La Ciudad demanda a vecinos que frenaron obras

El objetivo es desalentar a los vecinos de accionar judicialmente contra el Estado para detener obras irregulares

(CABA) Cuando en febrero de 2012 la paisajista Sonia Berjman, la ONG Basta de Demoler y su entonces vicepresidente Santiago Pusso advirtieron que en la plaza Intendente Alvear, de Recoleta, se construía una estación de subte, no dudaron en solicitar a la Justicia que frenara la obra.

Diseñada en 1897 por el paisajista Carlos Thays, esta plaza -cuya barranca asciende desde la intersección de las avenidas Libertador y Pueyrredón hasta el paseo de compras Buenos Aires Design- integra un área de protección histórica (APH), por lo que estaba prohibido excavarla, alterar su diseño y talar su añoso arbolado.

La Justicia ordenó suspender la obra mediante una medida cautelar. Tiempo después, el gobierno porteño relocalizó la estación de subte en la plaza República Federativa de Brasil, junto a la Facultad de Derecho. Pero ése no fue el final de la historia: en noviembre de 2014 la Ciudad demandó por daños y perjuicios a Berjman, Pusso y Basta de Demoler por la suma de $ 24.000.000.

Transcurrido casi un año y medio, el expediente sigue abierto en el juzgado local a cargo de Patricia López Vergara, ante quien los abogados de los damnificados, Andrés Gil Domínguez y Martín Zapiola Guerrico, presentaron una excepción de falta de legitimación por considerar que “no se puede demandar a una persona por ejercer un derecho ciudadano”. La jueza rechazó el planteo, que fue apelado, y ayer Gil Domínguez fue notificado de otro rechazo en segunda instancia. El letrado anticipó que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Mientras nada indica que el gobierno porteño vaya a declinar la querella, diversos juristas, entidades civiles y asociaciones de vecinos observan la demanda con fuerte inquietud por considerar que persigue un objetivo intimidatorio: desalentar a los vecinos de accionar judicialmente contra el Estado para detener obras irregulares. Esto, explican, afectaría sensiblemente el derecho a la participación ciudadana.

“La demanda busca desincentivar las denuncias contra la Ciudad”, dijo Germán Emanuele, de Poder Ciudadano, y calificó el proceder oficial como “totalmente ilegítimo” y de “tinte persecutorio”. En tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo Reese alertó acerca del objetivo intimidatorio de la demanda y sostuvo que la conducta del gobierno es “amenazante y antidemocrática”.

También se expresó con vehemencia el abogado constitucionalista Daniel Sabsay: “El mensaje es: «¡Ojo a los que se les ocurra reclamar!»”. Agregó que no se registran antecedentes de una embestida así contra un ciudadano y que existe un doble discurso: mientras en las palabras la Ciudad alienta la participación ciudadana, en la práctica la combate. NT