Buenos Aires, 23/09/2017, edición Nº 1774

La Justicia citará a estudiantes de una secundaria de Barracas por amenazas de bomba

Entre 2015 y 2016 hubo una llamada intimidatoria por día en las escuelas porteñas. Por primera vez se identifica y cita a los autores de esos llamados.

(CABA) Llamar al 911, decir que hay una bomba en el colegio, zafar del examen. Volver a llamar al 911, decir que hay una bomba, volver a zafar… Y así sucesivamente. En los últimos años, hubo un promedio de una amenaza de bomba por día de clase en los colegios porteños, de acuerdo a los datos de los fiscales que intervienen en estas denuncias. Hasta ahora, la “travesura” -que obliga a la aplicación de un protocolo de evacuación con intervención de la Policía, bomberos y Defensa Civil- quedaba en eso: en un juego de chicos. Pero la Justicia decidió avanzar contra este delito de intimidación pública. Lo hizo el juez federal Claudio Bonadio, que identificó y llamará a declarar a seis estudiantes de la secundaria Joaquín V. González más un adulto, de acuerdo al oficio al que accedió Clarín.

Las amenazas por las cuales se citará a estas personas a mediados de junio ocurrieron durante 2015 en ese colegio ubicado en el corazón del barrio de Barracas. Los jóvenes citados por la Justicia tienen hoy entre 17 y 19 años. Los menores deberán presentarse con sus padres. Bonadio también pidió información para saber cuánto le costó al Estado cada uno de los operativos aplicados en los protocolos por amenaza de bomba. De comprobarse la autoría, y tras el procesamiento, a esos jóvenes o sus padres se les podría trabar embargos por daños y perjuicios u ordenar medidas de reparación comunitaria.

La Justicia federal venía investigando las amenazas en los colegios porteños desde hace años, pero la novedad es que por primera vez se identifica y cita a los autores de esos llamados. Los citados deberán presentarse ante el juzgado de Bonadio para notificarse de la causa y es muy probable que terminen procesados, informan fuentes judiciales.

El colegio Joaquín V. González vivió una fuerte ola de amenazas hace dos años. Esa causa cayó en el juzgado de Bonadio, quien identificó a los autores a partir de un informe de las compañías telefónicas. Aunque parezca increíble, las llamadas fueron realizadas con teléfonos a nombre del padre u otra persona relacionada con esos jóvenes.

En el escrito al que accedió Clarín, Bonadio le pide al Ministerio de Educación porteño que informe si las personas identificadas en los llamados “son, o han sido durante 2015, alumnos (y/o familiares) de la Escuela de Comercio N°1 “Joaquín V. González”.

Por la fecha de nacimiento de los seis jóvenes citados , se puede establecer que hoy tienen entre 17 y 19 años. Es decir, que las amenazas de bomba las habrían hecho cuando tenían entre 15 y 17 años, durante sus últimos años en la secundaria. En el oficio, el juez le pide al Ministerio que “aporte, de modo urgente, los datos filiatorios de ellos, incluyendo, padres, curso/año, domicilio y teléfono de contacto”. Además, pide información sobre un adulto que, de acuerdo al escrito, “podría ser padre o empleado del establecimiento mencionado”.

En otro oficio, relacionado con amenazas de bomba en la escuela técnica N°3 “María Sánchez de Thompson”, el juez Bonadio solicita información sobre “el perjuicio económico” generado en esa escuela “en virtud del llamado intimidatorio” sufrido por una amenaza de bomba ocurrida en junio del año pasado.

De acuerdo a los datos que manejan las fiscalías, la mayoría de las amenazas a las escuelas porteñas fueron realizadas por alumnos y el principal motivo habría sido evitar los exámenes.

Si bien todas las denuncias hasta ahora resultaron ser falsas, lo cierto es que cada una de ellas motivó la activación de todos los mecanismos de prevención (intervención policial, desalojo, inspección) y derivó en la apertura de procesos judiciales por el delito de intimidación pública. Además generaron ciertas fricciones: en algunas escuelas, los alumnos y docentes se resistieron a evacuar el edificio porque no creían que haya peligro, pero las autoridades se vieron obligados a seguir los protocolos para cubrirse de responsabilidades.

Los protocolos obligan a evacuar completamente la escuela, cualquiera sea la situación climática. Los alumnos deben dejar sus pertenencias en el colegio y concurrir a un espacio común que debe quedar a más de 150 metros de distancia. Es entonces cuando intervienen los bomberos, la división perros de la Policía y Defensa Civil. Un operativo que, obviamente, tiene su costo.

Los oficios del juez Bonadio parecen perseguir el objetivo de cerrar el círculo que vinculan el delito de intimidación pública (la amenaza de bomba) con el costo que le demanda al Estado hacer frente a los operativos de evacuación. Más que apuntar a estos seis estudiantes en particular, lo que se desprende de esta decisión de la Justicia es la intención de que sirva como una fuerte señal para que el próximo “travieso” piense dos veces antes de marcar el 911.

“Por suerte nunca pasó nada. Pero es un riesgo que todos los alumnos, que en esta escuela son 900, salgan todos juntos a la calle. Imaginate la gente que está en la calle, que de pronto ve que se vienen 900 personas. El tráfico se detiene. Es un problema muy grande, sobre el que hay que tomar conciencia”, le dice a Clarín Javier Campagna, que es el director de la Escuela Técnica 35 Eduardo Latzina, ubicada en Lope de Vega y Baigorria.

Campagna cuenta que este año no tuvieron amenazas de bomba, pero sí el año pasado. Y que en todos los casos tuvieron que aplicar el protocolo de evacuación de la Policía. “Viene la Policía, que recibe la amenaza en el 911, y comienzan con el operativo. Obligan a todos los alumnos a desplazarse al punto de encuentro, que está a unos 150 o 200 metros del colegio”, cuenta Campagna.

Barracas, San Telmo y La Boca, los más afectados
Este año no se conocieron casos resonantes de amenazas de bombas en los colegios porteños. Pero sí hubo una “oleada” de llamadas intimidatorias entre los años 2015 y 2016. Las más afectadas fueron las escuelas secundarias, pero también se registraron casos en primarias, y hasta en institutos de formación y universidades.

En mayo del año pasado, el Normal 5 de Barracas se vio afectada por una serie de amenazas de bomba que se extendieron por más de un mes y medio. Además de Barracas, los barrios de San Telmo y La Boca fueron de los más afectados.

En 2014, las autoridades del Colegio San Francisco de Asís, de Núñez, donde también se habían reiterado estas llamadas intimidatorias, decidieron que, si la amenaza de bomba ocurre en el horario de una prueba, los alumnos deberán tener el examen ese mismo día en otro horario. NR


Fuente: Clarín

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