Buenos Aires, 24/10/2017, edición Nº 1805

Las empresas de grúas dicen que no les alcanzan los subsidios

Sostienen que durante 2014 tuvieron un déficit de unos $ 4 millones.

(CABA) Tienen ingresos por la remoción y acarreo de vehículos y el estacionamiento medido, y subsidios del Estado. Pero las empresas que explotan el servicio de grúas afirman que en 2014 perdieron más de cuatro millones de pesos.

El año pasado, Dakota-STO y BRD-SEC recibieron $ 52.000.000 (24 y 28 millones, respectivamente) en distintos pagos realizados por el Ministerio de Desarrollo Económico. Según esos números, cada 24 horas Dakota-STO recibió $ 65.753 y BRD-SEC, $76.712. Cada una de ellas paga 55.000 pesos mensuales por la explotación del servicio. Los contratos de concesión están vencidos desde 2001.

La regulación llegará con la aplicación de un nuevo sistema de estacionamiento medido, que incluye parquímetros en más barrios, la ciudad dividida en cinco zonas y más playas de acarreo. Pero el llamado a licitación pública, que inicialmente se había fijado para el 15 de agosto de 2014, se postergó hasta el 19 de mayo próximo.

Hoy la única certeza que tiene el gobierno porteño es que la Justicia le liberará el camino para implementar el aumento en los acarreos de vehículos, suspendido en enero por un recurso de amparo. En los próximos días la tarifa será de 580 pesos, un 29% más que los $ 450 que rigen desde febrero de 2014. También aumentará la ficha del estacionamiento medido, que será de 4 pesos a partir de que la resolución se publique -posiblemente esta semana- en el Boletín Oficial.

Las empresas tendrán así mayores ingresos, aunque, según sus cifras, no los suficientes como para cerrar los balances con saldo positivo. La nueva tarifa se encuentra muy lejos de lo que ambas sostienen que deberían cobrar por cada acarreo. Entre las dos suman entre 7000 y 12.000 acarreos por mes. Según las fuentes consultadas, Dakota y BRD afirman haber cerrado el año pasado con pérdidas, entre las dos, de más de $ 4.000.000.

Alquiler de cocheras y de maquinarias“, “adicionales” y otros conceptos son las partidas que figuran en las planillas mensuales con las que Desarrollo Económico ejecuta pagos a las empresas por montos superiores a los dos millones de pesos.

La denominación nada tiene que ver con el destino de ese dinero, que es utilizado para cumplir con el decreto 996 de 2007, firmado por el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman, por el cual el Estado se hace cargo de la mayor parte de las cargas salariales de las empresas. Entre 2008 y 2013 esa cifra alcanzó los $ 97 millones, según un informe del auditor general de la ciudad, Eduardo Epszteyn.

La polémica de las grúas es una de las cuentas pendientes de la gestión de Mauricio Macri, que heredó el problema cuando asumió, en 2007. La concesión fue hecha en 1991 por el intendente Carlos Grosso y expiró en 2001. Desde entonces, Dakota recibió prórrogas para continuar controlando la zona norte; lo mismo ocurrió con BRD en la zona sur. Al asociarse con STO y BRD, respectivamente, sumaron los parquímetros.

El dueño de Dakota es Reinaldo Niella, empresario de la construcción y ex propietario de Jabón Federal, aunque en los últimos años cedió gran parte de sus acciones a miembros de su familia. Como presidente de BRD figura Ricardo Chiantore, integrante de un directorio en el que algunos de sus miembros aparecen inscriptos en la AFIP como monotributistas.

El tema es tan delicado que la licitación en curso está protegida en una caja de cristal. En el funcionamiento del sistema intervienen tres áreas de gobierno: Concesiones (maneja la documentación de la concesión), Hacienda (se encarga de la parte económica) y Transporte (de la operativa).

Esperemos que la licitación no siga trabándose en la Justicia, porque de lo contrario no sabemos qué hacer“, dicen puertas adentro del gobierno. Por ley, el Estado ya debería hacerse cargo de garantizar el servicio. Es que la ley 4888, que modificó el Código de Transporte y Tránsito de la Ciudad y que es la base de la licitación en curso, fue aprobada el 5 de diciembre de 2013 y promulgada el 20 de enero de 2014. La norma estableció que “en un plazo máximo de 120 días corridos a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo convocará la licitación pública […] y procederá a la adjudicación a los nuevos concesionarios en un plazo máximo de 360 días“. Y se aclaró que, vencidos cualquiera de los dos plazos, “el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral“.

 

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