El Gobierno rescindiría concesiones de peajes bonaerenses de Cristóbal López

El Gobierno rescindiría concesiones de peajes bonaerenses de Cristóbal López

(PBA) Las deudas de Cristóbal López con el Estado se acumulan y aumentan. Mientras que intenta conseguir una moratoria que ya fue rechazada por la AFIP, para pagar parte de los $ 8.000 millones que no tributó durante el gobierno de Cristina Kirchner con su empresa Oil Combustibles, tiene otro frente abierto con Vialidad Nacional que le reclama un saldo de casi $ 500 millones por los fondos correspondientes al Recurso de Afectación Específica (RAE), una tasa que deben pagar las concesionarias del dinero abonado en las los peajes de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. El empresario interpuso una medida cautelar para evitar que la actual gestión le rescinda el contrato que buscó garantizarle el gobierno kirchnerista antes de dejar la Casa Rosada.

Cuando las aguas parecían calmarse, un nuevo enfrentamiento se reavivó entre el Estado y AECSA -firma donde Esuvial es dueña en el 70 % de las acciones, esta empresa está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Carlos De Sousa en el restante 0,08%. La sociedad es la responsable de la concesión de las autopistas Riccheri y Ezeiza – Cañuelas, y arrastra una antigua y millonaria deuda que se niega a pagar.

López, investigado por defraudación al Estado, adeuda a la fecha a Vialidad Nacional $ 355.840.821 de capital y $ 119.214.090 de intereses, lo que arroja un valor de $ 475.054.911. La firma sostiene, sin embargo, que el Estado también tiene una deuda con ellos, por los años que no le permitieron modificar la tarifa del peaje. Esto está bajo análisis para ver qué camino se toma y poder darle una solución.

Al inicio de este año y bajo la nueva gestión de la Dirección de Vialidad Nacional a cargo de Javier Iguacel, la empresa de López comenzó a pagar el RAE correspondiente al 2016, pero no reconoce la deuda anterior que el organismo vial está dispuesto a cobrar. El dinero debía destinarse a obras viales en las autopistas cuya concesión tiene la firma que maneja el empresario investigado por los $ 8.000 millones que no tributó ante la AFIP correspondientes al impuesto al combustible.

Vialidad Nacional insiste en que corresponde que Cristóbal López “cancele la deuda” en la que “el Estado tampoco cumplió en exigirle el pago de la misma durante años”, indicaron fuentes oficiales.

La disputa es aún mayor. La anterior gestión firmó una extensión del contrato por los próximos 30 años a favor del “zar del juego”. Previo al 10 de diciembre sólo Gustavo Gentilli ex director del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) logró firmarlo, no así las autoridades de Vialidad Nacional.

La actual gestión decidió no firmar este contrato y no aceptará otorgar por tres décadas más la concesión a la firma de López. “Extendiendo por esa cantidad de años la concesión, además de pagar la deuda que el Estado tiene con la empresa, se le estarían dando $ 5.000 millones más”, explicaron fuentes oficiales.

No está previsto un llamado a concurso en el corto plazo, ya que el contrato original tiene vigencia hasta marzo de 2021, pero el empresario K anticipándose a futuras decisiones, interpuso una medida cautelar para evitar que DVN le rescinda el contrato de concesión sobre las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. También presentó un recurso administrativo contra el organismo vial sosteniendo que no correspondía “rechazar la firma del contrato que se concretó durante la anterior gestión”, que le garantizaba el negocio por 30 años más.

S.C.