. Me siento una mujer feliz. Lo más importante para mi vida es hacer el bien para los demás”, dice Perrone a LA NACION.

Ella es profesora de literatura en idioma inglés y tiene 53 años. Su lucha lleva más de 12 años. El 8 de mayo de 2002 murió su hijo Kevin Sedano, de 14 años. Había sido arrollado una semana antes, en Libertador y Corrientes, Olivos, por un automovilista que no se detuvo a socorrerlo.

Eduardo Sukiassian, el conductor del vehículo, fue condenado en 2007 a la pena de tres años de prisión efectiva, pero después recibió el beneficio del arresto domiciliario.

“La unión de las madres es una de las mejores cosas que me pasaron desde que fusilaron a mi hijo. Encontré el camino para hacer algo por los demás. Es un camino difícil, pero agradezco poder compartirlo”, explica Irigaray, de 59 años.

Su hijo Maximiliano Tasca, de 25 años y flamante licenciado en Relaciones Internacionales, fue asesinado el 29 de diciembre de 2001, en un maxiquiosco de una estación de servicio de Floresta. No fue la única víctima de ese hecho en aquellas horas trágicas para el país: también mataron a Adrián Matassa y a Cristian Gómez, de 23 y 25 años, respectivamente. Por el triple crimen, en marzo de 2003 fue condenado a la pena de reclusión perpetua el policía Juan de Dios Velaztiqui.

Irigaray es hoy la presidenta de Madres del Dolor, cargo que antes ocupaba Perrone. Ella, abuela de Tomás Maximiliano, está convencida de que siempre hay que luchar: “Hasta el final hay que luchar, y eso es lo que hacemos las Madres del Dolor. Si una cae, entre todas la levantamos. No queremos dar lástima, no hay que gritar ni llorar, la mejor forma de lucha es respirar hondo, poner primera y arrancar”.

En estos 11 años el camino que recorrieron las Madres del Dolor fue azaroso. Por momentos tuvieron muchos obstáculos, pero lograron sortearlos y celebrar grandes logros, como el registro de ADN de personas condenadas por delitos sexualesy las campañas de concientización sobre la problemática de la seguridad vial.

Pero, como siempre, van por más. Por ejemplo, ahora intentan conseguir que una persona condenada por un delito sexual ingrese en el registro de ADN desde la sentencia en primera instancia de un tribunal, no como hasta ahora, que eso sucede cuando la pena queda firme.

Canillas hace trabajo social desde mucho antes de que la inseguridad le arrebatara a su hijo Juan Manuel. Cuando era adolescente iba a leerles a pacientes en hospitales. Después, antes del regreso de la democracia, colaboró con el sacerdote Pablo Tissera, reconocido por su solidaridad con la gente más humilde. También es vicepresidenta de Missing Children. “Me siento feliz. Siento que puedo ayudar al otro”, dice, siempre con una sonrisa angelical.

Se podría decir que cada una de las integrantes de las Madres del Dolor tiene una especialidad dentro de la asociación. Perrone se encarga de los casos de inseguridad vial; Yaconis, de los delitos sexuales; Gómez e Irigaray son las que intentan estar presentes en los juicios para acompañar a los familiares de las víctimas, y Canillas se enfoca en los casos de secuestros extorsivos.

El miércoles pasado tuvieron un gran logro. Desde octubre de 2014 luchaban para que el polémico juez de Ejecución Penal Axel López fuera sometido a juicio político. Las madres lo consiguieron..

Así lo definió el plenario del Consejo de la Magistratura, que decidió que López no sea suspendido en su cargo mientras se sustancian los actos preliminares del proceso, que tiene un plazo máximo de seis meses.

Uno de los casos por el que López está acusado es el de Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones; el magistrado le concedió la libertad condicional y dos semanas después de salir, mientras trabajaba como remisero, intentó violar y asesinó a Tatiana Kolodziey, de 33 años, en Chaco.

“No nos gusta nada cuando nos cruzamos con jueces que hacen mal su trabajo. Desde octubre de 2012 estamos muy preocupadas por el juez López. El Consejo de la Magistratura nos dio la razón y sostuvo que el juez López se equivocó. Lo más importante de esta decisión es que los consejeros nos escucharon”, explicó a LA NACION Irigaray, pocas horas después de la decisión del Consejo de la Magistratura.

El teléfono de la Asociación Madres del Dolor no deja de sonar. En promedio las llaman diez personas por día. A la mañana, la encargada de atender es una voluntaria. A la tarde puede ser cualquiera de estas siete madres.
“Nos sorprende mucho la gente que llama simplemente para agradecer. Hay personas que sólo llaman para que las escuchemos”, cuenta Canillas.

A veces sienten que no dan abasto. A la sede de la fundación llegan familiares de víctimas de hechos de violencia que no tienen a quién acudir. Son estas madres quienes los orientan y tratan de ayudarlos. La madre de Kevin no puede olvidarse de una mujer que llamaba seguido y que lo único que hacía era llorar: “Me sensibilizaba mucho esa persona. Creo que sentía que nosotras podíamos llegar a entenderla porque pasamos por lo mismo que ella”.

Así son: sensibles y solidarias a la hora de dar apoyo a los que sufren el dolor de la pérdida, pero fuertes y persistentes cuando llega el momento de luchar para conseguir leyes capaces de prevenir esas situaciones que, como las que ellas y tantos otros vivieron en carne propia, sólo causan devastación y tragedia.

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