Buenos Aires, 12/12/2017, edición Nº 1854

El Gobierno porteño apelará el fallo que suspendió el aborto no punible

Lo anunció la vicejefa María Eugenia Vidal en conferencia de prensa. La intervención médica a una mujer que había sido violada se practicaría hoy, según dio a conocer el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri la semana pasada, pero un amparo judicial impidió que se los médicos del Hospital Ramos Mejía concretaran la operación. (Ciudad de Buenos Aires) El gobierno de la Ciudad decidió apelar el fallo que suspendió el...

Lo anunció la vicejefa María Eugenia Vidal en conferencia de prensa. La intervención médica a una mujer que había sido violada se practicaría hoy, según dio a conocer el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri la semana pasada, pero un amparo judicial impidió que se los médicos del Hospital Ramos Mejía concretaran la operación.

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(Ciudad de Buenos Aires) El gobierno de la Ciudad decidió apelar el fallo que suspendió el primer aborto no punible que se le iba a practicar a una joven en el Hospital Ramos Mejía y que fue frenado por un recurso de amparo que interpusieron los abogados de una organización que defiende los “derechos del niño por nacer”.

Según adelantaron, el anuncio de los pasos a seguir por parte del gobierno porteño será realizado por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, durante una rueda de prensa.

En tanto, legisladoras y comuneras de partidos de la oposición habían afirmado que presentarían mañana una serie de denuncias contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por “violar los deberes de funcionario público”.

En el día de hoy se llevaría a cabo la operación a una mujer de 32 años, cuyo caso pasó por todas las instancias legales y fue finalmente aprobado, ya que se trata de una víctima de violación y trata de personas, y se encuentra dentro de los plazos permitidos de gestación.

“De acuerdo al derecho civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído”, puntualizó Pedro Andereguen, abogado de la Asociación Pro Familia. En tanto, consideró que “no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo” y añadió que desde la asociación que representa “sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social”.

La joven tiene 32 años y fue violada cuando era víctima de una red de trata de personas.

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