Buenos Aires, 16/12/2017, edición Nº 1858

El nuevo pacto entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

La Legislatura porteña debe tratar hoy el acuerdo que alcanzaron Cristina Kirchner y Mauricio Macri para que los casinos del empresario oficialista Cristóbal López queden liberados de pagar el impuesto a los ingresos brutos en la ciudad. Por Carlos Pagni (CABA) El pacto es tan particular que el martes pasado Jorge Capitanich y Macri no lo mencionaron como un éxito del nuevo y tímido idilio entre la Casa Rosada y...

La Legislatura porteña debe tratar hoy el acuerdo que alcanzaron Cristina Kirchner y Mauricio Macri para que los casinos del empresario oficialista Cristóbal López queden liberados de pagar el impuesto a los ingresos brutos en la ciudad.
Por Carlos Pagni

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(CABA) El pacto es tan particular que el martes pasado Jorge Capitanich y Macri no lo mencionaron como un éxito del nuevo y tímido idilio entre la Casa Rosada y el gobierno metropolitano. Hoy los legisladores de Pro alegarán que, gracias a ese entendimiento, la Ciudad aumentará los ingresos que recibe por los juegos de azar: Lotería Nacional cobrará un canon mayor a las empresas de López.

Pero el arreglo no ha de ser espectacular. De lo contrario, Macri no lo hubiera enviado a la Legislatura a última hora del viernes, para que sea aprobado de urgencia en una sesión especial, sin que siquiera una comisión analice el contenido. El jubileo de López integra un expediente casi reservado.

El hermetismo queda justificado cuando se lee el convenio. Allí, Néstor García Lira, presidente del Instituto de Juegos de Apuestas porteño, y Roberto López, titular de Lotería Nacional, acuerdan que la Ciudad renunciará a cobrar a las salas de López -la de Palermo y el casino flotante de Costanera Sur- lo que adeudan del impuesto a los ingresos brutos. Los expertos valúan esa deuda en sumas que van de 1500 a 2000 millones de pesos. El gobierno de Macri también desiste de cobrarles en el futuro ese impuesto y cualquier otro que se aplique sobre el juego.

Y admite que cualquier controversia en torno de las empresas de López, en vez de ser llevada a los tribunales, sea resuelta por la Comisión de Enlace creada entre el Instituto y Lotería.

Estas concesiones se justifican con un argumento inesperado. El considerando e) del acuerdo, tal como figura en la documentación entregada a los legisladores, explica que recaudar el impuesto a los ingresos brutos en las empresas de López es muy dificultoso por la capacidad de este operador para conseguir de los jueces medidas cautelares. Cristina Kirchner se ha cansado de vilipendiar lo que denomina “justicia cautelar”, en especial si las beneficiarias son empresas periodísticas que ella no controla. Sin embargo, cuando están en riesgo los casinos de López no sólo admite esa protección, sino que recomienda a Macri que la acepte. Macri así lo hizo.

Roberto López -el de Lotería Nacional, tan difícil de distinguir del dueño de los casinos- compensa al gobierno porteño con una concesión: en vez de girarle el 35% de lo que recauda en Palermo y en el barco, transferirá el 50%. Además, se aceptará una propuesta de las propias empresas afectadas, que pagarán un canon adicional de 3%, calculado sobre la recaudación neta de máquinas y mesas de juego. Cuando se consulta a los funcionarios de la Ciudad, esta suba es el argumento más firme en defensa de lo pactado.

La magnanimidad de la Presidenta y los dos López es engañosa. En 2003, Aníbal Ibarra renunció a seguir exigiendo la jurisdicción de la Ciudad sobre el negocio del juego, a pesar de que la Justicia le había dado la razón en casi todas sus instancias. Néstor Kirchner, que recién había llegado al poder, lo convenció de ceder a Lotería Nacional esa facultad, a cambio de la cual la ciudad tendría derecho al 35% de lo percibido. Macri mantuvo esa resignación, que se fue prorrogando cada cuatro años. El próximo vencimiento será en 2015.

Sin embargo, en el contrato firmado ahora hay otra sutileza que López debe haber festejado: establece que las prerrogativas impositivas que se le otorgaron regirán mientras dure la concesión de los casinos. Ésta iba a terminar en 2017. Pero Néstor Kirchner la prorrogó hasta 2032, en un decreto también furtivo, refrendado por su hermana Alicia y por Alberto Fernández cinco días antes de dejar el poder. De modo que el gobierno porteño también convalida esa extensión.

Ni Ibarra ni Macri exigieron a Lotería una participación en el control de lo que cobran los casinos. Esa negligencia es más grave porque también Lotería está a ciegas. En vez de instalar un centro de cómputos que informe sobre lo que se juega en tragamonedas y paños, el Estado confía en las declaraciones de las propias empresas. Cada vez que legisladores porteños han pedido informes acerca de lo que colecta López, el otro López, indignado, contesta que la Ciudad no tiene por qué saberlo. Macri tampoco pidió incorporar ese derecho de vigilancia en el pacto que se discutirá hoy.

Si Lotería y la Ciudad no están en condiciones de determinar cuáles son los ingresos brutos de las compañías de López, menos podrán calcular sus ingresos netos. ¿Cuáles son los gastos que se pueden deducir de la recaudación? El arreglo no lo dice. ¿Quién los va a auditar? Tampoco hay precisiones. Por lo tanto, cualquier algarabía del oficialismo porteño cifrada en el aumento del canon es, en el mejor de los casos, hipotética. Hoy nadie está en condiciones de decir siquiera cuántas máquinas funcionan en Palermo. Otro triunfo de la política sobre las corporaciones.

El pacto de las tragamonedas fue negociado por Federico Achával, álter ego de Cristóbal López en Palermo, y Nicolás Caputo, el socio de Macri, que carece de funciones en el gobierno porteño. Caputo y Achával mantienen una vieja relación y tienen en común planes también en Pilar, donde desarrolla sus negocios César Mansilla, agente de prensa de López e íntimo del intendente Martín Zúccaro. El grupo podría promover al hijo de Achával, también Federico, de la Secretaría de Gobierno a la intendencia. Y tal vez conseguir la ampliación del Bingo Pilar, el más glamoroso del país. Achával Jr. milita en el Frente para la Victoria del Tortugas Country Club, Caputo es vicepresidente de Pro y Mansilla es consultor de Hermes Binner y Martín Insaurralde. Se va imponiendo la “cultura del encuentro”, como quieren los obispos.

No debe sorprender que López haya sacado beneficios inusuales de su negociación con el macrismo: por algo lo llaman “el zar del juego”. Hoy, la Legislatura aprobaría, en principio, el convenio. El encargado de controlar el proceso sería el neo-ex-kirchnerista Diego Kravetz. No es una votación compleja. Alcanza con la mayoría simple de los presentes. Hay 30 diputados para los cuales será la última sesión. Dejan sus bancas.

Para López, la indulgencia porteña es muy valiosa. Obediente al imperativo kirchnerista en favor de los pueblos originarios, compró una sala de juegos a los indios seminoles de Miami. Evalúa radicar su holding en los Estados Unidos y la exención impositiva mejora el precio de todos los activos. López aspira a cambiar su imagen dedicándose al petróleo.

El contrato del juego mejora los argumentos de los que sospechan que el jefe de gobierno es el sucesor con que sueña la Presidenta. Con “la derecha” en primer plano, ella puede ser “de izquierda” con poco sacrificio. Además, Macri demuestra que está dispuesto a no curiosear en relaciones poco edificantes de sus predecesores. Ya se hizo amigo de López. Su primo, Angelo Calcaterra, comparte contratos con Lázaro Báez. Su socio Caputo disfruta, con su empresa Mirgor, del paraíso fiscal de Tierra del Fuego. Y, para dejar a todos tranquilos, entregó a la ex SIDE la banca de Pro en la comisión bicameral que la controla, al designar a una amiga de Francisco Larcher, Silvia Majdalani.

Cristina Kirchner podrá presentar el entendimiento con Macri como otra demostración de su repentino arrebato de concordia. Mañana también está previsto que Jorge Capitanich reciba a José Manuel de la Sota. Obligado a ceder a la policía una mejora salarial muy generosa, De la Sota necesita más que antes de los fondos que le adeuda la Nación. ¿Exigirá también explicaciones? El gobierno provincial está saturado de hipótesis conspirativas sobre la convulsión del martes. Casi todas apuntan a Carlos Zannini y al jefe de su aparato de inteligencia: el general cordobés César Milani, que controla una base poderosa en la provincia. La falta de diálogo alimenta estas fantasías persecutorias: la Presidenta está convencida de que, en alguna reunión de gobernadores, De la Sota se ofreció como posible sucesor, surgido de una Asamblea Legislativa convocada en medio de una crisis.

Capitanich se hace cargo del desafío cordobés, mientras la señora de Kirchner sigue cultivando un pacifismo bergogliano. Con la excusa de los 30 años de democracia, recibirá a sus antecesores Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde, en una precavida puesta en valor del rol de ex presidente. Justo ahora que ella está por ingresar al club. Un reconocimiento a los que pasaron. Una insinuación a los que están por venir.

Fuente consultada: La Nación

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