Buenos Aires, 22/11/2017, edición Nº 1834

El gobierno porteño vetó una ley que combate la ludopatía

La norma crea un Registro de Autoexclusión para jugadores compulsivos. Su autor, el diputado porteño Daniel Amoroso, cuestionó con dureza la decisión oficial, que ya fue formalmente comunicada a la Legislatura de la Ciudad. La ley, sancionada en diciembre, elaborada por el diputado Daniel Amoroso, establecía un mecanismo de autoexclusión de ingreso a  las salas de juego y apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de “contribuir...

La norma crea un Registro de Autoexclusión para jugadores compulsivos. Su autor, el diputado porteño Daniel Amoroso, cuestionó con dureza la decisión oficial, que ya fue formalmente comunicada a la Legislatura de la Ciudad.

La ley, sancionada en diciembre, elaborada por el diputado Daniel Amoroso, establecía un mecanismo de autoexclusión de ingreso a  las salas de juego y apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de “contribuir a la prevención y tratamiento de la ludopatía”.

Ante el decreto del Poder Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la Argentina (ALEARA) rechazó en duros términos el veto a esta ley, y afirmó que esa medida es “arbitraria, incoherente y no tiene fundamentos sólidos”.

“Estamos asombrados por un veto que demuestra una enorme arbitrariedad y un gran desconocimiento en la materia por parte del Gobierno de la Ciudad. Esta ley es una herramienta que se usa con éxito en numerosos países del mundo, como Chile, Canadá, Uruguay, Australia, Sudáfrica y varios Estados de los EE.UU.”, aseguró el secretario general de ALEARA, Mariano Zeiss.

“¿El jefe de Gobierno lo hace por incoherente o por interés? En los fundamentos del veto no aparece ningún argumento sólido. Nos queda pensar que persigue algún interés sobre el tema”, dijo el secretario general de ALEARA.

Zeiss mostró también su sorpresa porque “el Instituto de Juego de la Ciudad, y por ende los funcionarios designados por el propio jefe de Gobierno, vienen trabajando y desarrollando políticas para prevenir la ludopatía, pero con este veto se da un gigantesco paso hacia atrás”.

“La ley establece un sistema voluntario de exclusión y ayuda a prevenir la ludopatía. Pero el Ejecutivo, basándose en fundamentos incorrectos e inconsistentes, la vetó sin analizarla debidamente. En la Ley se plantea un sistema de autoexclusión personal, sin que sea necesaria intervención judicial alguna, como equivocadamente analiza el decreto del veto. No interviene la Justicia, para nada. Se ha malinterpretado todo el concepto de la ley”, agregó.

“Decimos que se ha actuado con desconocimiento y con un alto grado de incoherencia, porque el propio Instituto de Juego de la Ciudad venía reclamando en distintos foros y congresos una ley de estas características. En virtud de lo que ha ocurrido, vamos a solicitar a todos los legisladores de la Ciudad que insistan con la sanción de esta Ley, que hace poco más de un mes fue aprobada por una amplia mayoría”, subrayó el secretario general de ALEARA.

En el articulado de la norma, se establecía que esta autoexclusión debía implicar la “prohibición de acceso a las salas de juego y apuestas” de las personas afectadas por ludopatía, “mediante la inscripción voluntaria en un registro administrado por la autoridad de aplicación”.

Se señalaba también que en ese Registro debían especificarse los datos de la persona a la cual debía negarse el acceso a las salas de juego, como por ejemplo nombre y apellido, sexo, número de DNI o Pasaporte, fotografía actualizada, nacionalidad, dirección y motivo de la prohibición, entre otros.

Además, se establecía la posibilidad de que un tercero, por ejemplo un familiar, “reforzara” con su firma esa autoexclusión para que a la persona afectada por la ludopatía se le impidiera el ingreso a las salas de juego.

En los fundamentos de la ley, se señalaba que este Registro buscaba “hacer efectiva la limitación de entrada a determinadas personas” a las salas de juego “por petición propia”.

“Con esta iniciativa -se señalaba en los fundamentos- se pretende disminuir de manera significativa una gran cantidad de costos sociales generados por el juego descontrolado, entre ellos la comisión de delitos, los altos costos por pérdidas en los negocios y el empleo, así como también las crecientes quiebras, bancarrotas, suicidios, enfermedades y costos regulatorios directos afrontados por el gobierno”

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