Buenos Aires, 23/09/2017, edición Nº 1774

Intiman a Macri por irregularidades en los hospitales Durand y Piñero

  (CABA) Un juez de la Capital Federal emplazó al gobierno porteño a que en diez días suministre al sindicato y la obra social de Obreros de Maestranza (SOM) toda la documentación vinculada con la contratación de un habitual proveedor de servicios a la administración de Mauricio Macri, en este caso vinculada con la limpieza y mantenimiento de los hospitales Piñero, ubicado en el barrio de Flores, y Durand en...

 

mauricio

(CABA) Un juez de la Capital Federal emplazó al gobierno porteño a que en diez días suministre al sindicato y la obra social de Obreros de Maestranza (SOM) toda la documentación vinculada con la contratación de un habitual proveedor de servicios a la administración de Mauricio Macri, en este caso vinculada con la limpieza y mantenimiento de los hospitales Piñero, ubicado en el barrio de Flores, y Durand en Caballito.
Se trata de una causa conexa con la denuncia penal que formuló SOM sobre supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Mantelectric Icisa – Riva SAIICFA – Lescko S.A. (UTE). El sindicato detectó que, pese a los trabajos que tiene asignados en los hospitales, en septiembre de 2013 Mantelectric “tenía declarado tan solo un trabajador de maestranza”.
En ese contexto, “una determinación de deuda de oficio de cuota sindical, contribuciones extraordinarias y otras contribuciones correspondiente al período que dicha empresa lleva prestando servicios en los hospitales”, arrojó como resultado la suma de más 5.669.758,52 de pesos. Y, además, como la empresa terceriza el servicio, el sindicato denunció un gigantesco sobreprecio pagado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de la investigación particular que inició el sindicato en defensa de los intereses de sus afiliados, el apoderado Horacio Ferro Méndez pidió el 30 de octubre de 2013 el expediente completo que derivó en la contratación de Mantelectric para las tareas en ambos hospitales. Como a su entender “el requerimiento no fue respondido”, inició el reclamo por la vía judicial. Y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Víctor Rodolfo Trionfetti le dio la razón.
Según documentación a la que tuvo acceso este diario, a finales del año pasado los abogados del gobierno porteño, Nicolás Alberto Caballero y Graciela Bordetas, anunciaron que el expediente de la contratación estaría disponible para su consulta. Pero la representación de los obreros de maestranza denunció que la información suministrada “carece de los datos oportunamente solicitados”.
El juez coincidió en que “se han plasmado digitalmente sólo las nóminas de empleados de dos nosocomios y con relación a unos pocos meses, y centenares de notas de crédito, resoluciones, contratos, actas y planillas que no permiten dilucidar cuál es concretamente el monto abonado por mes en concepto de limpieza”.
En la causa penal, que tramita ante el juez de Instrucción Guillermo Carvajal, con intervención del fiscal Eduardo Cubría, la Obra Social del Personal de Maestranza y el SOM denunciaron a “Carlos Alberto Pérez San Martín, Enrique Bernabé Senra y Eduardo Romero Oneto, como representantes de Mantelectric, y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron o participaron en las Licitaciones Públicas Nº 20/05 y Nº 580/05 por el delito de administración fraudulenta agravado por ser cometido en perjuicio de la administración pública local”.
De acuerdo con la denuncia, Mantelectric “subcontrató el servicio de limpieza por aproximadamente el 50 / 60 por ciento del valor percibido por dicho concepto de la comuna. Así, por ejemplo, en el Hospital Durand, al comenzar el contrato, en el mes de septiembre del año 2007, mientras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó la suma de 344.820,15 (pesos) mensuales exclusivamente por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dichos servicios a Laredo por 222.906,20 pesos. También en el Hospital Piñero se verificó, desde el principio del contrato, una gravosa asimetría. Así, en el mes de julio del año 2007 mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría pagado 350.703,47 pesos mensuales por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dicho servicio a Laredo por 201.235,10 pesos”.
El desfase, de acuerdo con la presentación judicial, se mantuvo en el tiempo, aunque con incrementos de precios.
Eso es lo que buscaba establecer de manera fehaciente, con la documentación oficial que consta en los expedientes de la administración porteña. “Cabe concluir que no se permitió el acceso a la totalidad de la información específicamente requerida”, determinó el juez Trionfetti.
La Ley porteña 104 establece el derecho de “toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna” sobre asuntos que involucren a la administración pública. La Ciudad “debe evacuar la consulta en un plazo no mayor a diez días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otro término igual”. Si la demanda de información “no se hubiera satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla”.
Para el juez, la respuesta del gobierno porteño al pedido de los obreros de maestranza “ha sido parcial”, pues “se han consignado un sinfín de datos que no permiten tener por satisfecha la requisitoria”.

 

Fuente: Tiempo Argentino

 

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