Buenos Aires, 24/11/2017, edición Nº 1836

Macri, la política detrás del veto

Desde el inicio de su gestión en 2007, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó 99 leyes que la Legislatura había sancionado. La creación de un laboratorio estatal de medicamentos, el subsidio a una asociación de chicos con síndrome de down, la regulación de la publicidad oficial y la convocatoria a un Congreso Pedagógico para discutir una ley de educación son sólo algunos de los proyectos que cayeron bajo...

Desde el inicio de su gestión en 2007, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó 99 leyes que la Legislatura había sancionado. La creación de un laboratorio estatal de medicamentos, el subsidio a una asociación de chicos con síndrome de down, la regulación de la publicidad oficial y la convocatoria a un Congreso Pedagógico para discutir una ley de educación son sólo algunos de los proyectos que cayeron bajo el “no” del Poder Ejecutivo.

Para la politóloga María Esperanza Casullo, “la institución del veto está diseñada para ser usada lo más excepcionalmente posible, y no como un recurso de la gobernabilidad cotidiana”. El profesor e investigador de la UBA Lucas Arrimada analizó: “El veto es un recurso expedito y claro, cuyo efecto es directo y simple, muchas veces injustificado o con fundamentos -al menos- dudosos”.

“Lo veo en el marco del funcionamiento institucional del sistema presidencialista, representan el 6% de lo votado. Dos tercios de ellos son parciales y en muchos casos tienen que ver con cuestiones técnicas”, consideró por su parte la diputada nacional por el PRO y ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso. Para la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, detrás de esta práctica recurrente del jefe de gobierno se observa “una falta de conocimiento y criterio de lo que las leyes generan y producen sobre la calidad de vida de mucha gente. ¿Se le puede decir a los afectados ´bueno, son poquitos los vetos?´”, se preguntó.

“Las cuestiones técnicas se resuelven en la reglamentación de las leyes. Los vetos son por cuestiones políticas, sociales, de políticas públicas y en muchos casos de negocios, como en el caso de los medicamentos libres. Pero, además, son un menosprecio al rol de la legislatura y a sus propios legisladores. Da vergüenza que la presidenta de la legislatura (María Eugenia Vidal) los defienda cuando ella sería la primera en tener que reclamar que se respete las decisiones tomadas por los legisladores”, afirmó la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti.

Los vetos polémicos

Fabricación de medicamentos. El gobierno de Macri vetó en su primer año de gestión el proyecto de ley que creaba el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos para la Ciudad. La iniciativa contemplaba la fabricación de remedios para poder proveer a los hospitales públicos porteños de ese insumo básico a un bajo costo. “La salud es un derecho básico para todos y lo que planteábamos tenía una función decisiva ante las maniobras monopólicas de los laboratorios”, sostuvo una de las impulsoras de ese proyecto, la ex legisladora del Frente para la Victoria Ana María Suppa.

Emergencia habitacional. El jefe de gobierno también vetó a la Ley 3654, que establecía una prórroga de la emergencia habitacional. Esta iniciativa permitía asegurarles un techo a personas en situación de calle, residentes en casas tomadas, conventillos y asentamientos. “La prórroga se había aprobado después del conflicto del Indoamericano, en el que murieron tres personas”, explicó Sánchez Andía. “Debido a esta decisión, no hay un fondo de 50 millones de pesos para tratar temas relativos a la emergencia habitacional. Es un signo de que el macrismo elige mirar para otro lado, es negarles un derecho a miles de personas”, agregó.

Congreso Pedagógico. Después de haber sido aprobado con votos de la bancada PRO, Macri vetó la ley que convocaba a un debate sobre la educación en la Ciudad, con vistas a consensuar los puntos de una futura ley general sobre la materia. El autor del proyecto, el ex legislador Sergio Abrevaya, dijo que la decisión tiene que ver con la influencia y la presión que sectores de la Iglesia ejercieron sobre el gobierno. “Los que tienen la rémora de saber lo que es presionar al estado, tienen que saber que no pueden seguir haciéndolo”, afirmó en declaraciones a CN23. Por su parte, Alonso rechazó esos cuestionamientos y adujo que el encuentro va a realizarse. “No estaban dadas las condiciones para discutir a fondo con todos los actores, pero la discusión no está cerrada”, expresó.

Subsidio a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). “No resulta conveniente otorgar únicamente un beneficio de este tipo a una entidad en desmedro de muchas otras organizaciones de la sociedad civil que también llevan adelante actividades de colaboración con el rol estatal sobre la temática”. Con esas palabras, el gobierno porteño dejó sin los 50.000 pesos que la Legislatura les había otorgado como subsidio para poder realizar sus actividades. La iniciativa había sido de un legislador de su propio espacio, el fallecido Gerardo Ingaramo.

Detrás del número

Más allá de la cantidad de leyes vetadas, un dato llamativo es que el 90% de las leyes impugnadas por Mauricio Macri fueron acompañadas por el partido político que integra. ¿A qué obedece este fenómeno? “El legislador siempre tiende a tener una visión distinta al Ejecutivo”, ensayó la diputada nacional de PRO como respuesta. “Los legisladores miramos películas más globales y menos especificas y puede haber una diferencia de enfoques. Los vetos, así como las insistencias, merecen lecturas políticas profundas: se puede decir o que la Legislatura es mala técnicamente o que se sancionan leyes sobre temas que habían resuelto por vía administrativa”, manifestó. Para Sánchez Andía, esta situación “demuestra la falta de valor que le da Macri a la Legislatura”. Suppa señaló que “el jefe de gobierno está desoyendo lo que los ciudadanos dicen, porque los legisladores son los representantes del pueblo”.

El Poder Legislativo tiene la capacidad de insistir sobre los proyectos sancionados originalmente. Para eso necesitan reunir 40 votos sobre un total de 60. Se trata de un escenario improbable, tanto por la lógica institucional como por la disciplina partidaria del macrismo.

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