Los trabajadores desalojados de La Salada serán reubicados en el Mercado Central

(PBA) La experiencia de la Ciudad con los manteros desalojados de la zona de Once y de la avenida Avellaneda será el molde del plan que prevén ejecutar los gobiernos nacional y provincial con los puesteros desalojados de La Salada tras los operativos de la semana pasada en los que cayó preso Jorge Omar Castillo, el administrador de la feria Punta Mogote, uno de los tres grandes predios de venta de indumentaria de Ingeniero Budge.

Ayer a la mañana hubo una reunión entre las autoridades de los ministerios de Trabajo que encabezan Jorge Triaca, en la Nación, y Marcelo Villegas, en la provincia de Buenos Aires. En ella se comenzó a delinear el plan de reubicación de los puesteros de Lomas de Zamora: irán a espacios en el Mercado Central -en Tapiales, partido de La Matanza- al cabo de un censo y de una capacitación que los proveerá de recursos para poder realizar su actividad comercial “en regla”.

En tanto, se complicó todavía más la situación procesal de Castillo. El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió al juez federal del distrito Federico Villena que investigue al “Rey de La Salada” por lavado de dinero. Hasta ahora, la causa federal estaba limitada a la presunta evasión fiscal impositiva de las ferias Punta Mogote, Urkupiña y Ocean.

Esta ampliación es de vital importancia y le imprimirá, a partir de ahora, un avance sustancial a la causa, ya que se amplía la base fáctica de investigación y se pueden tomar más y más profundas medidas de prueba”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

La pesquisa estaba en fase de desclasificación y organización de la documentación secuestrada el miércoles pasado en la feria. Son cien cajas con papeles que deben analizar los expertos contables de la AFIP. Al cabo de esa evaluación saldrá el informe con la llamada “determinación de oficio” de la presunción de evasión fiscal.

Pero ahora, con la nueva imputación por lavado de dinero, el juez Villena puede ordenar otras medidas, desde el levantamiento del secreto fiscal y bancario -para revisar las cuentas de Castillo y de los demás directores y administradores de las firmas bajo investigación- hasta trabar cautelares sobre los bienes de los imputados. Al respecto, fuentes judiciales confiaron que hay documentos que refieren la existencia de cuentas offshore en Panamá atribuibles a firmas del “Rey de La Salada”.

En cuanto a la reubicación de los puesteros que desde la semana se quedaron sin lugar para ofrecer sus mercaderías, como lo hacían en los lugares que Castillo y sus lugartenientes les “alquilaban” ilegalmente y eventualmente bajo términos extorsivos, fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación explicaron que se prevé hacer un empadronamiento y censo de los comerciantes, una posterior capacitación (en la Capital, por caso, se hizo con la participación de la Federación de Comercio de Buenos Aires -Fecoba-) en cuestiones impositivas y de administración de empresas, y la asistencia del Estado para que los seleccionados puedan desarrollar su actividad.

El objetivo, se explicó, es no dejar a miles de familias sin posibilidad de continuar con su medio de subsistencia luego de que se quedaron sin espacio en las adyacencias de las ferias de La Salada. En otras palabras: mantener la paz social.

MG

FUENTE CONSULTADA: LA NACIÓN