Buenos Aires, 23/10/2017, edición Nº 1804

La Provincia pone en marcha un nuevo centro de monitoreo para controlar las prisiones domiciliarias

Permitirá también seguir el traslado de detenidos y vigilar que las personas con restricciones por violencia de género no se acerquen a sus víctimas.

(PBA) En la provincia de Buenos Aires hay 37 mil detenidos en penales colapsados, 3 mil en comisarías y más de 1.500 con prisión domiciliaria, controlados por pulseras o tobilleras electrónicas. El 10 % de esos presos fueron capturados en los últimos nueve meses, sin que se incrementara la cantidad de plazas disponibles para alojarlos.

El gobierno provincial busca descomprimir esa situación, mejorando los recursos tecnológicos para que la justicia otorgue más detenciones domiciliarias, en delitos menores y casos especiales autorizados por la ley. Para eso, y para vigilar las cárceles bonaerenses, hoy ponen en marcha de un nuevo centro de monitoreo, instalado en La Plata.

El objetivo es doble: incrementar los recursos para el control de los presos que usan la tobillera electrónica y controlar la situación carcelaria por fuera del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Según fuentes del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo provincial, el nuevo centro de monitoreo cuenta con 160 metros cuadrados con 18 puestos de control (16 operadores y dos supervisores) y 44 personas trabajando las 24 horas para vigilar a aquellos presos que estén cumpliendo condenas en sus casas, y tiene un sistema de control cruzado, con un comando de civiles y SPB.

Además anunciaron la compra de 500 nuevos dispositivos, entre tobilleras y pulseras electrónicas, que sirven para verificar que los detenidos estén en los domicilios autorizados.

Desde el flamante centro van a monitorear esos arrestos domiciliarios, los GPS de 120 vehículos del SPB (usados para traslados de presos a juzgados y fiscalías o en ambulancias) y 74 cámaras instaladas en 3 unidades penitenciarias de La Plata, con la intención de alcanzar a 26 cárceles en el primer trimestre de 2018.

La ley de Ejecución Penal establece que “podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria a internos enfermos, cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida tratar su dolencia; a quienes padezcan una enfermedad incurable en periodo terminal; discapacitados; mayores de 70 años; mujeres embarazadas; y madres de niños menores de cinco años”.

Según datos oficiales, en 2015 había 974 detenidos con prisión domiciliaria. Este año el número llegó a 1.560. En una carta al juez Mariano Borinsky, presidente de la comisión que busca reformar el Código Penal, el gobierno pidió que se incluya la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria a personas con penas de un año y a quienes les reste cumplir un año de condena, en casos de delitos menores.

Por otra parte, el gobierno lanza un sistema de videovigilancia a unidades carcelarias en puntos de acceso , espacios comunes de los pabellones, salas de visita, talleres y corredores de tránsito. Apuntan con eso a un control externo a los penales y con intervención civil para evitar fugas y hechos de violencia institucional.

En la primera etapa hay 74 cámaras instaladas en 3 unidades penitenciarias ( la N° 9 de La Plata, y las N° 8 y N° 33, de Los Hornos). En las próximas dos instancias se sumarán 8 unidades, y luego otras 13”, detallaron. NR


Fuente consultada: Clarín

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