Buenos Aires, 17/12/2017, edición Nº 1859

La justicia porteña ordenó suspender la suba del 29% del acarreo de vehículos mal estacionados

El juez Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un diputado porteño. (CABA) El aumento del 29 por ciento dispuesto para la tasa por remoción de vehículos en infracción de la vía pública fue suspendida por orden judicial. Foto: Archivo La justicia porteña ordenó ayer la suspensión del aumento del 29% del acarreo de los vehículos que sean removidos por las grúas por...

El juez Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un diputado porteño.

acarreo

(CABA) El aumento del 29 por ciento dispuesto para la tasa por remoción de vehículos en infracción de la vía pública fue suspendida por orden judicial. Foto: Archivo
La justicia porteña ordenó ayer la suspensión del aumento del 29% del acarreo de los vehículos que sean removidos por las grúas por mal estacionamiento en la Capital Federal.

La medida fue dispuesta por el juez Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso, que habilitó la feria e hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el diputado porteño Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según consigna el portal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri , había dispuesto una suba en la tasa por remoción de vehículos en infracción de la vía pública que pasó de 450 a 580 pesos y empezó a regir el lunes pasado.

Se trata de la Resolución Conjunta 8/MJGGC/14 por la cual se aumentó 29 por ciento la tasa de acarreo y remoción de vehículos por parte de las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que quedó en 580 pesos.

Sin embargo, el incremento quedó sin efecto al dar lugar la Justicia a la medida cautelar presentada por Ramal, quien la solicitó para frenar el aumento del servicio de grúas.

En diálogo con la agencia DyN, Ramal calificó la decisión judicial como un “victoria”, y aseguró que “quedó demostrada la arbitrariedad de la medida”, porque el gobierno porteño incumplió con el llamado a audiencia pública que establece la legislación. “La resolución es una victoria contra este tarifazo y aumentos abusivos. Nos anima a ir a fondo contra esta concesión ilegal en favor de dos empresas que tienen la licitación vencida hace doce años”, agregó.

Según las cifras oficiales, a las que tuvo acceso LA NACION, por mes se acarrean en la ciudad unos 14.000 autos; hasta hace unos años la cifra era 12.000, pero cuando se incluyó Puerto Madero, también sin licitación, el número se incrementó. A cambio de la prestación de este servicio las empresas pagan a la Ciudad un canon de 55.000 pesos por mes. Sin embargo, el auditor kirchnerista porteño, Eduardo Epszteyn, denunció que en realidad reciben más dinero, ya que consta en el presupuesto que se les asignaron 50 millones de pesos en el último año en concepto de “alquiler de camiones”.

La concesión del estacionamiento medido y del servicio de acarreo en la ciudad está dividida en dos zonas, que son explotadas por dos empresas. En la zona norte, controla los parquímetros la firma Dakota, y en la sur, BRD. La primera brinda también el servicio de acarreo con la denominación de STO. La segunda opera como SEC.

Ambas compañías manejan el sistema de estacionamiento medido desde la década del 90 cuando el entonces intendente Carlos Grosso lo entregó en concesión. La última renovación del contrato ocurrió en 2001 y, hasta el momento, no se ha vuelto a concesionar; primero, porque no había un pliego de licitación y luego, por una medida cautelar.

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