Críticas por derecha e izquierda a la reglamentación del aborto no punible

La reglamentación del aborto no punible, que en la ciudad de Buenos Aires plantea mayores requisitos que los recomendados por la Corte Suprema y adoptados por otras provincias, fue considerado “un retroceso” por sectores de la oposición porteña, mientras que el cardenal Bergoglio, en nombre de la Iglesia católica, consideró “lamentable” que se haya hecho la reglamentación, más allá de los términos en los que fue planteada.

(Ciudad de Buenos Aires) El Gobierno porteño dio a conocer este lunes la reglamentación del procedimiento que, en el ámbito de la Ciudad, permitirá practicar un aborto en casos de violación o abuso. A diferencia de varios gobiernos provinciales, el PRO impuso una serie de requisitos que amplían los establecidos por la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año.

La legisladora ibarrista María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, criticó la resolución del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerarla un “grave retroceso” y un “instrumento para obstaculizar” la realización de abortos no punibles.

Por la contraria, pero también duro con el macrismo, el cardenal Jorge Bergoglio advirtió hoy que es “lamentable” la decisión del gobierno de Mauricio Macri de reglamentar el protocolo que habilita los abortos no punibles en la Ciudad.  “El aborto nunca es una solución”, aseveró el cura, citando un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, y agregó: “Al hablar de una madre embarazada hablamos de dos vidas, ambas deben ser preservadas y respetadas pues la vida es de un valor absoluto”, agregó en base al mismo texto episcopal.

Para Naddeo, en cambio, la resolución que se conoció hoy limita las intervenciones en caso de violación al límite gestacional de 12 semanas, con lo cual restringe “muchísimo” la posibilidad de la práctica del aborto.

Por su parte, la legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón consideró que “llama la atención, que luego de no haber llegado a un acuerdo entre los diputados de su propio bloque durante el tratamiento de los proyectos en comisión, ahora haya dictado una resolución del Ministerio de salud, que es más restrictiva que el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Según establece la Resolución ministerial, se pedirá una declaración jurada o denuncia policial envíos casos de violación. Los menores y discapacitados tendrán que informar a sus padres y se pondrá como límite 12 semanas de gestación para el procedimiento. La resolución 1252 fue firmada el jueves por el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus.