Buenos Aires, 25/09/2017, edición Nº 1776

Confirman fallo que obliga a la Ciudad a bajar el ruido en la autopista 25 de Mayo

La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.

Nora Sánchez

(CABA) El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.

La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.

“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.

El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.

“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.

A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.

Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.

El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.

Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.

Pedro BarragánFuente: Clarín

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