Buenos Aires, 29/03/2024, edición Nº 4153
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Concursos fraudulentos en la Universidad de Buenos Aires

El profesor de Derecho Sergio Di Gioia denunció penalmente por “falsedad ideológica” a la Secretaría Académica y a tres jurados, por fraguar documentos en beneficio de dos funcionarios de la UBA.

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(CABA) La Izquierda Diario le realizó una entrevista al profesor Sergio Di Gioia, quien presentó la denuncia penal y la impugnación administrativa contra la irregular selección de titulares de cátedra.

¿En qué fecha se realizó el concurso?

– El Concurso en cuestión tiene una larga historia, fue llamado en el año 2003, estuvo extraviado durante 10 años y gracias a la gestión de algunos profesores –entre los que me incluyo- fue rescatado de un archivo del Rectorado de la UBA, donde había quedado traspapelado. Gracias a esa gestión, en el 2013 se llamó a actualizar antecedentes y en el 2014 a rendir la prueba de oposición y la entrevista personal que prevé el Reglamento de Concursos. Esa prueba se realizó el 20 de Abril de 2014.

¿Se respetaron las formalidades en el mismo?

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– Claramente no. Digamos que si empezamos por una vergonzosa demora de más de 10 años entre que se convoca y se llama a la prueba de oposición, el expediente erróneamente archivado en un armario y las irregularidades del acto de apertura de la prueba de oposición y por la posterior arbitrariedad del jurado interviniente, me parece que la respuesta es negativa.

¿Cómo se entera de la manipulación de documentos?

– En realidad, el delito que la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, a instancias de mi denuncia y del requerimiento de instrucción del Fiscal Federico Delgado, se encuentra investigando, es el de ‘falsedad ideológica’.

El mismo está contemplado en el art. 293 del Código Penal de la Nación, y establece penas privativas de la libertad, que van de 1 a 6 años, al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, y que se agravan, según el art. 298 del mismo Código, cuando los delitos aludidos fueran ejecutados por un funcionario público, caso en el cual además de la pena se le aplica una inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena.

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La primera anomalía se desprende del acta de apertura de la prueba de oposición del 20/4/2016, en la cual se oculta que uno de los candidatos no estaba presente en el recinto, incluyéndoselo como presente en el acta, en lo que configura una clara falsedad en dicho documento.

Además en el dictamen del jurado, donde evalúa las aptitudes de los aspirantes, se asignó a otro candidato un cargo de Profesor Titular que no poseía, es decir, se le atribuía un antecedente falso, en perjuicio de los demás concursantes.

Lo llamativo es que estos desatinos e irregularidades se configuraron curiosamente en beneficio de dos funcionarios, uno de nuestra Facultad y otro del CBC de la UBA.

Y luego, al revisar el dictamen ampliatorio que debió realizar el jurado ante mi impugnación, advierto graves irregularidades eventualmente constitutivas de nuevas ‘falsedades ideológicas’, que también son denunciadas en el expediente del Fuero Federal en lo Criminal y Correccional.

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Sergio Di Gioia

Sergio Di Gioia

¿Quiénes designan y aprueban los jurados?

– Tal como lo dispone el Reglamento General de Concursos de la UBA , los jurados son propuestos por la Unidad Académica que propone el Concurso ( en este caso nuestra Facultad) y se aprueban por el Consejo Superior. Esas son las competencias respectivas.

¿Quiénes firmaron el acta de apertura de la prueba de oposición y quienes firmaron el dictamen?

– El acta de apertura fue suscripta por la secretaria académica de la Facultad de Derecho y por los tres jurados del Concurso. El dictamen aludido solo por parte del jurado.

¿Quiénes son los encargados de aprobar las actas?

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– No se trata estrictamente de una aprobación. Una vez concluida la prueba de oposición y la entrevista personal, y confeccionado el dictamen del jurado, y una vez presentadas las impugnaciones a dicho dictamen por parte de los candidatos, luego contestadas en un dictamen ampliatorio, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho analiza la propuesta del orden de mérito del jurado, las impugnaciones de los candidatos y resuelve al respecto.

¿Considera que las autoridades están involucradas?

– Eso deberá determinarlo la Justicia, y para eso he presentado mi denuncia ante la misma.

¿Conoce a quién designaron para el cargo?

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– No ha habido designaciones porque el expediente se encuentra impugnado administrativa y penalmente.

El dictamen es público, pero no es tan relevante a quienes propusieron para los cargos concursados sino el cúmulo de irregularidades, vicios de forma y de procedimiento, y arbitrariedades cometidas en el desarrollo del concurso, que perjudicaron a los demás aspirantes, entre los que me incluyo, y que habilitaron reglamentariamente las impugnaciones formuladas.

Lo más llamativo, es la parcialidad exhibida en ventaja de funcionarios de la UBA, y que a mi juicio, deberían tener vedada su participación en los concursos docentes mientras permanezcan como funcionarios, y que se presentaron en dicho concurso. Lo ideal sería que en todo caso, se abstengan de participar o renuncien a sus cargos si quieren competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes que, obviamente, no somos funcionarios ni de la Facultad ni de la Universidad.

Y también es preocupante, y atenta contra la recta conducta que debe caracterizar a los funcionarios de la Universidad, que alguna autoridad de la Facultad o miembros de un jurado académico puedan incurrir en hechos tan graves como los que se están Juzgando en sede Penal.

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¿Qué reclamos realizó dentro de la institución? ¿Qué respuesta obtuvo ante los mismos?

– El primer reclamo fue mi impugnación del dictamen del jurado, que desconoció antecedentes fundamentales de los candidatos, violó el Reglamento General de Concursos de la UBA y el Reglamento Especial de nuestra Facultad, y concluyó en una propuesta plagada de arbitrariedad y parcialidad manifiesta.

Si bien obtuve una votación dividida. el Consejo Directivo- por mayoría del 60% contra el 40%,-. decidió rechazar mi impugnación – a la que ni siquiera consideró- y aprobó la propuesta realizada por el jurado interviniente.

Recurrí dicha resolución del CD ante el Consejo Superior de la UBA, lugar donde se hallaba el expediente cuando fue requerido por la Justicia Penal.

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¿En qué estado se encuentra la causa?

– El Fiscal Federal, Federico Delgado, requirió al Juez interviniente que instruya el sumario dado que observó hechos sospechosos que podrían configurar, en forma reiterada, las figuras antijurídicas denunciadas, y propuso distintas medidas probatorias que fueron ordenadas por el Tribunal y se fueron cumplimentando.

Si bien aún no he sido notificado formalmente, con fecha 18/10/2016, el diario Clarín informó que el Fiscal habría pedido el llamado a declaración indagatoria de la secretaria académica, de los tres jurados y de un concursante, por su eventual responsabilidad en los hechos ilícitos previstos por los art. 293 y 298 del Código Penal (Falsificación ideológica agravada por la condición de funcionario público).

¿Cuáles son los motivos por los cuáles considera que realizaron fraude contra usted en el concurso?

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– Las anomalías e ilicitudes denunciadas no fueron exclusivamente en mi contra, perjudicaron a los demás concursantes, y sobre todo resquebrajaron la confianza en uno de los mecanismos fundamentales que surgieron de la Reforma Universitaria de 1918, el de la renovación de las Cátedras y cargos docentes mediante concursos públicos y transparentes con jurados imparciales que no se presten a manejos amañados y que mucho menos incurran en conductas que no solo pueden resultar contrarias a derecho sino claramente alejadas de la ética universitaria.

La difusión de estos hechos – que lamentablemente son más usuales de lo que se conoce- debería servir para reencauzar dicho procedimiento.

S.C.

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