Buenos Aires, 24/11/2017, edición Nº 1836

Lugano: marginalidad y problemas estructurales

Geografo de la UBA y Magister Problematicas Urbanas (UNY), reflexiona sobre la causas y las responsabilidades de los sucedido en el barrio Papa Francisco. Escribe Héctor Zajac (CABA) Los eventos de Lugano del sábado pasado puntualizan el estilo de debate crónico en nuestro país con posiciones que, criminalizando la pobreza, avalan las topadoras, hasta otras “principistas” cuyo efecto ha sido una complacencia que ha servido de excusa para la parálisis....

Geografo de la UBA y Magister Problematicas Urbanas (UNY), reflexiona sobre la causas y las responsabilidades de los sucedido en el barrio Papa Francisco.

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Escribe Héctor Zajac

(CABA) Los eventos de Lugano del sábado pasado puntualizan el estilo de debate crónico en nuestro país con posiciones que, criminalizando la pobreza, avalan las topadoras, hasta otras “principistas” cuyo efecto ha sido una complacencia que ha servido de excusa para la parálisis.

Lo que sucede en la villa Papa Francisco es el emergente del agravamiento de un problema estructural de las grandes áreas metropolitanas en América latina por años de inacción e incapacidad generalizada del Estado para atacarlo: la tensión entre una creciente necesidad de vivienda por parte de vastos sectores populares, y una oferta insuficiente. La situación es apremiante: el déficit de viviendas de la Ciudad de Buenos Aires se incrementó en un 77,6% entre 1991 y 2010, el 70% en los últimos 10 años en los que la ciudad retrocedió en materia habitacional.

No se ha avanzado ni con el Plan Federal, ni con el Procrear, cuyo desarrollo implicaba recuperación de tierras vacantes.

Tampoco hubo urbanización de villas ni generación de nuevas viviendas.

El grueso de la construcción de vivienda privada en la Argentina es parte de un círculo vicioso especulativo vehiculizado por una clase política que debería diferenciarse del empresario inmobiliario pero que sin embargo mira la tierra como una mercancía, avalando rezonificaciones y permisos de construcción sobre lugares que, en desmedro de la vivienda pública, se destinan a torres o countries, y que lejos de satisfacer una necesidad social incrementan la brecha entre producción y uso de espacio urbano.

Vastos sectores medios de nuestro país -que tienen que resignarse a alquilar, sin posibilidad de acceso al suelo, por sus altos costos- cuestionan las ocupaciones que se llevan a cabo, y que se reclame acceso inmediato a la vivienda cuando para ellos ésta se ha transformado en un lujo inalcanzable.

Pero debe decirse que los pobres no sólo no acceden al mismo mercado de alquileres en zonas de vivienda formal y con servicios por carecer de garantías, sino que muchos sufren una doble segregación pagando una renta dentro de la villa que gravita de modo significativamente mayor en términos de porcentajes sobre el ingreso que en las clases medias, compartiendo baño con otras familias y en situación ambiental crítica.

La ética especulativa — a veces- desdibuja el eje de clase de un conflicto que enfrenta también a pobres contra pobres: luego del desalojo los alquileres aumentaron hasta un 35% en villas aledañas. Para problemáticas sociales como esta, no hay soluciones definitivas sino prácticas de gestión apropiadas que paulatinamente redunden en mejoras cualitativas en la accesibilidad al suelo urbano. Pero para poder avanzar, es necesario cambiar el modo de “pensar la ciudad”.

Tenemos un paradigma de políticas públicas impregnado de un positivismo que atrasa; que cree erróneamente que la falta de vivienda sólo se sobrepone construyendo más viviendas; es decir, que todo se reduce al financiamiento y ejecución de programas de construcción.

Pero en una ciudad donde en promedio la cuarta parte de la misma permanece ociosa, deben regularse en cambio los mercados existentes y el acceso al suelo, es decir, no sólo es un tema de cantidad, sino de desigualdad que la mirada actual reproduce.

La experiencia europea plantea un freno al ejercicio indiscriminado de los derechos individuales sobre los inmuebles mientras amplía los sociales sin afectar la propiedad individual, procurando una armonía entre ésta y el interés colectivo.

Para lograrlo, penaliza la permanencia voluntaria del desuso y fomenta la rehabilitación con fines de alquiler o venta.

En Alemania, multan a propietarios de viviendas deterioradas que no cumplen con la intimación de rehabilitarlas llegando a veces a la administración sustitutiva de la vivienda por el Estado o alquiler forzoso.

En Inglaterra, la Agencia Estatal de la Vivienda Vacía media entre municipios y propietarios para reducir su número, impide el deterioro y pone en valor el parque inmobiliario. Cuenta con presupuesto para adquirir terreno o vivienda privada vacía y ponerla en alquiler social, además de incentivos fiscales para propietarios que compren y rehabiliten vivienda vacía.

En caso de viviendas privadas más de 6 meses vacías, los municipios tienen la facultad de llevar a cabo su venta o alquiler forzoso, excepto que se pruebe segunda residencia o sucesión en trámite.

La propiedad es un derecho según se consagra en la constitución de la CABA, que en forma absoluta naturaliza que el dueño decida la posibilidad de no uso de la vivienda. Urge la aprobación, ya con media sanción en Senadores e inminente tratamiento en Diputados, del nuevo Código Civil y Comercial que consagra la función social de la misma y limita el derecho de propiedad cuando en su ejercicio se incide sobre la calidad de vida de terceros: una alta tasa de desocupación de vivienda como la porteña mediatiza el acceso de vastos sectores a ésta y a los servicios a los que su localización va asociada, comprometiendo el desarrollo social de dichos sectores.

Asimismo, la concurrencia jurisdiccional de las fuerzas de seguridad observada en el manejo del desalojo debería ser correspondida por la articulación a nivel nacional de una política de Estado para el desarrollo de vivienda pública y de urbanización e integración de las villas y asentamientos ya existentes.

Fuente: Clarín

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