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Luego de un fuerte operativo de inspección, se anularían tres millones de celulares robados

(CABA) Cada vez más, el celular forma parte de la vida cotidiana. Ya no es sólo un equipo de comunicación de datos de voz, sino también un complemento utilizado para múltiples tareas laborales y una herramienta hoy vital para los momentos de ocio. Perder ese aparato es una trastorno mayúsculo para cualquiera. Y esa pesadilla no es algo lejano si se tiene en cuenta que el robo de celulares es uno de los delitos más padecidos por los argentinos. En los últimos dos años fueron hurtados unos tres millones de aparatos y el Gobierno busca que esas unidades sean inhabilitadas a partir de marzo próximo.

Ese lapso tendrán las compañías proveedoras del servicio de telefonía móvil para regularizar la información de sus clientes, con la identificación de la línea con un único equipo. El dato fue aportado ayer durante una presentación conjunta de los ministerios de Seguridad y Comunicaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Los principales funcionarios de esas dependencias explicaron los alcances de una resolución que procura frenar el comercio ilegal.

“El robo de celulares es uno de los delitos más terribles y genera mucha incertidumbre en la sociedad”, comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las cifras oficiales indican que desde enero pasado hasta ayer se denunció el hurto de 1.023.584 equipos, en una disminución del 20 por ciento con relación a lo registrado en 2015.

“Buscamos que un chip de línea no pueda operar cuando no corresponda con el IMEI (la sigla en inglés del número de serie del teléfono conocido como identidad internacional de equipo móvil)”, explicó la funcionaria.

Bullrich indicó que las fuerzas de seguridad desmantelaron este año más de 50 locales dedicados a alterar los celulares robados para permitir su utilización con otras líneas. Pero la magnitud del negocio detrás del robo de equipos de comunicación móviles llevó al Gobierno a analizar alternativas. Y se decidió la creación de una “lista negra” de equipos denunciados por sus propietarios para que las compañías bloqueen su uso. Los técnicos oficiales afirman que las empresas tienen la capacidad de detectar si un equipo tiene alterado su IMEI y en las conversaciones con esas compañías se determinó que los aparatos que generen dudas sobre su procedencia serán inhabilitados.

El titular del Enacom, Miguel de Godoy, informó que habrá un plazo de 90 días para la identificación de los nuevos equipos, mientras que se espera en 18 meses tener un registro de todos los aparatos en actividad. Cada compañía de servicio de telefonía móvil deberá implementar la forma en que los usuarios validarán sus datos, con un esquema similar al utilizado para ratificar la identidad cuando se accede a información bancaria o de tarjetas de crédito.

“El Gobierno no quiere tener las listas de usuarios, eso quedará en manos de cada compañía y su relación con los clientes. Pero las empresas deberán tener esa nominatividad por chip y por aparato”, indicó Oscar Aguad , el ministro de Comunicaciones.

En la Argentina hay en servicio cerca de 60 millones de líneas de telefonía móvil y se estima que al menos la mitad no tiene completamente identificado al propietario con su número y equipo en uso actual. El sistema que promueve el Gobierno implica que frente a un cambio de chip de línea el aparato reaccione en forma automática para solicitar la verificación de identidad.

Los equipos técnicos de los ministerios de Seguridad y de Comunicaciones señalaron que ni siquiera en todos los casos de robos de celulares son modificados los IMEI de los aparatos, sino que simplemente se cambia el chip de línea y el usuario que compró un teléfono ilegal puede utilizar hoy el equipo sin problemas. Los funcionarios aseguraron que esos aparatos serán los primeros en darse de baja.

“El que usa un teléfono robado tiene que saber que pronto lo podrá utilizar sólo como un pisapapeles”, manifestó Bullrich.

Tanto Aguad como Godoy ratificaron que se mantendrá el sistema de venta descentralizada de chips prepagos, pero que se estudiará con los empresas la forma en que la adquisición de esas líneas tenga mayores seguridades. Una de las alternativas pasa por hacer responsable judicialmente al vendedor minorista de la verificación de identidad del comprador.

Es que el sistema de telefonía celular prepaga funciona de forma casi anónima y es empleado por su fácil acceso por las bandas de delincuentes. Bullrich señaló que en allanamientos realizados en casos de secuestro y narcotráfico siempre se encuentran decenas de chips para cambiar las líneas telefónicas y, de esa manera, obstaculizar las investigaciones judiciales basadas en la escucha de conversaciones.

En los próximos meses cada chip deberá estar asociado a un único aparato y estos elementos tendrán que pertenecer a un usuario correctamente identificado.

 

FUENTE: LA NACIÓN

S.C.