Buenos Aires, 16/12/2017, edición Nº 1858

Hay casi tres denuncias diarias por tomas de inmuebles en la Ciudad

Villa Lugano es el barrio con más casos seguido por Flores. Detectan organizaciones detrás de las tomas y narcos que usan viviendas para vender drogas.

(CABA) Generalmente, hacen tareas de inteligencia para detectar terrenos baldíos y casas o edificios vacíos. Después vuelven e ingresan violentando puertas o ventanas o mediante amenazas. Las tomas de inmuebles y espacios públicos son uno de los grandes conflictos de la Ciudad. La Fiscalía porteña recibe casi tres denuncias por día y las zonas con más casos son Villa Lugano, Flores y Balvanera.

Entre enero y noviembre, la Fiscalía recibió 891 denuncias por usurpaciones, 71 de las cuales fueron por hechos ocurridos en Villa Lugano, 59 en Flores, 50 en Balvanera, 48 en Barracas, 47 en Palermo y 40 en Caballito. “Hay tres tipos de usurpaciones -explica el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco-. Hay algunas organizaciones sociales que fomentan la toma de inmuebles presuntamente abandonados para gente sin vivienda. Además, en los últimos tiempos, se da la usurpación de casas para establecer kioscos de venta de droga. En estos casos, los ocupantes suelen ser extranjeros. La tercer modalidad son las ocupaciones masivas de predios, que son organizadas por punteros que manejan un doble negocio: el inmobiliario y la expansión del territorio del narcotráfico. Construyen para alquilar o venden varias veces el mismo terreno. En el barrio Papa Francisco, en la villa 20, vendían una parcela, después sacaban a la gente con armas y la volvían a vender”.

Aunque no siempre se puede probar, suele haber organizaciones detrás de este delito. Buscan casas vacías, por ejemplo, fijándose en las que tienen carteles de venta. Después entran por la fuerza e instalan a mujeres con hijos chicos, discapacitados o personas en situación de vulnerabilidad social para que sea más difícil el desalojo. “En muchos casos, distintos usurpadores tienen los mismos abogados, la misma modalidad operativa y hasta presentan los mismos contratos de alquiler falsos“, observa Cevasco.

El artículo 181 del Código Penal, que prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión por este delito, dice que hay usurpación cuando se despoja a una persona total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble mediante “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. También cuando alguien destruye o altera los límites de un inmueble. En cambio, no es usurpación cuando un inquilino deja de pagar el alquiler o se le vence el contrato y se niega a desalojar una propiedad. En esos casos, debe intervenir la Justicia Civil, porque el ocupante no desconoce al propietario.

El año pasado, la Fiscalía porteña recibió 1.017 denuncias por usurpación y, sumando otras presentadas anteriormente, investigó 1.441 hechos. El 64,3% fueron desestimados. Algunos por falta de pruebas, por ejemplo, porque el denunciante no presentó un título de propiedad válido. Otros no se encuadraban en la figura de usurpación. Y en otros, cuando fueron al lugar a verificar la situación, los usurpadores se fueron por su cuenta, antes de que pudieran identificarlos. Finalmente, 515 casos pasaron a las unidades fiscales para su investigación y se logró la restitución a sus dueños de 168 inmuebles.

En 184 de las 515 causas de 2015 se recurrió a la mediación, una gestión que resuelve rápidamente los conflictos y que fue exitosa en 89 casos. Con este recurso, por ejemplo, se logró que el propietario de una casa tomada en Beiró al 4500, en Villa Devoto, la recuperara en cinco días. La vivienda había sido usurpada por tres mujeres con sus hijos, que accedieron a irse y recibieron subsidios del Gobierno porteño. Otro caso ocurrió en Garay al 600, en San Telmo, donde una familia usurpó un edificio vacío que iba a ser demolido para hacer una obra. El propietario hizo la denuncia y la mediación duró un mes. Los ocupantes acordaron irse, también con subsidios oficiales.

Cinco causas más se resolvieron con probation, dos en juicio abreviado y 64 fueron elevadas a juicio. “Cuando la intervención policial es inmediata o muy cercana a la ocupación, la restitución es más fácil, porque hay una situación de flagrancia -explica Cevasco-. Se deja una consigna policial que identifica a la gente que entra y sale e impide el ingreso de nuevos ocupantes. Cuando la toma está destinada a delitos o narcotráfico, la misma gente se va enseguida porque el lugar ya no le resulta funcional. Por otra parte, el fiscal puede intimar el desalojo y si los usurpadores no lo cumplen, pide la orden de un juez. Pero hay jueces más dispuestos a disponer el lanzamiento y otros más contemplativos con la situación del que ocupa. Y la discusión jurídica puede llevar de tres meses a más de un año y medio”.

Eso ocurrió con una casa tomada en Helguera al 3100, en Villa del Parque. Uno de sus dueños denunció la ocupación en 2013 y el fiscal pidió la restitución, pero el juez no la aprobó. El usurpador alegó que el padre de la denunciante, también propietario del inmueble, le había permitido vivir allí para pagarle una deuda laboral. Pero no lo pudo probar y el juez de primera instancia lo condenó a seis meses de prisión en suspenso y ordenó la restitución del inmueble. El abogado defensor apeló, pero la Cámara confirmó la sentencia. Aún así, el desalojo aún no se concretó porque hubo otra apelación y el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Para evitar juicios engorrosos, algunos propietarios optan por pagarles a los usurpadores para que se vayan. Y otros hacen la denuncia pero después desisten de continuar la causa judicial. Como un hombre de 75 años al que, el año pasado, diez personas le ocuparon una casa en 24 de Noviembre y Belgrano, en Balvanera. La Fiscalía logró el desalojo, pero una vez que recuperó el inmueble el propietario no quiso ir a juicio porque consideró que el conflicto ya estaba solucionado. NR


Fuente: Clarín

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