La Ley argentina protegerá la decisión de morir con dignidad

El caso de la bebita Camila fue determinante para el consenso logrado en el Congreso de Nación. También se prevé la aprobación de la Ley identidad de género.

Ninguna de las bancadas de la Cámara alta anunció que se opondría a la sanción y ningún senador objetó los proyectos, ni en general ni en particular, durante el debate en las comisiones.

La decisión del tratamiento de ambas propuestas fue decidida por los presidentes de los bloques, que deliberaron ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria.

La sesión fue convocada para las 14 y se estimó que habrá muchos oradores interesados en dejar en claro sus argumentos a favor de las iniciativas.

La iniciativa de identidad de género contempla que toda persona “tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, tal como cada persona la siente”, corresponda o no con “el sexo asignado al momento del nacimiento”.

El texto permite también que toda persona pueda solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre e imagen “cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo”.

Admite además el acceso para los mayores de 18 años a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, “sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.

En tanto, el proyecto llamado “muerte digna” obtuvo dictamen favorable de comisiones el 10 de abril último y reconoce que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad”.

La iniciativa indica que el paciente terminal puede rechazar procedimientos, cirugías y “medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría” pero lo obliga a expresar su postura al facultativo, quien antes lo habrá informado sobre su real estado de salud, los tratamientos a realizar y sus consecuencias.

También se establece que, en caso de que el paciente se vea impedido de dar su consentimiento, serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán dar a conocer la decisión de prolongar la agonía por medios artificiales. Esta norma no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido.

El debate sobre la muerte digna cobró especial relevancia tras el caso de Camila, que nació muerta el 27 de abril de 2009, pero fue reanimada. No le funciona ninguno de sus sentidos y tampoco tiene conciencia. Respira y se alimenta de manera artificial.

Sus padres reclaman precisamente “una muerte digna” para la pequeña que ya cumplió 3 años, y pasa sus días internada en el Centro Gallego de Buenos Aires.