Buenos Aires, 22/09/2017, edición Nº 1773

En la ciudad viven más de 15.000 personas en casas tomadas

Casi 4000 familias, unas 15.000 personas viven en la Capital en casas tomadas. Cuáles son los barrios más afectados. Según se desprende de un informe de la Dirección General de Estadísticas de la ciudad, el 0,32% de los hogares porteños -que el último censo contabilizó en 1.150.134- habita en casas ocupadas ilegalmente, o sea, 3738 familias. Los datos surgen de un muestreo realizado en 2008, lo que permite arriesgar que...

Casi 4000 familias, unas 15.000 personas viven en la Capital en casas tomadas. Cuáles son los barrios más afectados.

Según se desprende de un informe de la Dirección General de Estadísticas de la ciudad, el 0,32% de los hogares porteños -que el último censo contabilizó en 1.150.134- habita en casas ocupadas ilegalmente, o sea, 3738 familias. Los datos surgen de un muestreo realizado en 2008, lo que permite arriesgar que las cifras podrían ser hoy aún mayores, porque el acceso a una vivienda propia sigue siendo un problema de difícil solución en el área metropolitana.

Junto con otras estrategias de supervivencia, como el alquiler de cuartos precarios en inquilinatos, hoteles y pensiones, las casas o edificios tomados suman el 5% del total de hogares (entendidos como grupos de personas que viven de un mismo ingreso, o sea, una familia) porteños, según el mismo informe.

El relevamiento, publicado en Internet el mes pasado ( estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2012_015.pdf ), determinó que la distribución territorial de estas alternativas habitacionales no es homogénea, sino que se concentran en las áreas históricas y cercanas al centro administrativo y productivo de la Capital.

El 67% de estos hogares no tradicionales está situado en las comunas 1 (Retiro, Puerto Madero, San Nicolás, Montserrat, San Telmo y Constitución), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 5 (Almagro y Boedo). El caso del edificio de Parque Patricios desalojado esta semana no escapa a este diagnóstico.

La población que reside dentro de inquilinatos, hoteles, pensiones o casas tomadas representa el 17,3%, el 18,9%, el 21,7% y el 13,6%, respectivamente, del total de la población de cada comuna.

De acuerdo con el mismo informe, en promedio los hogares o familias que habitan específicamente casas tomadas tienen tres integrantes. El 87,5% de estos hogares no tienen hacinamiento, entendido como la presencia de más de dos personas por cuarto, circunstancia que afecta al 12,5 por ciento.

En cuanto a las características del hábitat, de entrevistas efectuadas a los ocupantes, surge que la iluminación natural resulta insuficiente durante el día y deben prender luz artificial en el 66,5% de los casos.

En las viviendas tomadas, el 81,3% de las familias emplean para cocinar gas en garrafa, mientras que el 13,8% utiliza gas de red, siempre según el informe, que se basa en la Encuesta Permanente de Hogares 2008, sobre una muestra de 900 viviendas.

Un dato importante es que muchas familias de casas y edificios tomados son conscientes de la situación irregular en la que transcurren sus días: para el 45,2% de los consultados, la principal desventaja de su modo habitacional es el “riesgo de ser desalojados en cualquier momento”.

En el mismo sentido, la falta de propiedad o de dominio como en un departamento y de un lugar propio preocupa a otro 22 por ciento.

El 22,6% mencionó el hecho de tener que convivir con otras familias como el mayor perjuicio de residir en viviendas tomadas, mientras que el deterioro físico de la casa fue señalado por el 10,2 por ciento.

Casi el 70% de las familias dijo no enfrentar ningún problema de convivencia. Un 15,5% se mostró incómodo por la falta de intimidad para usar el baño o la cocina o recibir visitas y un 14,9% se quejó por inconvenientes con vecinos y ruidos molestos.

Como se dijo, la ocupación ilegal de inmuebles tiene su correlato en el crecimiento de las denuncias de los dueños legítimos de las propiedades, que reclaman el desalojo y el reintegro de las éstas.

Según datos proporcionados por el Ministerio Público y el Poder Judicial porteños a LA NACION, la cantidad de causas abiertas por usurpación pasó de 579 en 2008 a 931 en 2011, lo que significa un aumento del 61%. No obstante, los expedientes estuvieron el año pasado por debajo del pico de 1181 registrado en 2009.

Números que alarman

En la Ciudad de Buenos Aires hay más de medio millón de residentes que están en situación de precariedad extrema con respecto a condiciones de vida y vivienda, según declaró a FM La Tribu, Jaime Sorín, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y director del programa de Investigación sobre Emergencia Habitacional.

Por otro lado, fuentes primarias como censos y encuestas (INDEC, CMV) y estudios de campo (Facultad de Arquitectura UBA, Posgrado Facultad de Psicología UBA) arrojan que el 5% de la población total de la ciudad de Buenos Aires vive en villas- miseria: casi 100.000 habitantes registran las 18 villas censadas por la CMV, hoy IVC. Hay que sumar pobladores de más de 10 asentamientos precarios, como el de la Costanera Sur, llamado “Rodrigo Bueno/Costanera” donde se alojan 560 familias.

Además, si se tiene en cuenta a las familias o personas “sin techo”, las cuales están en el espacio público y los miles en juicio de desalojo por falta de pago en los alquileres, se puede apreciar que más del 14 % de la población total está en emergencia habitacional y otro 15 % en situación crítica con respecto a su vivienda.

 

Los guapos del Novecientos ya tenían problemas de vivienda

A fines de siglo XIX la ciudad de Buenos Aires padecía déficit habitacional. Según datos demográficos, en 1890 la ciudad tenía 440.000 habitantes, de los cuales 95.000 vivían en 37.000 casillas.

A principios del novecientos, ante la oleada inmigratoria, como fruto de organizaciones obreras y cooperativas, se logró construir viviendas para cubrir la falta de espacios para los trabajadores.

Luego de la crisis de 1929, aparecieron los primeros asentamientos precarios, hoy conocidos como villas, los cuales crecieron a lo largo del siglo. Al mismo tiempo, debido a la industrialización en la que se adentraba el país, las grandes ciudades comenzaron a albergar un porcentaje mayor de la población del país. Las migraciones eran desde el interior.

Más tarde, durante el peronismo se crea la Ley de Propiedad Horizontal y el Código de Edificación de Buenos Aires. Como consecuencia, se modificó el plano urbano de modo sustancial. Por otro lado, se incrementa la obra pública. Como contrapunto, décadas posteriores, el avance privatizador sobre el mundo público marcó el fin de siglo en Argentina.

Un problema que se agrava a cada paso

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001, existen 1.024.231 hogares para una población total de 2.725.091 personas en la Capital Federal. En este sentido, en los últimos años, el retiro progresivo del estado de su rol ejecutor generó el recorte de fondos sociales y sucesivos planes de ajuste presupuestario de los últimos años modificaron el panorama de programas referidos a vivienda, con un descenso en la cantidad de unidades construidas por operatorias estatales.

Como contrapartida de la realidad estatal, luego de la debacle del 2001, el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria cobraron un gran impulso que se basa en la especulación, ya que el mercado de inmuebles se ha transformado en la opción más segura para invertir ahorros. Así, la construcción se ha vuelto un negocio rentable para los privados y los emprendimientos urbanos de magnitud, mucho más que la inversión en viviendas para sectores con menor poder adquisitivo. Por ejemplo, el año pasado se registró que el 50% de los permisos fueron para la construcción de residencias suntuosas, pero sólo se computó el 26% para viviendas sencillas. “La Buenos Aires más desigual de toda su historia”, según el arquitecto Daniel Betti, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Partido de la Ciudad.

Necesito alquilar

El problema habitacional golpea también a los sectores medios. La venta de viviendas en el mes de abril fue la más baja de los últimos 10 años, ya que se firmaron 3.718 escrituras, lo que representó una fuerte caída del 38,4 por ciento contra igual mes del año pasado. Desde 1999 no se registraba una baja tan notoria, según el informe mensual del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.

Pese a estos datos, los precios de los inmuebles no han bajado su precio. Según las cámaras inmobiliarias, los propietarios no tienen intención de bajar sus precios.

En algunos casos las personas optan por retirarse a vivir a los cordones urbanos, debido a que no pueden afrontar los precios a pagar por alquileres en la ciudad.

Y en eso llegó el desalojo

La Legislatura en el año 2004, a través de la sanción de la Ley Nº 1408 declaró “el estado de Emergencia Habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de tres años”, por lo cual se suspendían los desalojos en inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, asentamientos de grupos familiares en situación de pobreza crítica. Dicha emergencia fue renovada en repetidas ocasiones. El 4 de diciembre de 2008, la Legislatura, mediante la ley 1408 impulsada por Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), fijó que ninguna familia residente en edificios pertenecientes al gobierno porteño podía ser desalojada hasta octubre de 2010. Por otro lado, obligaba al Poder Ejecutivo a presentar, en un plazo de 90 días, un plan para subsanar el déficit habitacional, a su vez, creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en febrero de este año, se vetó la ley de Emergencia Habitacional (2973). Esto habilita el desalojo de unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3, un conjunto de viviendas que fueron expropiadas para la construcción de una autopista nunca hecha; allí viven familias desde hace más de veinte años.

“Vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno”, sostuvo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de ministros, en declaraciones a Radio Mitre, al poco tiempo. Mauricio Macri, apuntó hacia el Gobierno Nacional. Para el jefe comunal, el problema “debe ser encarado nacionalmente. La ciudad de Buenos Aires no puede seguir recibiendo semejante cantidad de corrientes masivas de gente”.

Hoteles y subsidios

Según el decreto 690, las familias que quedan en la calle deben percibir 450 pesos durante diez meses. A pesar del pago de estos subsidios, debido a la burocracia existente, resulta complicado acceder a los mismos. En general, dicho dinero sirve para alquilar pensiones por pocos meses, pero luego la gente vuelve a estar en situación de vulnerabilidad al no poder afrontar los alquileres. El gobierno pagaba entre 300 y 500 pesos por mes en 2008 a distintos hoteles por hospedar a desalojados. En ellos, “se encuentran 9.000 residentes”, según el arquitecto Daniel Betti. Además, en varios casos, al tener hijos, no son recibidas las familias. “Cuando quedé embarazada, en el hotel donde yo vivía me dijeron que busque otro lugar”, relata Miriam Catacata, de la cooperativa de vivienda Nuevo Horizonte.

Alquileres imposibles, créditos que nunca llegan, falta de garantías, burocracia, desalojos, especulación inmobiliaria. Este panorama sirve de caldo de cultivo para generar una situación de exclusión y marginación. De la otra vereda, la Constitución de La Ciudad de Buenos Aires reconoce el “derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado” (Art. 31). Tal vez, algún día. Hoy, la pintada permanece como un grito en el barrio del Abasto.

Fuentes: La Nación / Revista El Abasto

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