El oficialismo busca aprobar la ampliación del estacionamiento medido

El oficialismo busca aprobar la ampliación del estacionamiento medido

(CABA) El ciclo legislativo porteño va llegando a su fin. Con cinco sesiones por delante, se avecinan, como ocurre todos los años, los debates más jugosos hasta llegar al último encuentro, previsto para el 15 de diciembre. Antes de esa fecha el oficialismo pretende tener aprobado un paquete de medidas que incluye presupuesto, ley tarifaria, código fiscal, rezonificaciones y una de las prioridades: la ampliación del estacionamiento medido.

El proyecto, enviado a la Legislatura en septiembre, reemplazó al que luego se convirtió en ley en 2013, pero que no pudo aplicarse por dos recursos de amparo en la Justicia. El Gobierno lo descartó y realizó cambios sustanciales. La principal diferencia es que los parquímetros serán provistos por el Estado; una de las trabas se originó en el reclamo de una proveedora contra otra que había sido seleccionada.

En junio de 2017, la Secretaría de Transporte y Tránsito estaría en condiciones de aplicar el nuevo sistema, que llevaría el estacionamiento medido al 45% de las calles porteñas. Con las nuevas condiciones, los parquímetros controlarían 86.768 de las 334.654 plazas existentes para dejar un vehículo en la vía pública, lo que representa el 27% del total. Hoy, las tickeadoras rigen en 4000 espacios.

La propuesta del oficialismo, que se debate en la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, establece eliminar el abono de la tarifa con efectivo, ya que sólo se podrá pagar con tarjeta de crédito, débito y SUBE. “Confiamos en que se aprobará este año y los plazos siguen de acuerdo con lo que veníamos proyectando”, dijo el secretario de Transporte y Tránsito porteño, Juan José Méndez.

Pero hay indicios de que el camino del nuevo proyecto podría ser aún más espinoso. Es que el bloque del Frente para la Victoria confeccionó su propio proyecto sobre estacionamiento medido, con conceptos que están en las antípodas. El principal, que el servicio sea estatal y no privado, como lo es hoy.

“Planteamos terminar el contrato con las empresas y constituirlo como un servicio público garantizado por el gobierno”, explicó la diputada del Frente Para la Victoria Paula Penacca. “Creemos que la única opción es la nuestra y que la ley está mal concebida desde la base, por lo que no acompañaríamos el proyecto del Ejecutivo”, advirtió.

Además de la estatización del servicio, el FPV plantea ofrecer otros medios de pago, aplicar los parquímetros a las principales calles céntricas y establecer un esquema de reparto de la ganancia destinándola al fondo de extensión del subte, al mejoramiento de la vía pública y a la construcción de estacionamientos donde la gente pueda dejar su vehículo y continuar el viaje en transporte público.

El servicio es controlado hoy por las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, cuyos contratos vencieron en 2001. Cada una concreta entre 10.000 y 12.000 acarreos mensuales y, a cambio, paga un canon mensual de unos $ 55.000. El costo de cada acarreo es de $ 750.

En las próximas sesiones podrían aprobarse en segunda lectura otros proyectos clave para el gobierno: la urbanización de la villa 20, el corrimiento del tramo de la autopista Illia que pasa por la villa 31, el fideicomiso público-privado con el que se pretende revitalizar el autódromo porteño y el parque de la estación, un espacio verde para los barrios de Balvanera y Almagro.

Además, la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la reforma de la ley de acceso a la información, la peatonalización de Tribunales y la ampliación del microcentro.

S.C.