Buenos Aires, 19/11/2017, edición Nº 1831

Los padres de Cromañón impidieron el inicio del segundo juicio

El segundo juicio oral por el incendio en el boliche República Cromañón fue suspendido sin fecha debido a incidentes protagonizados por padres de las víctimas que no pudieron ingresar a la sala de audiencias. Debido a que el recinto tiene capacidad para aproximadamente 30 personas, una gran cantidad de familiares quedó afuera y se enfrentó con personal de seguridad en los pasillos del Palacio de Tribunales apenas comenzada la audiencia,...

El segundo juicio oral por el incendio en el boliche República Cromañón fue suspendido sin fecha debido a incidentes protagonizados por padres de las víctimas que no pudieron ingresar a la sala de audiencias.

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Debido a que el recinto tiene capacidad para aproximadamente 30 personas, una gran cantidad de familiares quedó afuera y se enfrentó con personal de seguridad en los pasillos del Palacio de Tribunales apenas comenzada la audiencia, lo que obligó a suspender el debate “por cuestiones de seguridad”.

Cerca de las 10, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 dio inicio al juicio al dueño del local donde funcionaba el boliche, Rafael Levy, al ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López; a su segundo Enrique Carelli, al ex director de Seguridad Privada Vicente Rizzo y al ex comisario de la seccional 7ma. Gabriel Sevald.

A la sala ingresaron unos 15 padres representados por el abogado José Iglesias, en tanto que como a los otros letrados, Patricio Poplavsky y Marcelo Parrilli, se le habían asignado sólo dos lugares, los padres decidieron no entrar.

Dentro de la sala, Cristina Bernasconi, madre de una víctima, comenzó a leer los nombres de las 194 muertos, pero cuando iba por el número 26, la presidenta del tribunal, María Cecilia Maiza, la interrumpió y le dijo que eso no estaba previsto en el reglamento.

Entonces, los padres comenzaron a gritar “¡Los chicos de Cromañón presente, ahora y siempre!, pero también fueron obligados a callarse o se desalojaba la sala.

Finalmente, se verificó que todos los imputados y las partes estuvieran presentes y se inició la lectura de la elevación a juicio de las querellas, pero en menos de 10 minutos los padres que habían quedado afuera comenzaron a gritar y a empujar para entrar en la sala.

Algunos se enfrentaron al personal de seguridad privada y traspasaron un pasillo cuyo acceso les estaba vedado, lo que motivó que Maiza suspendiera la audiencia hasta nuevo aviso.

“El tribunal tiene que buscar otro lugar, la sala de Cromañón I o la del juicio a la AMIA en Comodoro Py, pero es muy importante la oralidad y que todos los padres puedan entrar”, dijo a Télam Poplavsky.

Por su parte, Bernasconi consideró que lo ocurrido “es responsabilidad de los miembros del Poder Judicial porque hay 379 padres y es deber de ellos que ingresemos todos”.

“Sabíamos que esto iba a suceder y hago responsable al TOC 24 de no haber organizado todo. Esto no le hace bien a la causa Cromañón”, remarcó la madre de Nicolás Landoni.

“Nuevamente el poder judicial nos falló y nos hemos encontrado en una situación terrible que hemos sufrido algunos padres. Si vamos a hablar de enemigos esos son los cinco imputados no los padres de Cromañón”, agregó Bernasconi.

Otra madre, Silvia Bignami, se quejó de que enfrentan a los padres a discutir entre ellos quien entra y quién no.

“No se trata de la caradurez de los defensores que dicen que hay que garantizar la seguridad de los acusados, se trata de garantizar a quienes tenemos derecho a saber qué pasa con la muerte de nuestros hijos, que podamos escuchar, porque es lo único que podemos hacer”, remarcó.

En el juicio que debía comenzar este jueves, la acusación más grave pesa contra Levy, procesado como coautor de estrago doloso agravado por la muerte de personas en concurso real con cohecho activo: el primer delito tiene una pena de entre ocho y 20 años de cárcel y el segundo de 1 a 6.

A Levy se lo responsabiliza directamente por el incendio y también de pagar coimas para que el local de Bartolomé Mitre al 3000 no fuera controlado por la Policía.

A Sevald se lo acusa de cohecho pasivo (recibir dinero, en este caso para no fiscalizar), delito que tiene igual pena que el activo, y a López, Rizzo y Carelli de ser coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que prevé hasta dos años de prisión.

La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando el grupo de rock Callejeros tocaba en el local y un grupo de jóvenes nunca identificados arrojó bengalas que incendiaron el techo.

Por el hecho, se realizó un primer juicio en el que se condenó al ex gerenciador Omar Chabán, a su mano derecha, Raúl Villareal, al ex subcomisario Rubén Díaz y se absolvió a la banda Callejeros, luego condenada a partir de un fallo de la Cámara de Casación.

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