La reforma del servicio penitenciario que tiene pensado Vidal

Los detalles de uno de los principales conflictos que atraviesa la Provincia.

(CABA) La reforma que comenzó con el cambio de autoridades en los penales más conflictivos, se profundiza ahora con mayor presupuesto para el área de Auditoria Interna, la creación de, al menos, 2.300 nuevas plazas carcelarias y la compra de cámaras de seguridad, escáneres para el control de ingreso en unidades penitenciarias, bombas de agua, heladeras y hasta candados para los portones. La provisión de alimentos y una reestructuración del sistema de compra de carne es otra arista clave.

Según el plan de trabajo presentado por el Ministerio de Justicia a la gobernadora María Eugenia Vidal y al que tuvo acceso Clarín, el objetivo del Gobierno es lograr una reforma estructural del servicio penitenciario que implique mejores condiciones para los detenidos y la erradicación de la trama de corrupción de todo el sistema. Otra de las claves es la dotación de tecnología y recursos y en eso la renovación del parque automotor es urgente, el 80% está fuera de servicio.

Como prioritarios, figuran la reconstrucción del penal de General Alvear, la unidad de la que se fugaron en diciembre los condenados a cadena perpetua Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Para esa obra, Vidal destinará 1.500 millones de pesos y el llamado a licitación está previsto para diciembre de este año. En el mismo período se licitará por 1.400 millones la construcción de otra cárcel, en Agote, que tendrá unas 1.200 plazas y con la que se busca reemplazar la deteriorada unidad penitenciaria de Azul.

Antes, para septiembre, se espera contar con los pliegos para licitar la construcción de 400 lugares en el penal de Campana y habilitar otras 600 nuevas plazas en distintos penales. El financiamiento de estas obras surgiría del acceso a créditos de organismos internacionales como el BID, de los que todavía no se tienen noticias.

Según informa la Comisión Provincial por la Memoria, a fines de 2014 había en la provincia casi 35 mil detenidos, de las cuales solo el 39% están condenados, mientras que el 45% cumple prisión preventiva y el 15% no tiene sentencia firme. Asimismo, los últimos datos conocidos respecto a superpoblación carcelaria datan de 2011 e indican que el sistema penitenciario bonaerense sólo está preparado para alojar a 15.600 detenidos.

Pero las denuncias de organismos de Derechos Humanos no solo apuntan a las condiciones de hacinamiento, sino también a su higiene y alimentación. El dato es anotado por el Gobierno de Vidal, que en su plan operativo dispuso ocho medidas tendientes a profundizar el control en lo vinculado a la provisión de alimentos, crear un registro de proveedores y contar para junio de este año con un nuevo pliego de licitación de compra de carne para “generar competencia genuina”.

Las sospechas respecto del pago de sobreprecios y la existencia de un negocio paralelo en lo que respecta a la provisión de alimentos y sobre todo de carne, venía siendo denunciada por diferentes instituciones. Varios, inclusive, relacionaron este asunto con la fuga de los Lanatta.

Además del control en la compra de comida, el Ministerio definió al menos diez medidas para dotar de mayor poder y recursos humanos y financieros al área de Auditoría para potenciar el control.

(Fuente: Clarin)