Buenos Aires, 23/11/2017, edición Nº 1835

La urgencia de reglamentar la Ley anti-bullying

Si bien se han logrado avances en la promoción de la buena convivencia y la lucha contra el bullying, es necesario reglamentar la ley de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. Escribe Pedro Robledo (CABA) El año pasado, en el Día del Maestro, los argentinos conseguimos un avance importantísimo en la lucha contra la violencia escolar. La Cámara de Diputados del...

Si bien se han logrado avances en la promoción de la buena convivencia y la lucha contra el bullying, es necesario reglamentar la ley de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas.

bully

Escribe Pedro Robledo

(CABA) El año pasado, en el Día del Maestro, los argentinos conseguimos un avance importantísimo en la lucha contra la violencia escolar. La Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó por unanimidad de votos el proyecto de Ley 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, reconociendo de esta manera que la violencia escolar es un problema social que se debe atender y solucionar.

Inicialmente, un primer proyecto de la ley había sido tratado y aprobado por la Cámara de Diputados en 2012. Sin embargo, desde el PRO consideramos que eran necesarias ciertas modificaciones e insistimos para que fueran tomadas en cuenta: la incorporación de un 0800 nacional para reportar casos de abuso, dando la posibilidad a que, desde el anonimato, aquellos alumnos maltratados cuenten sus traumáticas experiencias o cuál es el motivo por el que no son escuchados en sus comunidades escolares; asistencia psicológica para los involucrados; un protocolo de acción para que los docentes sepan cómo abordar estas situaciones; y el reconocimiento de que el acoso cibernético (ciberbullying) también es una forma de violencia escolar.

Lo que siguió durante 2013 fue un gran trabajo interpartidario, encabezado por las diputadas Mara Brawer (FPV), autora del proyecto, y Cornelia Schmidt-Liermann (PRO), que dio como resultado la sanción en septiembre de la actual ley contra la violencia escolar, incluyendo las modificaciones que desde el PRO habíamos sugerido. Ahora bien, la Ley 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas aún no ha sido reglamentada. La reglamentación es igual o más importante que la propia ley, porque define cómo se va a implementar la norma, con su consiguiente desarrollo y el impacto sobre los resultados. Lamentablemente, a los fines prácticos, la falta de reglamentación hace que la ley valga lo mismo que nada. Peor aún, significa que continúa pasando el tiempo sin que adoptemos medidas concretas para atender la problemática de la violencia escolar.

Por esta razón, el miércoles 16 de abril me reuní con el Secretario General de Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli. El objetivo fue plantearle la urgencia de reglamentar la ley. Actualmente el principal problema al que nos enfrentamos es la falta de datos oficiales sobre violencia escolar en el país. Si bien existen algunos estudios, como por ejemplo el realizado por el Grupo CIDEP-Equipo Bullying Cero Argentina en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, la realidad es que más allá de los casos que han logrado cobertura mediática, la violencia escolar permanece invisible a los ojos del Estado. Recopilar información a nivel nacional es el primer y más importante paso para sustentar el posterior diseño de políticas públicas que den una respuesta acertada al problema. En este sentido, es crucial la reglamentación de la Ley 26.892, ya que a través de la creación de la línea 0800 se podrá acceder a esta información, además de brindar contención y asistencia a quienes llamen.

Otro punto importante previsto en la norma constituye la elaboración de una guía de apoyo y acción a las autoridades escolares, para que sepan cómo detectar y abordar los casos de violencia escolar. Los docentes se encuentran en una posición privilegiada para detectar situaciones de violencia en la escuela, así como para llevar adelante una primera intervención y realizar acciones preventivas. El problema es que por el momento no existen criterios unificados de respuesta. Cada docente debe proceder ante estos casos de manera particular e improvisada, a veces con pocas herramientas y conocimiento. Por esta razón, es importante elaborar el protocolo de acción, ya que la violencia escolar se caracteriza por la existencia de abuso, lo cual requiere formas de intervención específicas, y también para acompañar y dar contención a los docentes en su tarea.

Asimismo, la ley contempla la aplicación de sanciones, que deben ser reguladas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación. Las sanciones son un elemento clave para reducir la violencia escolar. Las mismas tienen un valor pedagógico, enseñando a los alumnos y alumnas que determinadas conductas no son aceptables, no deben repetirse y que deben tomar responsabilidad por sus actos. Estas disposiciones acompañan la creación en escuelas de espacios de participación para que se integren en el diálogo las autoridades escolares, los padres y los alumnos, con el objetivo de prevenir y solucionar situaciones de violencia escolar. La ley asimismo instruye la creación de equipos especializados para la prevención e intervención ante esta clase de episodios.

Tal como lo remarca el Papa Francisco en la exhortación apostólica que me obsequió el Sr. Secretario General en nuestra reunión, la política debe actuar como herramienta para los grandes cambios. La violencia escolar es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, y luchar para reducirla es uno de estos grandes cambios que necesita de la voluntad sincera de nuestros políticos. El pasado 11 de septiembre dimos el primer paso, con la sanción de la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. La reglamentación es el paso siguiente y no debe dilatarse más.

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